El drama de los robos, atracos y desfalcos al erario nacional es que siempre se los hace de manera legal, al amparo de la mañudería de funcionarios venales que, echa la ley, hacen la trampa. Los casos de corrupción que ya se cuentan por decenas en el gobierno de la autoproclamada Jeaninne Añez, debían ser prontamente tratados mediante las atribuciones y competencias legales que tiene la Contraloría del Estado, y resueltos muy rápidamente por el ministerio público. Nada de ello ocurre.
Es por ello que la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha visto en el extremo de poner varios candados más a esa arca abierta en la que pecan los seguidores y familiares de la presidenta de marras. La nueva ley dictamina la obligatoriedad de informar cada tres meses, al menos, acerca del uso de los fondos obtenidos por créditos contratados, cuyo procedimiento establece la emisión de títulos valores en mercados externos; pero tiene alcance también con los fondos producto de las donaciones que han llegado y continuaran llegando al país para combatir la pandemia, principalmente.
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