Bloqueos directos y enmascaracados del gobierno que evitan combatir el tratamiento del COVID-19

Existen comportamientos inexplicables de parte del actual gobierno fuera del alcance de toda comprensión, comportamientos que empezaron casi desde el inicio de la pandemia, en marzo del presente año.

En abril fueron lanzados a la luz pública los primeros respiradores mecánicos hechos en Bolivia con el nombre de proyecto “Mambu”, de la empresa Quantum Bolivia y en convenio con la Universidad Católica Boliviana. Estos primeros respiradores fueron ofertados a las autoridades gubernamentales, sin embargo, no fueron tomados en cuenta a pesar de que contaban con especificaciones técnicas de alta calidad. Es de conocimiento público que el gobierno optó por la opción de importar los “respiradores de la corrupción”, y además de involucrarse en esta escandalosa compra con sobreprecio, las autoridades gubernamentales vetaron a Mambu la posibilidad de distribuir su producción en el mercado nacional. A pesar de que varios establecimientos hospitalarios se encuentran en lista de espera para adquirir estos respiradores, que además tienen un costo accesible, se está negando a la población contagiada de Covid-19 la posibilidad de contar con ventilación asistida.

En una publicación del diario Página7 de circulación nacional que data del 20 de mayo, se hizo público que en Bolivia surgieron en total 8 proyectos para la fabricación de respiradores a cargo de universidades y emprendedores independientes que ofrecieron soluciones de innovación. Dichos proyectos alcanzaron un nivel avanzado en su desarrollo, comprobados a través de pruebas médicas, pero al igual que los respiradores Mambu, ninguna de ellos fue considerado por el actual gobierno para su adquisición. El gobierno eligió el camino de la corrupción, tal como corrobora la nueva denuncia sobre la compra con sobreprecio de respiradores chinos de mala calidad que ya presentaron fallas.

En mayo, las autoridades sanitarias de Rusia aprobaron el primer medicamento para tratar el covid-19, se trata de un antiviral llamado “Avifavir” con gran efectividad en las pruebas clínicas locales. Este nuevo antiviral actúa inhibiendo la acción de la enzima RNA polimerasa -esencial para la replicación del virus-, sin causar toxicidad en las células del huésped (humano).

El 10 de julio Rusia lanzó de manera oficial el fármaco para su distribución en Latinoamérica. En Bolivia, la empresa de medicamentos Sigma suscribió un convenio con autoridades rusas para importar paquetes de Avifavir al país, y posteriormente producirla en sus propios laboratorios para su comercialización en el territorio nacional, con proyección de exportación a países vecinos. Para este fin, Rusia accedió a realizar la transferencia tecnológica del fármaco a esta empresa farmacéutica. Siguiendo con los pasos correspondientes, Sigma solicitó el permiso a las autoridades gubernamentales para la producción de Avifavir, autorización que fue denegada por dichas autoridades con argumentos infundados. Es así, que la Ministra de Salud Eidy Roca declaró que no promovería el tratamiento del Covid-19 con Avifavir por “no estar dentro del protocolo de atención” para esta enfermedad. Aquí surge la interrogante: ¿Existe a la fecha un protocolo ideal para el tratamiento de esta enfermedad viral? Pues hasta el momento, se han ido proponiendo una serie de ensayos para el tratamiento del Covid-19, mismos que se han ido descartando por presentar efectos secundarios al organismo, o simplemente por resultar ineficientes, pues no son fármacos antivirales específicos para este virus.

La empresa farmacéutica Sigma volvió a presentar otra solicitud de permiso a la “Comisión Científica de Bolivia” y a la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud “AGEMED”, pero la respuesta siguió demorando más de lo esperado. La Comisión Científica argumentó que no existía “suficiente evidencia científica” que certifique los efectos del Avifavir; vale la pena resaltar en este punto que dicha Comisión Científica no está conformada por representantes de las Sociedades Médicas del país y, por lo tanto, no es una comisión de lo más idónea.

En una nota del diario Los Tiempos de fecha 7 de agosto, se publicaba lo siguiente: “La transferencia tecnológica a la empresa Sigma Corp SRL para que importe y produzca Avifavir generará desarrollo económico y reconocimiento de la industria farmacéutica a nivel internacional, Sigma pretende elaborar el medicamento antes de fin de año, pero la autorización del Gobierno aún no llega”.

Finalmente, después de una larga espera de más de 1 mes (cuando la respuesta debía haberse dado en 48 Hrs.), por fin el gobierno dio su aprobación, a través de AGEMED, para la producción de Avifavir. Aunque esto representa una esperanza para el tratamiento del Covid-19, la Ministra de Salud sigue negando una oportunidad al uso de Avifavir. En una entrevista de prensa del 11 de agosto, declaró que el Gobierno no promoverá aún el uso del Avifavir porque “no esta dentro del protocolo” que se tiene para atender a pacientes con esta enfermedad. ¿Cómo puede la señora ministra desestimar la efectividad del Avifavir cuando este medicamento ha sido creado específicamente para frenar la actividad de este virus?

Otro bloqueo que salta a la vista es la resistencia del gobierno a equipar hospitales y centros de salud ya construidos, que en estos álgidos momentos son tan imprescindibles. ¿Cuánta gente está muriendo por falta de atención médica y tratamientos adecuados, que bien podrían ser cubiertos con una buena gestión gubernamental?

Sumada a esta lista de conductas que van en desmedro de la salud de la población boliviana, empapadas de corrupción, encontramos el sobreprecio en la compra de reactivos para las pruebas PCR. La empresa uruguaya ATGen SRL ofertó los reactivos pero fueron descalificados por no cumplir supuestamente los estándares de calidad, siendo que Uruguay es el país latinoamericano que mejor ha gestionado la pandemia. Este caso demuestra nuevamente la cadena de corrupción que este gobierno está cometiendo, aprovechando una situación de completa vulnerabilidad en el país.

Estos son algunos de los ejemplos del mal manejo y los bloqueos que el gobierno impone para dar soluciones a la pandemia que nos azota en la actualidad. ¿Existe un interés especial del gobierno por mantener a la población en confinamiento, sin dar posibles soluciones a esta situación crítica, y manteniendo a la población en este estado de pasiva fragilidad?

Esta situación es comparable al medievo, cuando la Iglesia Católica mantenía al pueblo atemorizado y generándole sentimientos de culpabilidad, pues se encargaba de asociar las pandemias a castigos divinos por los pecados cometidos. No es casual entonces que ahora se culpabilice a la población de contagios por salir a las calles en busca del sustento diario, o por cualquier acto de manifestación por sus derechos. De esta manera se excusan las actuales autoridades de cumplir con su deber de cuidar la salud de la población y encuentran culpables para cubrir su inoperancia.

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