Un año perdido resulta en la historia de Bolivia verdaderamente catastrófico. El golpe de Estado de noviembre del 2019 no sólo significó la violación de la democracia; la instauración de un gobierno de facto permitió a los golpistas hacer y deshacer diversas iniciativas del Estado Plurinacional, en su ánimo de retorno a la vieja república neoliberal.

Una de las afrentas que ha enfurecido al pueblo boliviano ha sido precisamente el tratamiento de la pandemia. Negociados con la salud pública equivalen, en la práctica, a negociar con la vida de inocentes ciudadanos, cuyos impuestos se fueron a los bolsillos de los ministros de turno designados por Jeaninne Añez para cometer fechorías de diversa laya. Los resultados se vieron en poco tiempo: personal médico sin los mínimos equipamientos para atender a pacientes contagiados por el Covid; contratos millonarios con hoteles de lujo que nunca nadie supo cuál era el objetivo, si es que lo hubo; falta de personal médico en muchos hospitales y centros de salud, mientras paradójica y aviesamente se descalificaba a los cientos de médicos formados en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba y Venezuela; y un largo etcétera que no vale la pena rememorar.