Agosto escribe para la memoria histórica varios hechos simbólicos en las luchas del pueblo por recuperar su dignidad e identidad. Por un lado, el retrato de la Marcha por la Dignidad y el Territorio en 1990 y la resistencia dura frente al golpe de Estado de Hugo Banzer el 21 de agosto de 1971.
No son hechos aislados, René Zavaleta, al indagar los efectos del bloqueo campesino en noviembre de 1979, que revirtió el golpe de Estado de Alberto Natusch, enfatizaba: ‘La autodeterminación de las masas opera como una mediación insoslayable para localizar a la democracia como horizonte de lucha’. En consecuencia, otorgaba un contenido político a las movilizaciones populares.
En 1985, el Ajuste Estructural llega de la mano del viejo MNR, un partido que enarboló consignas revolucionarias, que ya se encontraban, como demandas en los movimientos sociales de la época como los campesinos, fabriles y mineros “Minas al Estado y tierras al indio” formaban parte del imaginario revolucionario, que se fue construyendo desde las cálidas tierras del Chaco. “La guerra del Chaco, con su absurdo carácter de duelo multitudinario entre soldados desnudos, es el fenómeno a partir del cual comienzan la conciencia y la rebelión de las clases nacionales”i nos dice René Zavaleta. Y es que hasta entonces los patrones de hacienda y los dueños de las minas decidían el destino de Bolivia.
Lunes 10 de agosto, la autoproclamada Jeaninne Añez amanece con el ojo en tinta. Sus invocaciones a la paz y a la concordia, junto a los pedidos de diálogo como parte de su campaña electoral, ya no resultan creíbles ni siquiera para sus ex compinches de la aventura golpista de noviembre pasado. A la reunión convocatoria al diálogo no asistieron los principales interlocutores; apenas, si, un grupo de insignes desconocidos que, además, aprovecharon la ocasión para cantarle verdades que no le gustaron para nada. En suma, el diálogo con el gobierno de facto está en fojas cero; y para salir del incómodo atolladero, la señora candidata ha pedido conformar una “comisión para el diálogo”.
En Bolivia las fuerzas paramilitares se adueñan de las ciudades del eje central. Tratan de repetir su hazaña de octubre y noviembre del año 2019. Esta es la señal inequívoca que no existe gobierno, ni Estado de derecho.
La acumulación de equívocos en la gestión de la crisis política y de salud, ha debilitado al gobierno de facto, de tal manera que sus propios promotores ahora le cuestionan; “¿Cómo debo llamarla presidenta o candidata? porque no hay gobierno”, así preguntó una representante de un partido político de la derecha boliviana.
El gobierno de facto ha optado por la línea dura de la represión indiscriminada para romper la voluntad del pueblo boliviano, movilizado en las ciudades y en los campos tras sus demandas de democracia, salud, educación y empleo. Fuerzas combinadas de las Fuerzas Armadas, la Policía y grupos paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala, pertrechados desde el ministerio de Gobierno, atacan diferentes puntos del bloqueo popular. El gabinete de los golpistas tiene listo un decreto supremo para dictar el Estado de Excepción que suspende TODOS los derechos constitucionales y, de esa manera, facilitar la impune represión en todos los frentes.
Bolivia recuerda hoy 195 años de su creación. No son los mejores momentos para festejar, pues la Patria atraviesa por un momento crucial, con un gobierno de facto que impone medidas en contra del pueblo y para beneficio de intereses extranjeros. Pareciera que el destino se ensaña con nosotros, pero frente a estas adversidades, se alza siempre altivo nuestro pueblo, de cambas y collas, chapacos y vallunos, hombres y mujeres de todas las edades y de todos los puntos del país.
Exigimos uno de los derechos fundamentales que dieran pie a nuestra lucha por nuestra Primera Independencia, que un 6 de agosto de 1825 permitía a los habitantes de estas tierras decidir su propio destino. Las mismas demandas que hoy, en las calles y en los campos, enarbolamos para alcanzar nuestra Segunda y Definitiva Independencia.
Las formidables movilizaciones populares que se han dado este martes 28 de julio en las principales ciudades del país, a convocatoria de la Central Obrera Boliviana, han puesto en evidencia –esta vez en las calles– el clamor popular por la realización, a la brevedad posible, de elecciones libres y democráticas para contar con un gobierno legítimo, fuerte y con amplia base social, capaz de encarar la crisis generalizada a la que nos ha conducido el gobierno de facto.
A despecho de las expectativas del gobierno, cuyo ministro de Gobierno apostó a que el temor a la represión y el impacto de una campaña mediática amedrentaría a la ciudadanía con el sambenito de los contagios por corona virus, el pueblo organizado en sus diferentes estamentos, decidió dar una lección a los golpistas. De nada valieron los “sensatos” llamados de cierta prensa y el desánimo de algunos militantes populares, que no confiaban en la capacidad del pueblo para auto convocarse.
Las organizaciones sociales urbanas y rurales de Cochabamba y del país, manifestamos nuestro rechazo ante aprestos personales, políticos e institucionales de este Gobierno de Facto que tiene como propósito central postergar las Elecciones Generales fijadas para el 6 de septiembre del 2020, afectando nuestros derechos políticos democráticos.
Nuestras 20 publicaciones anteriores, nos permiten definir este Gobierno de Facto: Primero, es pactado e improvisado, que por falta de visión, liderazgo y organicidad, se depura y consolida una élite neoliberal gobernante que todavía cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Segundo, en estos ocho meses, ha ocupado su gestión cumpliendo los acuerdos favoreciendo las estructuras financieras y productivas privadas, potenciando a organizaciones y personas de tendencia antipopular, encubriendo acciones ilegales de instituciones, policías, fiscales, grupos y personas con apoyo directo del Ministerio de Gobierno, para garantizarse el control del poder, Tercero, proscribe el proceso de transformación del Estado Plurinacional, proscribe a la mayoría de la población de toda instancia de decisión política, proscribe el modelo económico social, el mecanismo de acumulación, redistribución y las empresas estatales, criminaliza la solidaridad, la pobreza, el hambre, la protesta, proscribe la libertad de asociación, de locomoción y de reunión, proscriben la política de solidaridad internacional antiimperialista como mecanismo de integración regional y mundial.
