El honor de estar en la lista negra de la UN Watch, Ong internacional que encubre el intervencionismo

Las alarmas se encendieron. Las primeras planas de los periódicos que apuntalan la democracia liberal y que no hacen otra cosa que defender intereses extranjeros titularon a tres columnas. La derecha política escuchando campanas y sin saber dónde expresó su repudio. Diplomáticos de carrera, encorchetados en su visión republicana, encontraron la oportunidad para hacer corrillos sobre “el nuevo error” en política internacional del gobierno del MAS…

Todo porque una Ong internacional denominada UN Watch (de la cual solo basta ver quiénes son miembros de su directorio para darse cuenta que actúa al servicio de las potencias neocolonialistas mundiales), juzgó que Bolivia debía ingresar en una lista negra de la ONU por no ser signataria de una Resolución, que da pie a antojadizas interpretaciones que podrían justificar la intervención militar imperialista en casos de “supuestas violaciones a los derechos humanos”.

La Resolución lleva un título sobre el que cualquier ciudadano del mundo tendría que estar de acuerdo: “La responsabilidad de proteger y prevenir el genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad”, pero tiene un contenido engañoso por dejar “vacíos de interpretación”.

Para nadie es desconocido que el sistema de las Naciones Unidas hace décadas está en crisis y requiere una refundación. Supuestamente en las Naciones Unidas todos los países son iguales. Pero no es así, no solamente porque algunos países ejercen derechos de veto (como los Estados Unidos) y definitivamente esa aparente igualdad solo sirve cuando a los cinco países titulares que componen el Consejo de Seguridad, les interesa que sus aliados de segunda categoría, avalen sus decisiones con su voto.

Así como el Che denunciara en Montevideo en 1964 que la OEA era un ministerio de colonias, hoy, las NNUU se han convertido en un parlamento que tiene “dueños” y pretende diseñar los destinos de la humanidad, haciendo antojadizas conceptualizaciones en base a resoluciones e instrumentos vinculantes, mediante las cuales los poderosos deciden por ejemplo “guerras preventivas” con el justificativo de luchar por contra “los terroristas narcotraficantes y las asociaciones delictivas internacionales”, calificando a estas, con distintos raseros y de acuerdo a la conveniencia política y económica de los imperios neocolonizantes (solo recordar que Al Qaeda era un aliado de la CIA)… y todo en nombre de los derechos humanos.

Los derechos humanos tienen un carácter ético y moral y responden a un compromiso político de todas las naciones del mundo que no han tenido la necesidad de signar la Declaración Universal, y a partir de esto constituyen una obligación que ha sido incorporada en muchas constituciones políticas.

Hoy, esos derechos humanos reconocidos internacionalmente a partir de una postura ética, pretenden ser “utilizados” en el Law Fare, una nueva táctica de los países poderosos, que implica la politización de la justicia y que está siendo utilizado en contra de gobiernos y políticos anti sistémicos como Lula, Lugo o la Kirshner, junto a Gadafi y Sadam Husein, quienes fueron juzgados antojadizamente y sin pruebas fehacientes, constituyéndose el Law Fare un nuevo mecanismo de la Guerra Total que aplican las potencias, contra quienes se oponen al sistema.

Bolivia no está al margen de la utilización del Law Fare. La supuesta “transición constitucional” que fue el argumento legal para encubrir el golpe de Estado contra Evo Morales, es también parte de este mecanismo de intervención que se viste de juridicidad para efectivizar acciones políticas.

En ese mismo contexto, la Resolución A/75/L.82 del 10 de mayo del 2021 a la que nos referimos, fue rechazada por 15 países entre ellos Bolivia, por considerar que no era sino un Caballo de Troya, que en su interior llevaba la posibilidad interpretar antojadizamente conceptos que permitan “intervenciones humanitarias” en nombre de los derechos humanos, violando los principios de soberanía y no intervención.

Debemos felicitarnos como país por el voto negativo a la aprobación de una Resolución que puede convertirse en un nuevo y tramposo instrumento internacional (como lo es también la Carta Democrática Interamericana de la OEA). Reconocer la seguramente difícil pero comprometida intervención de nuestro Embajador ante las NNUU y enaltecer y reivindicar también los lineamientos de política internacional de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores,  que actuó ajustado a nuestros principios constitucionales y en línea con los principios y fundamentos con que fue creado el hoy tan maltrecho sistema de las Naciones Unidas.

*Ex Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante la República Popular China

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