El gobierno de Rodrigo Paz impulsa políticas orientadas al mercado, la inversión privada y las reformas económicas, en clara oposición a las directrices desarrolladas entre 2005 y 2019, especialmente aquellas vinculadas al Estado Plurinacional, la descolonización y la despatriarcalización. En los últimos tiempos, Paz y otros políticos liberales han defendido un mayor protagonismo del sector privado, la reducción del tamaño del Estado y una menor intervención estatal en la economía.

Sin embargo, sectores sociales de mujeres e indígenas consideran que este enfoque debilitará el modelo económico estatal, la redistribución social y, esencialmente, el rol protector del Estado Plurinacional, que históricamente ha otorgado importancia al control estatal y comunitario sobre los recursos naturales.

El gobierno actual prioriza políticas que beneficiarían a los sectores más ricos del país. La primera medida ha sido eliminar impuestos a los más ricos, impulsar la inversión privada y anular empresas estatales —incluso aquellas eficientes— cuyas ganancias servían para la redistribución mediante bonos a los más necesitados. Asimismo, busca atraer empresas nacionales y extranjeras para el manejo de recursos naturales como el litio, el oro y las tierras raras, ofreciendo menor regulación, incentivos tributarios, apertura económica y apoyo al empresariado.

También se ha brindado un apoyo significativo al agronegocio y al uso de transgénicos, con la visión de aumentar la producción para la exportación, sin evaluar los posibles daños a la salud de la población ni el riesgo de no retorno de divisas al país. En general, estas propuestas reflejan una visión más republicana y menos identitaria, valorando la meritocracia, la ciudadanía individual y la modernización liberal, lo que genera tensión con la idea plurinacional basada en derechos colectivos, derechos de las mujeres, identidades indígenas y autonomías comunitarias.

Estas medidas, propias del enfoque neoliberal, han generado un temor generalizado entre los movimientos indígenas, campesinos y las mujeres, quienes advierten una posible pérdida de control territorial, debilitamiento de la vida comunitaria, menor protección de los derechos colectivos y restricción de servicios, particularmente para las mujeres.

En Bolivia, estos cuestionamientos simbólicos y políticos han generado una fuerte polarización. Mientras unos consideran que reformar el modelo equivale a modernizarlo, otros creen que implica retroceder en derechos indígenas, de mujeres y sociales. Desde los sectores indígenas, campesinos, feministas y de izquierda, las propuestas neoliberales se perciben como una amenaza que podría recentralizar el poder económico, reducir las políticas redistributivas y sociales —como el Bono Juana Azurduy de Padilla, que beneficia especialmente a mujeres embarazadas y a sus hijos— y debilitar los derechos colectivos y de las mujeres.

En términos concretos, las políticas neoliberales asociadas al actual gobierno tendrían efectos negativos sobre las mujeres bolivianas:

Reducción de programas sociales: Menos gasto público, reducción de subsidios y menor presencia estatal afectan especialmente a mujeres pobres, madres solteras y mujeres rurales, que dependen de la salud pública, bonos sociales, apoyo alimentario y educación estatal. Cuando estos servicios disminuyen, aumenta el trabajo doméstico y de cuidado, y crece la presión económica sobre madres y cuidadoras.

Precarización laboral: La flexibilización de las leyes laborales podría incrementar los trabajos temporales o informales, disminuir la estabilidad laboral y empeorar las condiciones de trabajadoras domésticas y comerciantes. Las mujeres ya están sobrerrepresentadas en estos sectores precarizados.

Mercantilización de servicios: La disminución de subsidios, las privatizaciones parciales y una mayor participación privada en servicios implican que estos ingresan a la lógica del mercado, perdiendo su carácter de servicio público estatal.

Impacto desigual en mujeres indígenas y campesinas: Ellas son más vulnerables a la privatización de recursos, a la desigualdad territorial y a la falta de acceso a crédito y tecnología, especialmente en contextos de recorte del gasto público.

Las políticas de mercado sin protección social amplían las brechas sociales y de género. Por ello, las mujeres exigen que las reformas económicas se combinen con políticas de protección social y equidad de género, ya que las mujeres pobres, rurales e indígenas podrían enfrentar mayores riesgos si disminuye el apoyo estatal.

Esta es la razón por la que muchas mujeres, especialmente del área rural, son parte activa de las protestas, los bloqueos y las demandas de cambio en las esferas del gobierno.

Cochabamba, mayo de 2026
Arq. María Isabel Caero