Censo 2022: acoso y desgaste

La derecha golpista insiste en hallar algún tema que provoque la indignación de otros sectores de la sociedad boliviana, con el objetivo de desestabilizar al gobierno. Cuentan con el vigoroso respaldo de medios de comunicación hegemónicos, los cuales colaboran en las operaciones de instalación de temáticas, generan inquietud, y promueven sospechas a partir de artículos informativos o columnas de opinión invariablemente adversas a casi cualquier medida asumida por el gobierno elegido democráticamente.

Una de las materias que parece haberles dado cierto rédito es la del próximo censo. La campaña de desprestigio comenzó afirmando que no se realizaría; posteriormente se indicó que se manipularían los resultados (volvió a aparecer en el horizonte la productiva conjetura de un fraude). Más adelante se demandó la inclusión de la categoría mestizo/a, así como una pregunta por la identidad religiosa de cada persona. Nos encontramos ahora en esa fase del operativo de desgaste, que augura no ser la última, habida cuenta de las variaciones que introducirá el censo (número de diputaciones por Departamento, redistribución de escaños, modificación de circunscripciones, distribución de recursos, etc.).

La ciudadanía y sus prácticas religiosas

El reclamo para incluir la adscripción religiosa se ha manifestado en opiniones y propuestas desopilantes. Van algunos casos.

En el brevísimo documento elaborado durante la reciente CX Asamblea de obispos católicos, se afirma que un motivo de preocupación es “la falta de transparencia y la tendencia a politizar el próximo censo que se realizará en nuestro país”, y se agrega que es “el instrumento para tener el reflejo objetivo de la realidad boliviana, a nivel demográfico, económico, social e identidad cultural y religiosa”. No explican en qué consistiría la falta de transparencia ni la tendencia a politizar el censo (un ejemplo de acusaciones graves sin argumentos a la vista).

De acuerdo con Iglesia Viva, agencia de noticias de la propia Conferencia Episcopal, en una ronda periodística posterior a la presentación de dicho documento, el mismísimo Presidente de esa Conferencia dijo entre otras cosas “Es verdad que escuchamos decir que Bolivia es un país laico…”. Resulta llamativa la expresión “escuchamos decir”, como si fuera una especie de rumor difuso y no algo que está claramente establecido en la CPE. Por otro lado, no se trata de un “país laico” sino de que el Estado se define como independiente de la religión, y respeta y garantiza la libertad de religiones y creencias espirituales (Art. 4). Pero el obispo continúa, dando un salto caprichoso y descontextualizado, con su llamada de prevención contra el laicismo (algo que no menciona la CPE y tampoco se advierte como tendencia social relevante).

Por su parte, la agencia Erbol citó a otra autoridad católica, en este caso el Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal, el cual señaló que es importante la pregunta por la religión que se practica porque “En toda Europa, cuando marcas tu casilla con tu religión, un tanto de tus impuestos va a esa iglesia para las obras sociales”. A este personaje no parece interesarle tanto la CPE como las posibilidades financieras que abriría la famosa pregunta…

Se han expresado asimismo algunos referentes evangélicos. También de acuerdo a Erbol, el Presidente del Consejo Nacional Cristiano de Iglesias Evangélicas de Bolivia afirmó que conocer cuántos creen en Jesucristo “evitará que sean discriminados en la toma de decisiones estatales”. Por supuesto no explica de qué modo estarían siendo discriminados en la actualidad, o cómo se involucrarían en un futuro en la toma de decisiones estatales. Ya en plan de franco desvarío, señala que “Necesitamos saber cuántos católicos hay, cuántos evangélicos hay. Con 90%, más del 95% de judeocristianos en Bolivia, Bolivia dejaría de ser un Estado laico, y nos convertiremos en un Estado judeocristiano”. Huelgan aquí los comentarios.

Por su parte, el Presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia duda que el Estado pueda garantizar el ejercicio de la libertad religiosa si no conoce el número de cristianos. Otro argumento pintoresco…

El propósito de fondo

Tanto la ignorancia expuesta por altos cargos de instituciones religiosas como los numerosos argumentos desatinados son en realidad expresión del desprecio que sienten por los cambios que el pueblo boliviano ha conseguido luego de décadas de lucha. Por otro lado, no es ningún secreto que buena parte de la ciudadanía es religiosa, aunque dicha religiosidad, con elementos del acervo cristiano y también de otras creencias, es de tipo cultural/popular y no implica en general activismo o pertenencia eclesial militante. Se trata de una “religiosidad amplia” que se manifiesta por lo general en tradiciones y devociones populares de todo tipo, más que en una adhesión estricta y disciplinada a preceptos y credos.

Si tal es la realidad ¿a qué apuntan los que exigen en el censo una pregunta por la filiación religiosa? Uno de los objetivos de la demanda es formalizar en términos estadísticos esa pertenencia, de modo que las jerarquías y el clero de las iglesias justifiquen y oficialicen la reinstalación del denominado modelo de cristiandad, que operó durante siglos en el mundo, pero que además tuvo un conato de materialización durante el golpe de 2019. No es casual que en aquella oportunidad los golpistas hayan privilegiado determinados símbolos, gestos y fraseología religiosa en contraposición con aquello que consideraban salvaje. En esa ocasión se intentó la restauración de cierto orden sociopolítico sustentado en un razonamiento religioso conservador, jerarquizante, elitista y excluyente. Algunos grupos, en sintonía con el actual embate derechista en el mundo, añoran el modelo, que básicamente consiste en la imposición de una estructura piramidal en la sociedad, en la cual los clérigos se auto-instalan en el vértice superior como mediadores e intérpretes de los designios divinos, guardianes y poseedores de la verdad, expertos en un tipo de cosmovisión modélica, y en consecuencia tutores, fiscales, censores y guías de la sociedad. En suma, un proyecto que niega de manera enfática las implicaciones del art. 4 de nuestra CPE , así como los derechos que garantiza.

Alejandro Dausá

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