El solo pensar que un nuevo gabinete —anunciado para agosto— pueda resolver la crisis, el desprestigio y la ingobernabilidad sería caer en la ingenuidad. Desde que Paz Pereira se montó en la silla para gobernar, no sabía lo que hacía. Improvisó todo. Y ahí tenemos los resultados.

Si Paz ganó la presidencia, fue en un momento en que la izquierda se encontraba fragmentada, sobre todo por la angurria de uno solo, que destrozó las aspiraciones del movimiento popular. Paz, con la ayuda de su ex «vicepresidente», se inventó el eslogan «capitalismo para todos», prometió sacar a Bolivia de la crisis económica, de la escasez de combustibles y de divisas. Y nada de eso ocurrió.

La historia reciente del gobierno improvisado de Paz Pereira está plagada de casos similares que quedaron en la nada: los cargamentos de presunta narcomadera incautados en Chile y Brasil, o el escándalo de la «gasolina basura» que destrozó el parque automotor del país. En todos ellos, las promesas de investigación exhaustiva terminaron siendo meros discursos para calmar a la opinión pública.

Esos hechos demuestran el total debilitamiento de un gobierno que sigue improvisando. A los casos no investigados que señalábamos, se suma ahora el caso «maletas con oro», que cobró mayor gravedad cuando el propio ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, admitió en conferencia de prensa una diferencia de aproximadamente 22 kilogramos entre el peso inicialmente reportado y los registros oficiales.

Para salir del paso, la autoridad anunció que se investigará la cadena de custodia, las actas de requisa y la cantidad real decomisada. Hasta hoy, sin embargo, no existe una sola confirmación oficial sobre el paradero de esos 22 kilogramos de oro, ni sobre quién o quiénes los sustrajeron. La misteriosa desaparición no constituye un simple «error administrativo». Se trata de un escándalo grave que exige respuestas serias. ¡No inventen más cortinas de humo ni promesas vacías!

La inacción institucional solo confirmará lo que cada vez más bolivianos sospechan: que el gobierno improvisado de Paz Pereira está profundamente comprometido con una estructura de corrupción sistémica, con presuntos vínculos al narcotráfico, malversación de recursos públicos y otras conductas ilícitas que saquean el patrimonio del Estado y erosionan la confianza ciudadana.

Las declaraciones de Samuel Doria Medina no pueden tomarse como un simple episodio político. Cuando uno de los principales aliados del gobierno afirma que se aleja por razones éticas y denuncia corrupción e ineficiencia, la respuesta no debería limitarse a administrar la crisis. Debería llevar a una profunda reflexión sobre el rumbo que se está siguiendo.

Sin embargo, la oposición dizque «constructiva» anunciada por Doria Medina abre otra discusión necesaria. Durante años, Bolivia ha vivido atrapada entre dos deformaciones: el oficialismo que considera toda crítica una conspiración, y la oposición que confunde fiscalización con bloqueo permanente. Ambas lógicas empobrecen la democracia. Pero lo que se ve se anota, como en el cacho: los «samuelistas» en la Asamblea Legislativa siguen apoyando al gobierno improvisado de Paz y no se ruborizan. Es el caso del diputado Alejandro Reyes.

El caso del exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli —primero destituido, ahora con detención domiciliaria—, debido a los cuestionamientos por la distribución de gasolina de mala calidad y la firma de contratos y adendas con las empresas Vitol y Trafigura, configura lo que todo gobierno hace: buscar chivos expiatorios o cortinas de humo.

Por todo ello, no necesitamos consultar a las organizaciones sociales ni a las dirigencias sobre su percepción de este gobierno. La legitimidad de Rodrigo Paz ha quedado gravemente debilitada ante las críticas de la oposición y, sobre todo, de ciudadanos de las clases medias que hace meses no decían nada, pero hoy podrían salir a las calles.

Los cambios anunciados para agosto no son la receta fácil. Paz Pereira podrá perder a José Luis Lupo y a alguno más que eran reconocidos por el gobierno, pero el problema pasa porque no cuenta con una estructura política sólida para ser creíble, ni con un plan o un programa de gobierno que se visibilice todos los días. Solo hay improvisación escandalosa a cada hora.

Pero tampoco se trata solamente de cambiar de gabinete. Se necesita dejar de producir funcionarios entrenados para asaltar las arcas del Estado —como sucedió en 2019—, que sigan sometiéndose a los mandatos de sus amos del norte, y que no sigan viendo al Estado como un botín político.

Octubre tiene un sello simbólico en las luchas del pueblo boliviano. Desde aquel 17 de octubre de 2003, cuando renunciaba Sánchez de Lozada y huía a Estados Unidos, días antes se libraba una dura batalla por los recursos naturales en El Alto. Fue el pueblo, una vez más, quien puso los muertos para que retornara la dignidad y no le arrebataran sus recursos, sus derechos labrados durante jornadas de resistencia.

¿Será de nuevo octubre quien nos señale el rumbo del país? Esta vez no solo por los recursos naturales, sino por restablecer la dignidad pisoteada y mancillada por un gobierno que nunca cumplió y obedeció al pueblo.