Nuevo tema de confrontación entre la dictadura y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha sido la aprobación, por parte del Senado, de la Ley de Estados de Excepción que busca poner límites a ese cheque en blanco para cometer abusos represivos del gobierno.

No es nuevo el tema, como tampoco lo es el espíritu con que ambos poderes -Legislativo y Ejecutivo- hacen defensa de sus puntos de vista. Ya, entre los primeros actos de la autoproclamada Jeaninne Añez, hubo un intento de poner el velo de impunidad a cualquier exceso policial y militar a la hora de disciplinar a los «salvaje», para usar el léxico de la presidenta.

La flagrancia contra los más elementales derechos de las personas -violatoria de la CPE y de acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos- terminó siendo tan burda que, mal que le pese, obligó a la dictadura a anular el citado decreto. La norma no corre, pero las ganas no faltan.

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