El uso de la fuerza pública del Estado para asesinar al pueblo es el límite de la democracia. El principio del “uso legítimo de la fuerza” que se atribuye el Estado, en realidad es la libre disponibilidad, para reprimir y masacrar al pueblo a quién deberían proteger.
Estas masacres amparadas en la ley, son una costumbre “democrática” en América Latina, gobiernos de turno que imponen políticas empobrecedoras para unos y de grandes fortunas para otros.
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