En menos de siete meses de gestión, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira ha logrado lo que pocos hubieran imaginado posible: reunificar en la indignación a comunidades indígenas, campesinas y al pueblo trabajador boliviano. El binomio Paz–Lara llegó al poder tras unas elecciones marcadas por la desconfianza: en primera vuelta, los votos blancos y nulos alcanzaron el 21,92%. En segunda vuelta, Paz obtuvo el 66% no por convicción popular, sino como «el menos peor» frente al retorno de Tuto Quiroga, figura ligada a la privatización y a los peores índices de desigualdad de las últimas décadas.

Una vez en el poder, el gobierno abandonó rápidamente sus promesas de campana solicitando préstamos al FMI, al BID y a la CAF. Eliminó impuestos a las grandes fortunas para «atraer inversores», liberalizó las exportaciones de carne y granos, y firmó un decreto para levantar la subvención a los hidrocarburos. A todo esto se sumó el acercamiento al gobierno de Donald Trump, el retorno de la DEA al país y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel en pleno genocidio sobre el pueblo palestino.

Como si no bastara, una serie de escándalos de corrupción terminaron de hundir la imagen del Ejecutivo: tráfico de marihuana líquida en aviones militares, desaparición de bienes confiscados al narcotraficante Sebastián Marset, ingreso de 32 maletas sin control aduanero desde Estados Unidos, importación de gasolina de pésima calidad a sobreprecio que dañó vehículos en todo el país, cobertura policial a vuelos de avionetas vinculadas al narcotráfico en Beni, y el asesinato de un magistrado del Tribunal Agroambiental a manos de sicarios.

La respuesta social fue contundente. La marcha indígena y campesina de Pando y Beni recorrió 28 días de caminata hasta La Paz, exigiendo la abrogación de la Ley N.º 1720, que habilitaba el despojo de tierras de pequeños productores sin consulta previa. La Central Obrera Boliviana movilizó a más de 80 organizaciones y presentó un pliego de 14 puntos. Los magisterios urbano y rural, los cooperativistas mineros y el sector del transporte se sumaron a las protestas con demandas propias. El 6 de mayo, diversas organizaciones firmaron el Pacto de Unidad por la Dignidad, la Soberanía Nacional y la Defensa de la Tierra y el Territorio, articulando un frente amplio de resistencia.

El gobierno intentó desmovilizar el conflicto mediante acuerdos parciales: abrogó la Ley N.º 1720, firmó decretos sobre titulación de tierras amazónicas y llegó a pactos con magisterios, transportistas y cooperativistas mineros. Sin embargo, varios sectores desconocieron esos acuerdos por considerar que sus dirigencias carecían de legitimidad, y otros simplemente no vieron atendidas sus demandas centrales. La represión recrudeció: los operativos policiales dejaron casi una decena de muertos, cientos de heridos y detenidos. Lejos de apagar el fuego, eso lo extendió. Hoy, los sectores indígenas y campesinas ya no piden reformas: exigen la renuncia inmediata de Rodrigo Paz Pereira.

Lo que Bolivia vive no es una crisis circunstancial ni una simple disputa entre actores políticos. Es la expresión de una contradicción estructural y profunda: la de un Estado que, una vez más, ha optado por los intereses del capital por encima de los derechos de las mayorías. Cualquiera que sea el destino del presidente, la lucha continuará hasta que los movimientos sociales logren sus demandas. Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre.

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