Se habla con convicción e insistencia de liquidar las empresas estatales, por innecesarias, deficitarias o inviables, pero no basta para un diagnóstico solamente ver la situación actual, sino analizar el contexto de su nacimiento, el proceso de su construcción y los resultados. La fórmula no es nueva: en la época del 21060, se cerraron más de 200 empresas, las que nunca volvieron a ser las mismas, contrayéndose la economía nacional.
En el periodo 2006-2019, la creación de empresas estatales se debió no a un plan preconcebido, sino a las urgencias del momento, entre éstas están las presiones sociales, regionales o las de emergencia.
Así la creación de la empresa SENATEX fue producto de la quiebra de AMETEX/EMATEX, cuyos propietarios eran la familia Iberkleid, que gracias a la liberación aduanera de Estados Unidos pudo erigir una empresa exitosa, llegando a tener 2.000 trabajadores. Sin embargo, la supresión de la ATPDEA la dejó sin mercado y a pesar de sus esfuerzos quebró; la desocupación y la enorme infraestructura paralizada crearon un problema social que obligó al Estado a asumir su conducción, con resultados magros; el mercado sigue contraído, la competencia es amplia: telas chinas y ropa usada; la empresa trabaja prestando servicios.
La creación de Boliviana de Aviación (BoA) fue fruto de la quiebra del LAB, empresa capitalizada y luego de AEROSUR, un emprendimiento privado, que prácticamente nos dejó sin transporte aéreo. Frente a apoyar al capital privado -perdonando la enorme deuda tributaria- se prefirió crear una empresa estatal; sus resultados son cuestionables, pero salvó la emergencia y no se la puede liquidar, sin tomar previsiones para el futuro, más aún cuando el transporte aéreo se ha vuelto masivo. El capital se mueve por sus intereses y no los de la gente; nuestra debilidad es la contracción de la economía donde la población prefiere un servicio más económico.
Las emergencias dieron paso a la intervención del Estado en el caso del agua y de la luz de La Paz. Se le dio capacidad de servicio a EPSAS S.A. con las represas de Hampaturi II, Chacaltaya y Alpaquita para La Paz, que garantizan el servicio para hasta diez años; sin embargo, existen problemas estructurales: de propiedad y la administración eficiente. Se construyó la termoeléctrica en El Alto para garantizar el servicio de luz.
Hay también empresas creadas al calor de las demandas regionales, entre ellas está el ingenio de azúcar de San Buenaventura, demandado desde la década del 70 del siglo pasado, cuando se inició la marcha al norte en La Paz; su problema no es la tecnología sino la ausencia de productores de caña de azúcar, una práctica desconocida en La Paz. Hoy se da la migración de empresarios de otros departamentos y la siembra por la misma EASBA, el sueño no puede quedar en eso. Lo propio ocurre con la represa de Misicuni, vieja aspiración de Cochabamba que se concretó; sin embargo, falta la hidroeléctrica y que los municipios asuman su participación, con la red de distribución.
Hay proyectos estratégicos como el del litio y el Mutún, que han esperado mucho tiempo: si su objetivo es superar el extractivismo y avanzar hacia la industrialización, su concreción sólo se podría dar en un gobierno estatista. En el caso del litio después de mucha experimentación se aprobó el proyecto con el financiamiento del Estado, su producción de carbonato de litio era para encarar la fabricación de baterías, más allá de que esta cadena implicaba más de 40 proyectos colaterales para el suministro de insumos. Cuando el golpe del 2019, se pretendió anular los contratos de construcción de las plantas y se paralizó el proyecto; ante la imposibilidad de romper los contratos, se dio continuidad y se entregaron las plantas, en conformidad; sin embargo, la parte boliviana no cumplió su parte: la construcción de las piscinas y la captación de agua. Es decir que es un proyecto inconcluso, no se le puede pedir eficiencia, sin embargo, se mantuvo al personal sin hacer nada y se nivelaron los salarios a los de YPFB.
En el caso del Mutún, es casi lo mismo, el 2019 se pretendió romper el contrato, se paralizaron los desembolsos para la compra de equipos con proveedores, los que iniciaron juicios ante los perjuicios ocasionados; el resultado es que el proyecto no se concluyó, aunque se hizo una entrega provisional, hoy anuncian una nueva renegociación, ojalá se concrete.
Hasta hace poco se ponderaba la eficiencia de la fábrica de vidrios en Zudáñez, se anunció la firma de un contrato millonario con Coca-Cola; hoy se nos informa que está paralizada. En la misma situación se encuentran la fábrica de cemento de Oruro -que ya funcionaba- y la de Potosí que está en construcción; esta última es producto del paro cívico de los 18 días.
Si bien se puede decir que ha habido improvisación, es el periodo neoliberal que nos ha privado de los talentos humanos para el desarrollo; que se impusieron las presiones locales, que hay ineficiencia, corrupción, puede ser; estas observaciones cuestionan la capacidad y la falta de planificación -cuando se cierra este ministerio- y se santifica al mercado.