Hace 19 años, la población boliviana, agrupada en sus diferentes organizaciones sociales, institucionales y estatales, participó en diez Asambleas Preconstituyentes en Salud —nueve departamentales y una nacional—, donde, en debate amplio y plural, se emitieron conclusiones de manera consensuada que luego fueron incorporadas en la Constitución Política del Estado Plurinacional y ratificadas por referéndum nacional en 2009.

Estos hechos tienen una importancia fundamental, ya que sus conclusiones sentaron las bases para producir las transformaciones que garanticen la salud y la vida de la población boliviana, demandadas históricamente. La Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) es la política de salud de Bolivia, proporciona a nuestra sociedad y Estado el horizonte para transformar la salud estructuralmente y no superficialmente. Asimismo, la Ley No. 1152 del 20 de febrero de 2019, «Hacia el Sistema Único de Salud, universal y gratuito», respalda un anhelo altamente perseguido por toda la población cuyas características son la universalidad en la atención para toda la población no asegurada y la gratuidad, permitiendo de esa manera el acceso universal, equitativo, oportuno y digno a personas, familias y población en general a programas y servicios de salud en el marco del ejercicio del derecho a la salud y la vida. Estas medidas permitieron avances significativos para el desarrollo de la población, sin embargo, es preciso continuar profundizándolos hasta lograr que el servicio llegue a la población de manera integral en todo el territorio nacional.

A pocos días de la asunción de un nuevo gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, lamentablemente hemos escuchado poco o nada sobre las intenciones de los candidatos referidos a garantizar que la población boliviana tenga certezas respecto a la garantía de salud. Sin embargo, hemos escuchado sobre la decisión de reducir el financiamiento para el funcionamiento del Estado, disminuir los gastos e inversiones públicas y, con ello, retornar a un pasado caracterizado por la precarización de los servicios públicos y, bajo diferentes modalidades, la privatización de la salud.

Para el pueblo en general y para la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES Bolivia en particular, apelando a la CPE que establece que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, entendida como el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud, consideramos imprescindible recordar y afirmar que una de las funciones más importantes y fundamentales del Estado es garantizar que la población goce de una salud sana, segura, accesible, oportuna, con calidad, intercultural y respetuosa de los saberes y prácticas ancestrales.

De la misma manera, que es esencial contar con un sistema educativo suficiente y de calidad en todos los niveles de formación, necesario para el desarrollo de la población y el equilibrio intelectual de la juventud y de toda la sociedad.

El retorno a prácticas de los gobiernos de los años 80 y 90, cuya característica fue la dependencia ministerial de organismos internacionales — bajo la lógica de que el Estado es un mal administrador—, significó la privatización de los servicios sanitarios, la delegación y tercerización de los servicios de salud, y la exclusión de la participación y el control social de la población organizada, en su derecho constitucional a decidir y formar parte en la gestión de la salud y la educación.

Afirmamos que la salud no es propiedad privada de nadie; es un derecho constitucional de toda la población. Por ello, defender el Sistema Único de Salud no solo es correcto, sino un deber no negociable. Contrariamente al interés corporativo, la participación social organizada y activa, conduce al ejercicio del derecho a la salud y la vida, es una obligación moral y constitucional que los nuevos gobernantes deben asumir para honrar el voto que los lleve a gobernar.

Por todo lo anterior, alertamos a toda la población sobre el inminente peligro que corren la política y estrategias sanitarias, por lo que llamamos a defender el derecho a la salud de todas y todos, a defender su política SAFCI y el Sistema Único de Salud, a luchar por mejorar las condiciones de vida en cuanto a educación, vivienda, producción, agua, alimentación, a defender el acceso universal a la atención de salud vigente y su característica principal: la gratuidad en el punto de atención, con el buen uso de toda la infraestructura pública. No debe existir para el SUS (Sistema Universal de Salud) enfermedades selectivas ni paquetes mínimos; todas las enfermedades merecen atención.

ALAMES, junto a todo el pueblo, exige a los próximos gobernantes respetar el SUS, fortalecerlo y sostener la universalidad y gratuidad de la atención sanitaria para toda la población.

Asimismo, convocamos a todas las instituciones, estatales y no estatales, academias, organizaciones populares y gremiales, a unirse en una gran organización para la Defensa de la Salud y la Vida, la defensa del SUS y la calidad de los servicios que protegen la vida de las bolivianas y bolivianos, y desarrollar todas las acciones necesarias para defenderlo y para avanzar hacia su profundización, con plena participación social.

¡LA SALUD NO ES UNA MERCANCÍA, ES UN DERECHO!
¡LA SALUD Y LA EDUCACIÓN NO SON GASTOS, SON INVERSIONES EN LA VIDA!
¡EL SISTEMA ÚNICO DE SALUD ES UNA CONQUISTA DEL PUEBLO!
La Paz, 8 de octubre de 2025
COORDINACIÓN NACIONAL ALAMES BOLIVIA