La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) expresaron su profunda preocupación ante el riesgo de impunidad en los casos de las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas en Bolivia en 2019, tras la reciente anulación de los procesos judiciales contra policías y militares implicados.
Mediante un comunicado conjunto, los organismos internacionales alertaron sobre las decisiones adoptadas por el Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y el Tribunal Primero de Sacaba, que declararon nulos los expedientes por incompetencia en la materia. Estas resoluciones, ratificadas posteriormente por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz, podrían obstaculizar significativamente el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.
Las masacres de Senkata y Sacaba, en las que al menos 20 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas por el uso excesivo de la fuerza en operativos conjuntos de policías y militares, fueron documentadas en su momento por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y por una misión de ONU Derechos Humanos. Ambos informes concluyeron que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y recomendaron investigaciones prontas, imparciales y efectivas.
La CIDH y ONU Derechos Humanos subrayaron que la anulación de lo actuado representa un retroceso en el cumplimiento de las obligaciones del Estado boliviano de investigar, sancionar y reparar a las víctimas, así como una revictimización de quienes exigen justicia. Además, advirtieron que estas decisiones judiciales constituyen un serio obstáculo para la implementación de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Entre las recomendaciones incumplidas se encuentran las del GIEI-Bolivia, que insistió en la necesidad de “combatir la impunidad y garantizar condiciones adecuadas para que el sistema de administración de justicia actúe con independencia y transparencia”. Asimismo, el informe de ONU Derechos Humanos de 2020 había urgido al Estado a realizar investigaciones exhaustivas y proveer reparación integral a las víctimas.
Ambas instancias hicieron un llamado a las instituciones bolivianas para que eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad y adopten las medidas necesarias para remediar esta situación, en consonancia con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia ya se había manifestado previamente sobre el riesgo de que estas decisiones judiciales dejen en la impunidad graves crímenes y vulneren el derecho a la justicia.
La CIDH y ONU Derechos Humanos reiteraron su disposición para continuar acompañando los procesos de justicia transicional y garantía de derechos humanos en el país, e instaron al Estado a retomar el camino de la verdad, la justicia y la reparación.
Fuente: CIDH – ONU
