La guerra judicial en nuestro continente es la utilización política de la justicia para eliminar “judicialmente” al o la líder de izquierda, considerado enemigo por el establishment de poder, para reordenar la política, los poderes políticos y facilitar el acceso y control del poder a las facciones de derecha a nombre de la libertad y la democracia.

La República, tutelada desde siempre por el imperio del norte, es el republicanismo neocolonial que usa sus “principios”: división e independencia de poderes, democracia, Estado de derecho, etc., en función a los tiempos e interés fácticos de los grupos de poder interno y externo, es decir, los principios que los envuelve es solo un ropaje que cubre la esencia misma del poder. 

La segunda mitad del siglo pasado, el republicanismo clausuró violentamente un principio de la República: la democracia a nombre de la libertad, de la patria y contra el comunismo, la “gobernabilidad” del poder estaba en los cuarteles militares y en los estratos judiciales.

La intervención armada propia del fascismo valida el poder, el Poder Judicial legaliza la represión y el poder fáctico, la política tiene en la armas militares y judiciales su fuente de poder.

La recuperación de la democracia por los pueblos, organizaciones sociales y la izquierda, replegó a los militares a sus cuarteles, pero los tribunales inquisitorios de la justicia, sin sonrojarse se autodenominaron guardianes del Estado de derecho y la constitucionalidad republicana.

Los hechos más emblemáticos del lawfare se expresaron en Brasil; el juez federal Sergio Moro condeno a nueve años de prisión al expresidente Lula da Silva en pleno año electoral. Lula lideraba las encuestas, su inhabilitación y encarcelamiento posibilitaron el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro. El juez Moro fue nombrado ministro de Justicia, actualmente es senador. Lula estuvo en prisión 580 días, la Corte Suprema de Brasil anuló las condenas por corrupción porque carecían de prueba y estaban motivadas más por motivos políticos.

En Ecuador, Lenín Moreno, quien fuera uno de los vicepresidentes de Rafael Correa, cuando fue elegido presidente se apropió del gobierno, la forma fue la eliminación judicial de sus mentores. Jorge Glas, su vicepresidente, fue sentenciado y encarcelado por seis años. En 2023, la Justicia revisó el proceso y declaró nulo un juicio por peculado, por esa misma causa fue sentenciado Correa e inhabilitado de ejercer cargos públicos. Esta sentencia benefició de manera directa al triunfo electoral de Guillermo Lasso, multimillonario de derecha.

En Argentina, a Cristina Fernández de Kirchner le han abierto más de 12 causas judiciales, incluidas varias en las que había sido sobreseída y que han sido reabiertas. La causa más reciente y escandalosa es la de Vialidad, por ésta la han sentenciado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Los beneficiarios políticos son Macri y el ultraderechista Milei.

La connotación política del lawfare tiene que ver con la composición política del poder a favor de las derechas, la juristocracia (el gobierno de los jueces y fiscales) adquiere rol decisivo en los momentos oportunos.

En nuestro país, los tribunales de justicia y el Constitucional están asumiendo también un rol político decisivo que no tiene la misma connotación de los tres países mencionados, pero tiene efecto político en los órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El vocal de la Sala Constitucional Primera de La Paz determinó temporalmente suspender la facultad constitucional que tiene la Asamblea Legislativa de interpelación a los ministros, a través de una medida cautelar.

La preselección de candidatos para las elecciones judiciales que tiene que desarrollar la Asamblea Legislativa, fue suspendida inicialmente en dos ocasiones por resolución de Tribunal Constitucional; el tercer momento, que aparentemente era una base de acuerdo en el Senado, posibilitaba abrir un escenario de debate en Diputados. Contrarios a esta oportunidad, los diputados delegaron su facultad de decidir al Tribunal Supremo de Justicia, que condicionó su opinión a una consulta al TCP, y el proceso de preselección y elección judicial se clausuró indefinidamente.

Estas resoluciones reordenan el escenario, inhabilitan a la Asamblea indefinidamente en su facultad constitucional y prohíben al soberano, que es el pueblo, a concurrir para elegir y decidir.

La democracia como forma sustantiva de organización de los órganos de poder del Estado está condicionada a fallos jurisdiccionales, los jueces se arrogan la condición de soberanos para decidir, es decir, intervienen en el momento político oportuno.

La guerra judicial o lawfare es un método político no convencional que usa la ley y el poder del juez (juristocracia) para influir y decidir sobre la temporalidad política que determina la composición del poder.

(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda