Aprovechamiento del oro: ¿quimera o realidad?

La prensa se ha desbordado en dar la noticia de que el oro superó en exportaciones al sector de hidrocarburos en el primer semestre del año. La verdad es que el sector minero-metalúrgico lo viene haciendo hace rato: para este año está previsto más de $us 5.000 millones frente a los 2.800 millones del sector de hidrocarburos. Esta noticia sería buena si beneficiara al país, pero la renta al Estado en hidrocarburos es del 82%, mientras en minería no llega al 10%.

Las contribuciones a las reservas internacionales que ingresan al Banco Central de Bolivia (BCB) solo provienen de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la fundición de estaño de Oruro y las remesas de compatriotas que viven en el exterior. Al fugarse del país, la acumulación se da en el exterior. Recordemos que Patiño hizo su imperio en Europa y Estados Unidos, con bancos, fundiciones y minas —en Bolivia introdujo enclaves modernos para explotar las minas—, todo financiado por el estaño boliviano.

El caso del oro es muy especial. Las minas nacionalizadas en la provincia Larecaja de La Paz nunca pasaron al Estado: la fuerza social y los intereses particulares fueron más fuertes, sin embargo se mantuvo un control en el área de la comercialización con el Banco Minero. Esta situación cambió con las medidas neoliberales de la libertad de comercialización de los minerales, que cerraron el banco y dieron vida a las comercializadoras de minerales, ligadas a las transnacionales.

La Ley 1777, del 27 de marzo de 1997, suprimió la regalía minera y creó el Impuesto Complementario Minero (ICM), que era acreditado al Impuesto de Utilidades de las Empresas (IUE) fijado en 25%. Esta misma ley estableció la alícuota de ICM en función de una escala de precios, el límite máximo para el oro era de $us 700 por onza troy, debiendo pagar una alícuota máxima del 7% sobre el valor del oro.

En 2007, el Gobierno repuso la regalía minera, suprimiendo el ICM, y estableció la alícuota adicional al IUE en épocas de precios altos. Sin embargo, en realidad las cooperativas solo pagan la regalía minera; además se estableció la categoría de oro marginal y producido en pequeña escala que paga con 2,5%. La Ley de Minería 535 mantiene esta escala. La ausencia de una reglamentación impide determinar qué es oro marginal y cuál el rango de la producción de pequeña escala. Todas las cooperativas auríferas se benefician de esta situación y las empresas buscan convertirse en cooperativas.

Contra los principios del cooperativismo se da la comercialización individual, creándose la paradoja que no se sabe quiénes producen ni dónde; así el beneficio de salud establecido en convenio con la Caja Nacional de Salud, que recibe un aporte global del 1,8% de la producción, solo beneficia a los que se afiliaron a la Caja como socios, que no pasan de 10.000, mientras que los que producen son 140.000, a decir de los dirigentes.

La liberalidad de la legislación y la ausencia del Estado a lo largo del país han permitido la presencia de extranjeros en la actividad aurífera. En 2010, el Gobierno realizó una serie de operativos contra esta actividad, que estaba en alianza con cooperativas; se expulsó a los extranjeros y paralizaron operaciones, lo que creó un problema social que fue superado con el compromiso de entrega de la producción a una comercializadora estatal. Así la Comibol creó la Empresa Boliviana del Oro, que inició sus actividades en Riberalta (Beni) y San Ramón (Santa Cruz). Al hacer las liquidaciones se introdujo los descuentos de ley: regalía 2,5%, salud 1,8%, impuesto a las transacciones 4%, aporte cooperativas y Federación 1%; la Comibol entregaba el oro al BCB. La aventura duró poco, por la competencia de una comercializadora de los cooperativistas, creada con el apoyo del Gobierno, que eludía el pago del impuesto a las transacciones.

El ejemplo citado ilustra la complejidad del problema, pero su solución es de urgencia por cuanto el oro, como todos los recursos naturales, debe servir al desarrollo del país y las regiones productoras. En este sentido requiere una acción concertada entre todos: el Gobierno en sus áreas de minería, economía, medio ambiente y defensa, y las autoridades subnacionales, pero ante todo la sociedad civil: productores mineros, población civil, comunidades agrarias y todos los ciudadanos que pretendemos construir un Estado Plurinacional en la búsqueda del buen vivir. Concepto grande que tenemos que poner en la agenda cotidiana.

Fuente: La Razón 5 de octubre de 2021

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