La Central Obrera Boliviana (COB), conjuntamente dirigentes de movimientos y organizaciones sociales, ha realizado un Ampliado en el que ha ratificado su compromiso de lucha y resistencia al gobierno de facto, contra la irresponsable manera de enfrentar la crisis sanitaria, el bochornoso manejo de los recursos del Estado y al intento de consolidar solapadamente el neoliberalismo en Bolivia, so pretexto de reactivación económica y creación de empleo.
La necesidad de enfrentar la pandemia de manera unida y coordinada, en defensa de la salud y de la vida, es tarea prioritaria que el pueblo no descuida, a pesar de los esfuerzos del gobierno de facto por presentar como contradicción insalvable la lucha por los derechos democráticos y la realización de elecciones libres el 6 de septiembre próximo, con las medidas sanitarias urgentes que se deben tomar frente a la pandemia. Así lo entiende el pueblo, dispuesto a todo sacrificio por defender sus derechos consagrados en la Constitución Politica del Estado.
La doctora Eydi Roca, Ministra de Salud, designada luego de descubrirse el negociado de los respiradores que puso fin a la gestión de Marcelo Navajas al frente de esa secretaria de Estado, se ha contagiado con el Covid 19. A manera de una despedida anticipada, ha grabado un mensaje profusamente difundido por el canal estatal, en el que calla demasiadas cosas y hace afirmaciones comunes que poco o nada aportan a la seguridad de la ciudadanía respecto a la marcha de una estrategia –¿la hay? – para enfrentar la pandemia.
Ni una sola palabra de autocrítica ha salido de boca de la ministra, en relación a los escándalos que han llenado de vergüenza al país, con la compra de equipos y material supuestamente destinado a combatir el corona virus que nos asola. Pero, eso sí, ha aprovechado la circunstancia para repetir la muletilla de la precariedad del sistema de salud heredado, haciendo caso a aquello de calumniad, calumniad, que algo quedará. Tampoco se ha referido a las catastróficas condiciones que cotidianamente deben enfrentar sus colegas en los diferentes centros de salud, desprovistos en muchos casos de los elementales recursos de seguridad que deben tenerse ante estas emergencias.
Acorralada por distintos frentes sociales e institucionales, repudiada hasta por los suyos por su deslealtad y ruptura del mandato de transición, la presidenta de facto y candidata Jeanine Añez no tuvo más remedio que promulgar la Ley N° 1304, el pasado 21 de junio. Esta Ley formulada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en función a sus atribuciones constitucionales, da curso a la realización de las elecciones generales el día 6 de septiembre de 2020, tal como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo propuso y lo consensuó con las distintas tiendas electorales. Con esta certeza, nuestro país ahora se prepara para ejercer su derecho a la democracia plena que, en las actuales circunstancias, equivale directamente a defender la vida.
La democracia es la soberanía del pueblo para decidir su propio destino, así lo establece la Constitución Política del Estado (CPE), en su Artículo 7, señalando que: “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”, de modo que nadie puede arrogarse el derecho a proscribirla como hoy lo hace y pretende extremar el régimen de Añez.
En las primeras horas de la mañana del 27 de noviembre de 1934 en la localidad de Villamontes, Tarija-Bolivia, un contingente de cerca de 400 soldados tomaba la residencia donde se encontraba el presidente Daniel Salamanca, este episodio es conocido en la historia boliviana como el “corralito de Villamontes”. Un golpe de Estado, que fue encabezado por el Gral. Enrique Peñaranda; el telón de fondo: la Guerra del Chaco.
El golpe de Estado tuvo como antesala, dos meses antes, un altercado entre el presidente Salamanca y el Gral. Peñaranda. Allí el hijo de Daniel Salamanca amenazó a Peñaranda exigiendo respeto al presidente. El “corralito de Villamontes” fue ejecutado sin respetar las elecciones generales que se habían realizado en el mes de julio del mismo año, siendo Franz Tamayo el presidente electo.
La maldad no cesa en su siniestra tarea de enlodarlo todo, para que no quede nada, y por siempre.
Síntesis
A seis meses desde aquel fatídico golpe de noviembre del 2019, el régimen de Jeanine Añez no ha hecho otra cosa que derrumbar toda posibilidad de reordenamiento institucional. Con una fulgurante rapidez y astucia criolla, convirtieron el Estado en un botín de guerra. No hace falta reeditar dos décadas de un nuevo ciclo neoliberal para demostrarnos que una derecha voraz y sin ningún proyecto alternativo, guiado por intereses externos, solo es capaz de ofrecer más de lo mismo: la suma de miseria moral, concentración de riqueza ilegal y condiciones explosivas de extrema pobreza, bajo el ropaje de democracia. Como corolario, el retorno enajenante a la vieja cultura de sumisión y al estandarte de la culpabilidad nacional.
El escándalo de los sobreprecios en la compra de respiradores es de proporciones simplemente dantescas, no tanto por el valor del robo, que también lo es, sino por la forma, el momento y los funcionarios que ejecutaron el atraco. Nada hace suponer que los asaltos sistemáticos ya producidos contra empresas públicas o que están ocurriendo ahora, bajo la sombra de la pandemia, no adquieran este mismo patrón criminal. Esta letal y artera puñalada en el corazón del país retrata a un gobierno convertido en una vulgar banda de asaltantes armados. Enfundados en la santa biblia y con la palabra democracia entre los dientes apretados penetraron por los pasillos del Palacio de Gobierno con la sola idea de convertir el tiempo y la oportunidad en riqueza manchada con sangre. Infamia e impostura, son las dosis diarias que alimentan su idea de poder y venganza en medio de ritos desproporcionados de codicia y lujuria. La pandemia es la coartada perfecta para sus crímenes imperfectos, represión de por medio, cubierto por una bastarda cortina de humo mediático. Nuevamente, gobernantes de cuello blanco y estilete encarnan la maldad misma como si se tratara de una peste enviada por quienes más odian nuestra patria. Si ellos son la parte grotesca del festín de bagatela, como clase tradicionalmente cleptómana, no debemos soslayar a sus patrones extranjeros que hoy ocupan, dirigen y saquean a gran escala nuestro patrimonio nacional.
Las organizaciones sociales urbanas y sectores profesionales de todo el país, expresamos nuestra preocupación y rechazo por el surgimiento de ataques en contra del hermano Evo Morales Ayma, estas acciones pretenden proscribir, por todos los medios posibles, la representación indígena originario campesina y privarle al pueblo boliviano de la posibilidad de recuperar la democracia. Durante catorce años, bajo el liderazgo histórico del hermano Evo Morales, hemos demostrado que otra Bolivia es posible. No la Bolivia de la mendicidad, de la pobreza y del atraso, sino una Bolivia que es conocida y reconocida en el mundo entero por sus logros políticos, económico, culturales y sociales.
En lo político: la refundación de la Patria, el reconocimiento de nuestra plurinacionalidad, la profundización de la democracia, con la inclusión de los indígenas originario campesino, además de la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones en la representación política y la construcción del Estado Plurinacional que llegue a todos los rincones del país, un Estado respetado a nivel internacional con liderazgo e iniciativa, con dignidad y soberanía.
En lo económico, hemos demostrado que con el control de nuestros recursos naturales y con empresas estratégicas fuertes podemos alcanzar la independencia económica. Sin el sometimiento a los condicionamientos del imperio, del Fondo Monetario Internacional, sin el ATPDEA, sin USAID, sin la denominada cuenta del Milenio hemos construido nuestro propio modelo económico social comunitario para producir, para industrializar, pero sobre todo, para redistribuir la riqueza.
En lo social, hemos reducido la pobreza, se ha ampliado y mejorado la calidad de vida de la clase media y redistribuido la riqueza como nunca antes en toda nuestra historia. Hemos reducido la desigualdad, protegido a los más vulnerables y construido un Estado más justo. En lo cultural, se ha recuperado la dignidad con identidad, hemos construido la unidad en la diversidad y la plurinacionalidad basada en la solidaridad, la descolonización y la despatriarcalización.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha resuelto admitir la demanda presentada por el candidato perdedor y actual ministro de la dictadura, Óscar Ortiz, para evitar la realización de las elecciones en los próximos 90 días, plazo computable desde el 3 de mayo pasado.
Por el momento, no es una negativa a acatar la ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional que contempla ya una fecha tope para los comicios. Las elecciones nacionales deben permitir al pueblo boliviano elegir al gobierno legítimo y constitucional. Solamente este puede tener la autoridad y la representatividad necesarias para encarar la grave crisis nacional a la que nos ha empujado la dictadura de Jeaninne Añez y sus socios políticos Carlos Mesa y Fernando Camacho.
Desconocer el clamor popular por parte del TCP será abrir las puertas del caos y facilitar la consolidación de la dictadura. Negar el derecho al pueblo a elegir a sus gobernantes y representantes parlamentarios refleja el terror confeso de la derecha que se sabe de antemano perdedora en los próximos comicios electorales.
El Movimiento Guevarista de Bolivia exige al TCP una respuesta enmarcada en las normas vigentes y el clamor de la ciudadanía, de los movimientos sociales y hasta de los mismos candidatos de la derecha, que coinciden en la necesidad de convocar a elecciones a la brevedad posible. Esta petición es unánime y merece de parte del órgano supremo electoral una respuesta a esa altura. En caso contrario, los movimientos sociales y organizaciones populares, no tendrán más camino que el de la movilización para recuperar la democracia secuestrada por órdenes del imperialismo yanqui.
Elecciones ya!
Bolivia 27 de mayo de 2020
Dirección Nacional Movimiento Guevarista de Bolivia
En la década del 70, las dictaduras militares que asolaron América Latina con la bendición de los Estados Unidos, implantaron el terrorismo de Estado para anular a los movimientos populares e impedir a la ciudadanía, el ejercicio de sus derechos elementales. Se denomina terrorismo porque, provocando terror en la gente, la inducen a mantenerse callada, a no reclamar por las injusticias, a no expresar sus ideas ni a organizarse por mejores condiciones de vida.
Esta estrategia de dominación y exterminio fue ideada por los gobiernos de Estados Unidos en su lucha contra el comunismo. Entonces acusaban a toda oposición de ser parte de la conjura soviética contra lo que graciosamente llamaban «el mundo libre».
