Etiqueta: Abuso de Poder

Cierre de año trae algunas anécdotas políticas lamentables; entre ellas, la de la “unidad” de varias fuerzas políticas conservadoras y de derecha, en torno a la candidatura del tristemente célebre Waldo Albarracín. El título de esta nota no pretende ser denigrativo; se refiere a la baja calidad del elegido para tal fin por las agrupaciones Sol.bo, del actual alcalde Luis Revilla; Unidad Nacional, del k´encha Samuel Doria Medina y; Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa Gisbert.

Y es que el famoso Waldo Albarracín ya ha inscrito su nombre en la historia como uno más de aquellos golpistas que, en noviembre del año pasado, hicieron coro al fraudulento invento de la Misión de Observación Electoral de la OEA y dieron pábulo a la teoría que sustentó el asalto al poder por parte de la autoproclamada Jeaninne Añez y la gavilla de delincuentes que asumió el gobierno por la fuerza. El ahora candidato propició precisamente la reunión a la que asistieron los golpistas junto a representantes de gobiernos extranjeros gobernados por la derecha y, por tanto, afines a Washington, para elegir entre gallos y medianoche a quién luego se convertiría en la primera figura formal del golpe aquel. Una acción que bien podría encuadrarse en el delito de traición a la patria, por concertar su futuro con potencias extranjeras cuyos representantes diplomáticos tampoco tuvieron escrúpulos para participar en esta descarada injerencia en los asuntos internos de Bolivia.

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Si, hipotéticamente fueran presidente Jeanine Añez o Carlos Mesa, sería exactamente lo mismo. Ambos representan el retorno a los 38 años anteriores a 2006: 18 años de neoliberalismo dictatorial militar y 20 de dictadura oligárquica bajo la máscara de democracia representativa obligados a formar las «megacoaliciones» para superar o disimular la efímera votación que obtenía cada uno de los partidos neoliberales que, en el mejor de los casos, alcanzó al 27% de votos.

Añez y Mesa representan la reposición de las políticas de endeudamiento externo, no para inversiones en desarrollo y progreso, sino para gastos recurrentes como sueldos y aguinaldos, especialmente para evitar el descontento de las FFAA y la Policía y el saldo, para metérselo en el bolsillo.

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Nuevo tema de confrontación entre la dictadura y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha sido la aprobación, por parte del Senado, de la Ley de Estados de Excepción que busca poner límites a ese cheque en blanco para cometer abusos represivos del gobierno.

No es nuevo el tema, como tampoco lo es el espíritu con que ambos poderes -Legislativo y Ejecutivo- hacen defensa de sus puntos de vista. Ya, entre los primeros actos de la autoproclamada Jeaninne Añez, hubo un intento de poner el velo de impunidad a cualquier exceso policial y militar a la hora de disciplinar a los «salvaje», para usar el léxico de la presidenta.

La flagrancia contra los más elementales derechos de las personas -violatoria de la CPE y de acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos- terminó siendo tan burda que, mal que le pese, obligó a la dictadura a anular el citado decreto. La norma no corre, pero las ganas no faltan.

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La debilidad del gobierno de Áñez cada día se manifiesta más. Ya no tienen como encubrirla. Se le fueron sus aliados de las funestas jornadas de noviembre.

Fernando Camacho, después de “empotrar” a su gente en cargos que generan dineros rápidos y mal habidos, se alejó y le pidió a su presidenta renuncie a la candidatura.

Carlos Mesa, en su barroco estilo, adornado de paráfrasis, le dice a Áñez que no está a la altura de las circunstancias (como en la UDP, entre Paz Estenssoro y Lechín le pidieron a Siles Zuazo en el Colegio Inglés Católico que acorte su mandato presidencial), solicita un diálogo nacional para acordar fecha de elecciones (léase plazo para dejar el poder) entre actores sociales, empresarios y trabajadores, partidos políticos y obviamente la Iglesia católica, hoy manejada por una jerarquía de escribas y fariseos.

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