Que un Matkovic o un Quispe manejen una empresa estatal no es el problema. Lo lacerante es saber qué se quiere hacer con ella.
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Estamos en crisis: una acción unilateral y sesgada puede agravarla y llevar a su explosión.
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Este discurso no constituye simplemente un llamado al orden. Es la construcción deliberada de un enemigo absoluto cuya eliminación política y judicial aparece presentada como un acto moral y patriótico.
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Bolivia vive una crisis que el gobierno de Rodrigo Paz usa como excusa para imponer reformas neoliberales: devaluación, tarifazos, endeudamiento externo y apertura a privados. Mientras el pueblo sufre colas y represión, se privatiza de facto. La salida no es el mercado, sino soberanía y organización popular.
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La tarea de las organizaciones populares consiste precisamente en romper esa cortina de humo, hacer visibles las reformas estructurales y movilizar la conciencia colectiva para defender un proyecto nacional basado en la soberanía, la justicia social y el protagonismo del pueblo.
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Entonces no se trata de “bajar línea” ni “elaborar una agenda” para un sujeto social que sabe lo que busca, que tiene su propia visión del mundo, de las cosas y su rol histórico. Ningún tipo de adversidad, extorsión, cooptación y traición ha logrado doblegar su carácter rebelde.
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La dependencia del dólar y la renuncia al papel estratégico del Estado profundizan el modelo neoliberal y benefician a grupos económicos, mientras el pueblo paga la factura.
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Si pensamos que la minería puede ser el futuro de Bolivia, hay que hacer un cambio de política: la minería, fuente de divisas para el país, mediante su industrialización será la base para nuestra autonomía productiva. Así entendemos la soberanía sobre nuestros recursos naturales.
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