Una vez más, la dictadura arremete en Bolivia contra la libertad de prensa y de pensamiento. La red Gigavision, medio de comunicación legalmente establecido en el país, ha hecho pública la denuncia de un sistemático y claro amedrentamiento por parte de organismos de seguridad del Estado que actúan por orden expresa del prepotente Arturo Murillo, ministro de Gobierno de la dictadura.
El presunto delito de este medio ha sido denunciar de manera responsable y valiente los graves delitos que cometen en nombre del Estado boliviano, quienes asaltaron el poder acatando instrucciones del gobierno norteamericano. A diferencia de los golpistas que acusan de corrupción al gobierno democrático de Evo Morales, todas las publicaciones de Gigavisión han estado respaldadas por las pruebas respectivas.
El Movimiento al Socialismo, fiel a sus principios de defender primero la vida, ha manifestado a través del compañero Evo Morales y del candidato presidencial Luis Arce Catacora, su voluntad de flexibilizar la fecha de las elecciones nacionales, de acuerdo a la evolución de la pandemia que afronta el país. Exige a los responsables y gobierno transitorio adoptar todas las medidas que exige la epidemia, para controlar su propagación, particularmente en Beni y Santa Cruz y utilice la infraestructura existente para un trato digno al pueblo boliviano.
Esta muestra de desprendimiento del MAS IPSP refleja el grado de madurez política, amor a la patria y, sobre todo, el compromiso con los pobres y explotados de Bolivia.
A pesar de la muy grave crisis por la que atraviesa la humanidad, el gobierno imperialista de los Estados Unidos no ha cesado un solo instante de agredir a los gobiernos populares en el mundo, ni de intervenir en los asuntos internos de otros estados.
Cuando el mundo concentra esfuerzos y recursos para combatir el COVID que asola al planeta, la administración de Donald Trump ordena el traslado de tropas norteamericanas a Colombia, so pretexto de combatir al narcotráfico, con su conocida doble moral, pues no es ninguna novedad que el narcotráfico es fomentado por la DEA y la CIA para fomentar sus actividades de injerencia, que no cuentan con presupuestos fiscales como manda la enmienda Boland.
Las organizaciones sociales urbanas y sectores profesionales de todo el país, expresamos nuestra preocupación y rechazo por el surgimiento de ataques en contra del hermano Evo Morales Ayma, estas acciones pretenden proscribir, por todos los medios posibles, la representación indígena originario campesina y privarle al pueblo boliviano de la posibilidad de recuperar la democracia. Durante catorce años, bajo el liderazgo histórico del hermano Evo Morales, hemos demostrado que otra Bolivia es posible. No la Bolivia de la mendicidad, de la pobreza y del atraso, sino una Bolivia que es conocida y reconocida en el mundo entero por sus logros políticos, económico, culturales y sociales.
En lo político: la refundación de la Patria, el reconocimiento de nuestra plurinacionalidad, la profundización de la democracia, con la inclusión de los indígenas originario campesino, además de la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones en la representación política y la construcción del Estado Plurinacional que llegue a todos los rincones del país, un Estado respetado a nivel internacional con liderazgo e iniciativa, con dignidad y soberanía.
En lo económico, hemos demostrado que con el control de nuestros recursos naturales y con empresas estratégicas fuertes podemos alcanzar la independencia económica. Sin el sometimiento a los condicionamientos del imperio, del Fondo Monetario Internacional, sin el ATPDEA, sin USAID, sin la denominada cuenta del Milenio hemos construido nuestro propio modelo económico social comunitario para producir, para industrializar, pero sobre todo, para redistribuir la riqueza.
En lo social, hemos reducido la pobreza, se ha ampliado y mejorado la calidad de vida de la clase media y redistribuido la riqueza como nunca antes en toda nuestra historia. Hemos reducido la desigualdad, protegido a los más vulnerables y construido un Estado más justo. En lo cultural, se ha recuperado la dignidad con identidad, hemos construido la unidad en la diversidad y la plurinacionalidad basada en la solidaridad, la descolonización y la despatriarcalización.
Las organizaciones sociales urbanas y sectores profesionales de todo el país, preocupados por la desastrosa gestión gubernamental de la presidenta de facto Jeanine Añez, expresamos nuestra preocupación y rechazo contundente a la administración corrupta e ineficiente que pone en riesgo la vida de la población.
La corrupción es un delito, pero la corrupción en una catástrofe sanitaria es un acto criminal y que según la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, no prescribe. En los últimos días todo el país y el mundo fue testigo de uno de los hechos de corrupción más indignantes, la compra de 170 respiradores con sobreprecio, pero este, se suma a los numerosos casos de corrupción que ya se investigan en el Ministerio Público, son sólo los conocidos hasta ahora. Estamos ante el descarado saqueo y desfalco de los recursos públicos, no les importa aprovecharse del dolor de la catástrofe para llenarse los bolsillos. Esto aún, sin conocer el manejo y destino de los más de 1.100 millones de dólares de ayuda internacional.
La respuesta de este gobierno no causa sorpresa, “sacrifican a peones para mantener a la reina”, tratan de encubrir estos escándalos a cualquier costa, esto se constata con la sintomática desaparición del Contralor General, la intervención sin resultados del Fiscal General, llegando al absurdo de pretender que creamos que estas denuncias de corrupción forman parte del sabotaje y conspiración a su deficiente gestión. Es un insulto a la inteligencia ciudadana. De igual manera condenamos la actitud de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, que ante la escandalosa gestión gubernamental de Añez, pretenden “lavarse las manos”, ellos son los responsables políticos del golpe de Estado que luego devino en un gobierno autoritario y corrupto. Exigimos, por lo tanto, a las autoridades una investigación transparente y objetiva de todos los casos de corrupción.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha resuelto admitir la demanda presentada por el candidato perdedor y actual ministro de la dictadura, Óscar Ortiz, para evitar la realización de las elecciones en los próximos 90 días, plazo computable desde el 3 de mayo pasado.
Por el momento, no es una negativa a acatar la ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional que contempla ya una fecha tope para los comicios. Las elecciones nacionales deben permitir al pueblo boliviano elegir al gobierno legítimo y constitucional. Solamente este puede tener la autoridad y la representatividad necesarias para encarar la grave crisis nacional a la que nos ha empujado la dictadura de Jeaninne Añez y sus socios políticos Carlos Mesa y Fernando Camacho.
Desconocer el clamor popular por parte del TCP será abrir las puertas del caos y facilitar la consolidación de la dictadura. Negar el derecho al pueblo a elegir a sus gobernantes y representantes parlamentarios refleja el terror confeso de la derecha que se sabe de antemano perdedora en los próximos comicios electorales.
El Movimiento Guevarista de Bolivia exige al TCP una respuesta enmarcada en las normas vigentes y el clamor de la ciudadanía, de los movimientos sociales y hasta de los mismos candidatos de la derecha, que coinciden en la necesidad de convocar a elecciones a la brevedad posible. Esta petición es unánime y merece de parte del órgano supremo electoral una respuesta a esa altura. En caso contrario, los movimientos sociales y organizaciones populares, no tendrán más camino que el de la movilización para recuperar la democracia secuestrada por órdenes del imperialismo yanqui.
Elecciones ya!
Bolivia 27 de mayo de 2020
Dirección Nacional Movimiento Guevarista de Bolivia
Desde la instauración de la dictadura de Jeanine Añez, y sus socios politicos Carlos Mesa y Fernando Camacho, Bolivia ha retrocedido décadas en todos los aspectos de la vida nacional. La crisis que nos agobia se ve escandalosamente agravada por los delitos que cometen a diario las autoridades del régimen.
Frente a su creciente aislamiento y al unánime clamor popular por la realización inmediata de elecciones, sectores golpistas y retrógrados de las Fuerzas Armadas, bajo asesoramiento directo de la embajada norteamericana y de los servicios de inteligencia israelíes, se han propuesto dar un auto golpe militar disolviendo la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para instaurar un régimen dictatorial aún más represivo.
El Movimiento Guevarista de Bolivia denuncia públicamente estos aprestos subversivos e invoca a los militares patriotas a no dejarse arrastrar a otra aventura que terminaría por enlodar definitivamente a la institución.
Exige al Tribunal Electoral la inmediata convocatoria a elecciones libres y democráticas junto a la publicación del calendario electoral correspondiente.
Conmina a la dictadura de Añez, y sus socios políticos Mesa y Camacho a escuchar el clamor del pueblo y a acatar la ley de postergación de elecciones y abstenerse de realizar más actos administrativos que pretenden destruir al Estado Plurinacional de Bolivia y desconocer los derechos ciudadanos.
Pide a la comunidad internacional permanecer en alerta y de ser necesario pronunciarse ante un posible autogolpe, que terminará de desnudar el carácter prorroguista y el abuso de poder; condenando el retorno al uso del terrorismo de estado como forma de gobierno y contra el pueblo de Bolivia
No al Golpe prorroguista, Elecciones Ya!!!
20 de mayo de 2020
Dirección Nacional – Movimiento Guevarista de Bolivia
Las organizaciones urbanas de sectores profesionales, sociales y territoriales de todo el país, preocupadas por la pésima gestión gubernamental de presidenta de facto Jeanine Añez, excediendo sus atribuciones como gobierno transitorio, expresamos nuestro malestar y desacuerdo pleno con las acciones y medidas que implementa, dirigidas a destruir el modelo económico plurinacional y las conquistas sociales logradas durante muchos años de lucha incansable por el pueblo boliviano.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó al Gobierno de facto que las medidas para controlar el brote del COVID-19 guarden equilibrio entre proteger la salud, minimizar el impacto económico-social y respetar los derechos humanos. Si bien la cuarentena era necesaria para preservar la vida y la salud de los bolivianos, no obstante, ellas no estuvieron acompañadas con una estrategia para paliar el hambre de los más empobrecidos y tampoco de una estrategia para proteger el aparato productivo formal e informal, sin ningún plan de contención y menos de recuperación económica. Desde su inicio, el manejo gubernamental de Añez en lo económico fue y es absolutamente irresponsable y arbitrario, con tendencia clara a destruir el modelo económico plural con el que Bolivia gozaba de estabilidad y podía enfrentar a los embates de la economía global en crisis.
Ni bien consolidado el gobierno de facto, las empresas estatales comenzaron a sufrir el desmantelamiento, corrupción y saqueo de sus recursos. Esta restauración neoliberal se traduce en la inexplicable paralización de la inversión pública y privada. Se ha detenido la producción en las empresas estratégicas, como la planta de Urea de Bulo Bulo o la del Mutún. Se ha paralizado y dejado impagos los proyectos de desarrollo nacional y regional, como el Tren Metropolitano en Cochabamba. El sabotaje interno y corrupción en la administración de BOA, ENTEL y YPFB es tan agudo que las ha generado grandes pérdidas o las ha puesto al borde de la iliquidez. Es de este modo que la presidenta – candidata Añez encaminan al país una crisis y recesión inminente cuya reactivación opte por el camino peligroso de la privatización de las empresas de los bolivianos.
