Se va haciendo común en los discursos de Rodrigo Paz Pereira calificar a los movilizados de «narcoterroristas», aludiendo al mismo tiempo al propio Evo Morales. Paz repite esa frase: «Lo que sí no voy a dejar pasar es el narcoterrorismo. Sepan ustedes, lo he dicho en su momento, que sus días están contados».
A todo ello se sumaron las declaraciones de Marco Rubio, quien de forma atrevida dijo: «No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio». Los medios de comunicación corporativos, como es su lógica, replicaron esta declaración sin contraste, cuestionamiento ni contexto alguno, lo que constituye una falta de ética y una deshonestidad periodística flagrante.
Este discurso no es casual. Coincide con el reingreso de la DEA que, junto a otras siete organizaciones, ya opera en Bolivia y sobrevuela distintos territorios en tareas de vigilancia y recolección de datos para la elaboración de un nuevo plan de «lucha contra las drogas».
Cualquiera que observe de cerca el conflicto podría dar fe de que ni la dirigencia de la COB ni la de la Túpac Katari en La Paz muestran prueba alguna de estar vinculadas al narcotráfico o de recibir apoyo para sus movilizaciones. La acusación de Paz y de sus ministros sobrepasa los niveles de la especulación y la mentira.
Conociendo la trayectoria de ambos dirigentes —Mario Argollo y Vicente Salazar—, el primero es minero proveniente de Huanuni, nunca tuvo relación con la dirigencia del Trópico ni mucho menos con Evo Morales, a quien recientemente calificó de ambicioso del poder. De igual manera, el dirigente de la Túpac, fiel a las decisiones de las bases, jamás ha tenido vinculaciones con el narcotráfico. De ahí que en las movilizaciones con bloqueos en El Alto y las provincias del departamento de La Paz no se haya comprobado que sus bases recibieran estipendios provenientes de esa actividad.
Paz Pereira no conoce la verdadera historia de su padre en los años setenta, probablemente porque era muy niño. Sin embargo, nos imaginamos que sus parientes le habrán refrescado la memoria sobre finales de los ochenta, cuando Paz Zamora ya era presidente, y sobre sus serias implicaciones con el narcotráfico.
La memoria histórica debe ser siempre el espejo donde veamos el retrato del pasado inmediato, que nos devela los hechos, visibiliza a sus actores y desdobla las implicaciones que tuvieron a lo largo de la historia.
Paz Pereira debería conocer a fondo que su padre, Jaime Paz Zamora —más conocido como «El Gallo»— llegó a la política gracias a esa democracia pactada del siglo anterior y al dictador Banzer de los años setenta. Paz Zamora cruzó ríos de sangre al pactar con quien masacró a muchos dirigentes del MIR en los ochenta.
Pero lo más llamativo de este gobierno —que tenemos que relacionar con las expresiones recientes de su hijo Rodrigo Paz Pereira— es ver otra vez a Jaime Paz haciéndonos volver a la historia del siglo anterior, cuando su partido se vio envuelto en uno de los escándalos más grandes del narcotráfico y su principal ideólogo purgó la pena que le impuso la ley.
Al MIR de Paz Zamora no le gustó la acusación sobre «narco vínculos». La Cámara de Diputados encontró indicios de culpabilidad por encubrimiento y, en una resolución, dispuso el juicio de Óscar Eid y la investigación de las hermanas de Paz Zamora, de su exministro Samuel Doria Medina, y de Hugo Muñoz Leaño, Jorge Méndez, Edgar Fernández Lazcano, entre otros.
Fue también en ese periodo que conocimos a grandes personajes como Isaac «Oso» Chavarría y Carmelo «Meco» Domínguez, quienes involucraron a Jaime Paz Zamora y a otros dirigentes miristas, entre ellos Óscar Eid Franco.
«Jodidos, jodidos estamos todos», fue una de las frases de Eid Franco durante una conversación grabada que sostuvo con el testigo «clave» en los narco vínculos, Edgar Fernández Lazcano, a fines de 1994. Esa cinta llegó, de manera misteriosa, a manos del entonces comandante de la FELCN, general Renato López Leytón.
Como producto de ese escándalo, Eid fue apresado y condenado a cuatro años de cárcel por encubrimiento a un narcotraficante. En enero de 1996, el gobierno de Estados Unidos retiró la visa de ingreso a Jaime Paz Zamora y a su más estrecho colaborador, Carlos Saavedra, exministro del Interior de su gobierno.
En 1995 estalló el caso más grande de nuestra historia: el «narcoavión». Un viejo carguero DC6-B boliviano fue interceptado en Lima llevando 4,1 toneladas de cocaína, cuyo destino final era México. La droga estaba valuada en más de 100 millones de dólares en el mercado estadounidense. Luis Amado Pacheco Abraham, alias «Barbaschocas», estuvo involucrado en ese hecho y fue condenado a 13 años de cárcel.
Inexplicablemente, el avión no fue detenido en La Paz. La ineficiencia —y algo más— de la FELCN y de la DEA norteamericana provocaron una crisis, la destitución de autoridades de la FELCN y una mancha de supuesta protección desde el ministerio de Gobierno a cargo de Carlos Sánchez Berzaín.
En el contexto actual que compromete al gobierno de Paz Pereira, se decomisaron 108 toneladas de droga impregnada en cargamentos de madera procedentes de Bolivia, en un operativo realizado por autoridades chilenas en el puerto de Arica, Chile. El decomiso, considerado el más grande registrado en la historia de Chile, asestó un golpe estimado en 8.300 millones de dólares a las estructuras criminales dedicadas al tráfico de sustancias controladas.
La operación se ejecutó entre la Fiscalía Regional, la Policía Marítima y el Servicio Nacional de Aduanas en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso, después de seis meses de investigación. La droga estaba en 45 contenedores que iban a ser enviados a más de 14 puertos alrededor del mundo, principalmente en Europa, Estados Unidos y Oceanía.
En estos días, Jorge «Tuto» Quiroga, en conferencia de prensa y en sus redes sociales, calificó el caso como una «enorme vergüenza nacional» y aseguró que el hallazgo refleja la capacidad de operación de redes vinculadas al narcotráfico dentro del país.
Quiroga señaló que, mientras varias regiones enfrentan dificultades por los bloqueos y problemas de abastecimiento, grandes volúmenes de mercancía vinculada a actividades ilícitas logran atravesar rutas nacionales y llegar a mercados internacionales.
Este es ya otro bullado caso, bautizado como «narcomaderas», que comprometerá el futuro político de Rodrigo Paz. Porque ni él ni sus ministros han dado respuesta satisfactoria a quienes exigen esclarecer cómo se enviaron esas cargas hasta Chile.
Los analistas han agotado sus análisis por su relación con el caso «narcomaletas». La clase media urbana, seguidora del gobierno, se queda perpleja. Algunos periodistas prefieren callarse y otros se inventan relatos sin justificación, regodeándose en la incompetencia de Paz y su gobierno. La pregunta sigue flotando en el aire: ¿Cuándo saldrá la verdad de los hechos?
Luis Camilo Romero, comunicador boliviano para América Latina y el Caribe
