El Ejecutivo del presidente Luis Arce señaló este lunes que las movilizaciones anunciadas contra dos proyectos de ley, el 280 y 305, y la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo tienen un objetico claro: “Desestabilizar a un Gobierno democráticamente electo”.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo a la prensa que la administración de Arce trabaja respondiendo al país con gestión y que esa línea política no cambiará.

De acuerdo con la autoridad de la Presidencia, “no es posible” entender movilizaciones de algunos sectores sin antes haber dialogado.

“No existen motivos, distintos actores están buscando los temas que les permitan movilizarse con un claro objetivo, la desestabilización del Gobierno democráticamente electo”, insistió.

Recordó que la consideración legislativa del proyecto de ley 280 fue “suspendida” y que el proyecto 305 está en una etapa de socialización a nivel nacional.

En cuanto a la Gestora Pública, indicó que la entidad está trabajando con normalidad.

La institución iniciará el 2 de mayo próximo con la recaudación total de los aportes en el Sistema Integral de Pensiones y a partir del 1 de junio, de acuerdo con información oficial, los más de 200.600 jubilados que ahora están percibiendo sus pensiones con las Administradoras de Fondos de Pensiones recibirán sus beneficios directamente de la Gestora.

“La Gestora está trabajando en este momento (…) y no será ninguna caja chica porque hay distintos candados que nos dicen que debemos cuidar nuestros recursos”, precisó.

Proyecto 280

Alcón recordó que el tratamiento del proyecto de Ley 280, de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, fue suspendido en la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta concluir la socialización con los diferentes sectores involucrados.

El documento está en un proceso de socialización con la sociedad civil.

La norma sanciona la legitimación de ganancias ilícitas y en ningún, aclaró el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ataca a los gremiales, choferes o “bolivianos que aportan día a día al país”.

Proyecto de ley 305

La viceministra afirmó también que el anteproyecto de ley 305 apunta a cumplir compromisos internacionales de defensa a los derechos humanos y reiteró que el Gobierno no pretende realizar ninguna acción en contra del trabajo de la prensa y la libertad de expresión.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde está radicado el documento, sostuvo reuniones con los gremios de prensa del país para abordar el proyecto.

La comisión legislativa aclaró, en un comunicado público, que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, y que se defenderá, respetará y cuidará conforme a lo acordado con los representantes de la Asociación de Periodistas de Bolivia (APB), Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Medios Alternativos de Bolivia (AMAB).

Gestora

El gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán, informó en su momento que a partir del 15 de mayo, en las 33 plataformas que tiene la institución en todo el país, se recibirá los trámites de jubilación.

Durán indicó que existen cinco “candados” que garantizan la seguridad de los aportes en el Sistema Integral de Pensiones del país:

Se establece que los aportes son patrimonios autónomos, el único destino de los recursos es la inversión para generar rendimientos y posteriormente financiar la pensión de jubilación.

Los aportes están fiscalizados permanente por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

Los aportes están sujetos a control social, apertura y transparencia hacia las rendiciones públicas de cuentas.

Los aportes son controlados por el jubilado, como asegurado.Únicamente el beneficiario puede acceder a sus recursos cuando tramite su pensión de jubilación.

Los aportes son sometidos a una auditoría externa, además de auditorías de manejo contable por entidades privadas independientes que deben ser presentadas a la Presidencia del Estado, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a la Contraloría General del Estado y deben ser publicadas a través de todos los medios de difusión.