Paz Pereira califica de «narcoterroristas» a los movilizados, pero su padre, Jaime Paz Zamora, tiene un pasado vinculado al narcotráfico. Mientras tanto, estallan los casos «narcomaletas» y «narcomaderas». La pregunta sigue: ¿Cuándo saldrá la verdad?
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La exigencia de renuncia se multiplica y toma forma. Los bolivianos sabemos que las grandes transformaciones no son una cosecha que se recoge cuando las condiciones son perfectas, sino un arado que se empuja contra la piedra.
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Lo que Bolivia vive no es una crisis circunstancial ni una simple disputa entre actores políticos. Es la expresión de una contradicción estructural y profunda: la de un Estado que, una vez más, ha optado por los intereses del capital por encima de los derechos de las mayorías.
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Hay gobiernos que mienten ocasionalmente. Y hay gobiernos que han convertido la mentira en el único método que saben aplicar. El de Rodrigo Paz pertenece a la segunda categoría, y seis meses son tiempo suficiente para saberlo.
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Organizaciones sociales exigen la renuncia del presidente. La paralización de La Paz y El Alto es total. El gobierno perdió legitimidad; su diálogo tardío y nula credibilidad no frenarán la crisis.
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Quien gobierna tiene la responsabilidad de conducir. Porque no basta con decir que el país está quebrado.
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Con el reiterado argumento de reestructurar las instancias del Estado, Rodrigo Paz tira un mazazo duro a la Vicepresidencia para reducirla a la mínima expresión, anulando Direcciones, Unidades en esa repartición estatal, calificado también como un golpe a la institucionalidad y un excesivo abuso de poder. La reducción de un
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A cien días de gestión gubernamental, el panorama político y social en Bolivia se presenta como un escenario de profundas tensiones. El análisis del contexto actual, marcado por la postergación del decreto 5503 y la posterior aprobación del 5516, revela una estrategia oficial que, aunque cautelosa, avanza progresivamente hacia la
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