Etiqueta: Gobierno de facto de Añez

Medidas represivas antipopulares

Después del asalto al gobierno, junto a militares y policías, la presidenta de facto Jeanine Añez, abandonó a la población boliviana ante la crítica situación de pandemia de Covid-19 durante la gestión 2020. El golpe perpetrado dejó además como saldo las masacres de Huayllani y Senkata, actualmente investigadas y denunciadas por la CIDH1.

El ineficiente manejo de la pandemia en Bolivia, fue inescrupulosamente empleado con fines políticos para sostenerse en el poder luego del golpe. Ante esta situación crítica de salud, se esperaba una contingencia seria y sostenida; sin embargo, el golpismo cambió varias veces de ministros de manera imprevista e irresponsable, generando como consecuencia una severa inestabilidad institucional dentro del Ministerio de Salud.

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La historia oficial que conocemos es la historia escrita por historiadores influidos por sus ideas –por lo general, expresivas de los intereses oligárquicos– y claramente expresivas de las visiones y los deseos de los vencedores. Así, la historia de nuestro Abya Yala es la historia de las masacres de nuestros pueblos, premiadas con ascensos militares y prebendas para los ejecutores de los crímenes.

Esa historia oficial quiso ser escrita para falsear la historia real, por los ejecutores del golpe de Estado de noviembre del año pasado. Para ello, había que tener un pretexto de suficiente peso como para que pudiera calar en sectores proclives a la derecha; entonces se recurrió a la argucia de sostener, a través de los medios masivos de comunicación previamente aceitados, la versión de fraude electoral, basada en la abierta injerencia de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que ya estaba debidamente aleccionada por el Departamento de Estado yanqui, sobre lo que tenía que decir y lo que tenía que callar.

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La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado su labor para investigar a fondo los hechos de violencia ocurridos en Bolivia desde septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019 con el compromiso de acceso a la información y a los testimonios de víctimas, testigos y funcionarios de este y el anterior gobierno.

Nos parece altamente profesional que el Ministro de Justicia, Iván Lima, señale que el trabajo de la comisión de cinco expertos de la comisión ha de ser “independiente e imparcial” bajo los “criterios de orientación y conciliación” de forma de dar luces a lo ocurrido en las jornadas de violencia de 2019, entre ellos los desatados con muertes en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba.

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Dos renuncias a sendos ministerios en menos de 24 horas dan la pauta del carnaval que es el gobierno de facto presidido por la autoproclamada presidenta Jeaninne Añez. Oscar Ortiz, el ex candidato del 3% en la anterior elección, y Oscar Mercado, no forman más parte del Ejecutivo que prometía ser de transición, respetuoso de las leyes y defensor de la democracia. Nada de ello, la juntucha sucumbe a los caprichos de Arturo Murillo, el hombre fuerte del régimen, el que cree que el poder es eterno…

Triste aunque previsible final para el representante de las logias cruceñas –no lo afirmamos sólo nosotros, lo confirma el bocón del ministro de Gobierno–, quien desde el ministerio de finanzas lanzó un salvavidas por demás generoso a sus compinches agroempresarios, mediante la concesión de un préstamo que sale del bolsillo del pueblo boliviano. Nadie ha salido a defenderlo; por el contrario, ha recibido el aluvión de improperios de parte de su rival que, nuevamente, se da el lujo de cambiar el gabinete en nombre de la autoproclamada, que tampoco dice esta boca es mía. Punto de fricción ha sido la “devolución” a ELFEC de ciertas acciones que pasaron a poder del Estado merced a la política nacionalizadora del gobierno de Evo. Aunque Ortíz es un furibundo defensor del dejar hacer dejar pasar, creyó demasiado descarada la forma y el procedimiento para dar marcha a un proceso de desnacionalización en beneficio de los compinches cochabambinos.

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El Colectivo Revolucionario Plurinacional nos brinda un análisis sobre las acciones del Gobierno Defacto de Bolivia respecto al ámbito laboral y nos entrega propuestas que tomar en cuenta para luchar en contra de la crisis de Laboral producto de la pandemia y la mala gestión del Gobierno de Añez.

Por mandato de la Constitución Política del Estado, el Ministerio de Trabajo debe hacer cumplir las normas laborales bajo el principio protector a los trabajadores. Esta situación no depende de la voluntad simplemente de las personas, el Estado Plurinacional recoge los principios fundamentales del derecho laboral en la CPE, que son: principio protector en la que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador, de continuidad de la relación laboral, intervencionista que le permite al Estado ejercer tuición en el cumplimiento de los derechos sociales de los trabajadores, primacía de la realidad donde prevalece la veracidad de los hechos, principio de no discriminación.

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En las redes sociales de manera insistente, se leen estas opiniones: “¡Hasta cuándo vamos soportar que nos roben de frente! ¡Por qué seguimos aguantando este gobierno saqueador!” Y es que el gobierno ha demostrado un descaro total a la hora de honrar los diez mandamientos de una biblia que sólo fue un adorno en manos blasfemas.

Por otra parte, estos lamentos que no conducen a nada, se convirtieron en reproche cuando las organizaciones de pueblos originarios decidieron desalojar del Palacio Quemado a los “sepulcros blanqueados”, de quienes la Biblia sentencia: “¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad.”

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La “prensa” es una abstracción, lo que realmente existe son periodistas de piel y hueso, por lo tanto, poseedores de ideologías, complejos y subjetividades. En momentos de crisis, las cosas se muestran como realmente son, nos dice Rene Zavaleta y la comprobación de esta afirmación se encuentra en los periodistas que en esta crisis prolongada, demuestran sus arquetipos racistas.

El periodismo se encuentra herido de muerte porque los encargados de mantener la credibilidad, principal requisito del oficio, ha sido dilapidado de la manera más vil y miserable. Lo que vemos a diario nos muestran: titulares amarillos, vociferaciones dramatizadas, selección de entrevistados, ponen en sus revistas a los mismos “caseritos”, apoyo directo y con alfombra roja condescendiente, a los miembros del gobierno de facto.

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En Bolivia las fuerzas paramilitares se adueñan de las ciudades del eje central. Tratan de repetir su hazaña de octubre y noviembre del año 2019. Esta es la señal inequívoca que no existe gobierno, ni Estado de derecho.

La acumulación de equívocos en la gestión de la crisis política y de salud, ha debilitado al gobierno de facto, de tal manera que sus propios promotores ahora le cuestionan; “¿Cómo debo llamarla presidenta o candidata? porque no hay gobierno”, así preguntó una representante de un partido político de la derecha boliviana.

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