El colapso del sistema de partidos en Bolivia permitió gobiernos autócratas sin programa político, al servicio del FMI y de intereses transnacionales. La falta de oposición real y la desatención a demandas populares evidencian un poder centrado en figuras autoritarias, donde prevalece el racismo y la improvisación neoliberal.
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La crisis de Estado que hoy vivimos en Bolivia comenzó allá por el año 2000, con la Guerra del Agua. Hubo un periodo de relativa calma entre 2009 y 2019, pero después se fueron incubando situaciones que hoy se muestran de manera descarnada. Nos encontramos ante un momento que exige,
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Quien gobierna tiene la responsabilidad de conducir. Porque no basta con decir que el país está quebrado.
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El gobierno “aparapita” es un collage de parches políticos sin ideología clara, atrapado en remiendos neoliberales, desigualdad y sin alianzas sociales, frente a una sociedad diversa que exige respuestas reales.
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Mientras el gobierno miente sobre el número de asistentes, y financiamiento, la realidad es que el pueblo se autoconvocó con la fuerza de la militancia y la convicción.
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Se justifica este tipo de proyectos con el discurso de «desarrollo», pero en la práctica el beneficio suele concentrarse en constructoras, inmobiliarias y actores privados, rompiendo la planificación urbana y del derecho ciudadano a un ambiente sano.
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En la política boliviana actual, esta reflexión señala un problema muy concreto: la tendencia a que los proyectos políticos dependan de líderes fuertes, en lugar de construirse sobre estructuras colectivas.
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Mientras tanto – los sectores populares urbanos y rurales— sigue esperando respuestas concretas. La gasolina adulterada, la inflación silenciosa y la tierra avasallada son síntomas de un modelo que ha perdido toda brújula ética.
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