La COB y los movilizados ya tienen trazado su único camino. No aceptan ir al diálogo. Su consigna se mantiene: el panorama es más claro que nunca. No retrocederán en su propósito de exigir la renuncia de Paz Pereira.

Cuando se hablaba de diálogo, sus promotores desplazaron a los verdaderos actores del conflicto. Hace más de una semana, a esos actores los calificaron directamente de «vándalos», «delincuentes» y otros adjetivos semejantes. Al no ver una actitud diferente por parte del Ejecutivo, los movilizados —en su ampliado— rechazaron cualquier convocatoria al diálogo. Los tiempos para el gobierno se acabaron. Sus interlocutores ya no son válidos.

A ello se suman otros elementos que empeoraron aún más las condiciones para abrir un diálogo: las reiteradas ofensas de Rodrigo Paz en sus últimas intervenciones, con actitudes de extrema soberbia, sin ninguna intención de manifestar propósitos que se encaminen a una concertación o a un diálogo sincero.

Las provocaciones verbales —de tinte violento y cargadas de petulancia— no tuvieron ningún afán de promover acercamientos. Más bien llevaron a que la dirigencia tomara acciones más decisivas y pusiera ante la sociedad boliviana la evidencia de que tenemos un presidente que solo se jacta de su apoyo del 55% de la votación. Y nada más.

El gobierno trató de negociar con algunos sectores, pero sin resultados claros. Es más: muchos de esos sectores fueron presionados a espaldas de sus verdaderos interlocutores, y después sus dirigentes fueron calificados de «traidores» por sus propios gremios.

Lo que llama la atención son quienes han sido convocados a esos espacios de «diálogo» en la Vicepresidencia. Desde el inicio se vio la participación de la Iglesia, el Defensor del Pueblo y la APDHB en su rol de «facilitadores». Pero ¿hasta dónde se puede calificar de interlocutores válidos a la Iglesia Católica —cuyos jerarcas en 2019 posibilitaron que se instituyera un gobierno de facto con actores ilegales en el proceso de transición— o a Amparo Carvajal en representación de la APDHB, quien alentó a grupos irregulares en Cochabamba como la RJC afirmando que su presencia era una «resistencia necesaria»?

Por ello, el proceso de movilización se mantiene y se radicaliza. Los bloqueos de caminos crecen en el país. Las marchas continuarán. Y se suma a la ecuación un factor más: la represión y la amenaza de operaciones conjuntas de la policía y los militares.

Es la COB, junto al movimiento campesino organizado, quien tiene la conducción política de esta protesta generalizada. A ellos se han sumado los mineros asalariados, los maestros, los transportistas interprovinciales, urbanos y pesados, las juntas vecinales, las juntas de padres de familia, los gremiales, y muchos otros.

Sin embargo, es llamativa la postura que asumen algunos sectores de la sociedad cuando ven que el gobierno no se decide a aplicar un estado de excepción. Al ver que los días pasan, eso enfurece a los sectores conservadores, que realizan campañas con la consigna «haga patria, mate un indio».

Pero, como lo demuestra la historia inmediata, los indios son más. Y también saben golpear —o, cuando menos, poner piedras en el camino—. Algo fundamental: acaban de demostrar, una vez más, que la historia no se escribe sin ellos. Por eso los sectores conservadores piden a gritos un estado de excepción: para convertir la excepción en regla, y la bala en argumento.

El cansancio popular se está transformando en decisión. Una decisión que está construyendo la única excepción que vale la pena: la de un pueblo que decide no doblegarse.

En ese panorama confuso para algunos, se empieza a barajar algunas propuestas descabelladas como la del diputado de derechas Carlos Alarcón quien propone un referéndum revocatorio de mandato al presidente y vicepresidente, propuesta al que se acogió el ex senador Andronico Rodríguez, ¿curiosa casualidad no ve?

La consigna de renuncia es hoy la máxima expresión de que la legitimidad del gobierno se ha agotado. Y de que solo la organización y articulación popular, de abajo hacia arriba, puede abrir las sendas para un nuevo proceso político.

A seis meses de gobierno, la exigencia de renuncia se multiplica y toma forma. Los bolivianos sabemos que las grandes transformaciones no son una cosecha que se recoge cuando las condiciones son perfectas, sino un arado que se empuja contra la piedra.

En Bolivia, ese arado ya está en movimiento. Su curso dependerá de la capacidad de articulación, organización y ofensiva de las organizaciones sociales en torno a la construcción de una agenda nacional con horizonte histórico. Una agenda que permita la profundización del Estado Plurinacional —que nunca fue un hecho consolidado, sino un espacio permanente de lucha.

Luis Camilo Romero, comunicador boliviano para América Latina y el Caribe