Cuando vemos y oímos cómo fluyen los conflictos sociales actuales, inevitablemente nos obligan a compararlos con aquellas acciones hipócritas del pasado reciente. Acciones protagonizadas por actores políticos como Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y otros; por dirigentes cívicos, empresarios, la cúpula eclesial y los mismos medios de comunicación que hoy, en los hechos recientes de La Paz, guardan un silencio cómplice o cambian el libreto según la conveniencia.

Hoy, según estos mismos actores, los hechos parecen tener mayor repercusión. La interpretación que hacen de ellos es apocalíptica: lo califican como la «peor tragedia», la «maldición de los masistas». Anuncian, con tono de profecía, que estamos viviendo la última faceta de la historia. Sin embargo, hechos similares a los que vivimos en los últimos años nos ayudarían a entender episodios aún más dolorosos que sufrió el pueblo boliviano en pleno siglo XXI: ataques a su dignidad, acciones racistas y xenófobas.

Recordemos el rol que asumieron estos actores políticos en 2019. Carlos Mesa precedió las movilizaciones con su llamado a «quemar las instituciones del Tribunal Supremo Electoral» y con su falsa narrativa de un «fraude monumental». Con esa frase incitó el inicio de acciones violentas que desembocaron en un golpe de Estado.

Luis Fernando Camacho, por su parte, con el respaldo del movimiento cívico nacional, llamaba a cabildos desde su propia región. Sus huestes de la Unión Juvenil Cruceñista, con insistentes convocatorias, instruían bloqueos y «tomas institucionales» bajo el rótulo de «pacíficas». En los hechos, se comprobó que esas acciones solo perseguían fines conspirativos y de sedición.

Sin embargo, el hecho más censurable fue su propio llamado a que renunciara el entonces presidente Evo Morales. Arrogándose ser el líder que gozaba del respaldo de sus aliados, Camacho declaró contundentemente: «Tenemos derecho a pedir la renuncia de cualquier mandatario. Que recuerde el presidente que es un funcionario público, nosotros pagamos su sueldo» (El Deber, 5 de noviembre de 2019).

Si aquello fue tan evidente, comparemos con lo que hoy se le quiere endilgar al dirigente cobista Mario Argollo. Tal como lo califica el vocero actual, Luis Fernando Camacho también cometió un grave delito: llamar al levantamiento de la población, incitar a la violencia y pedir la renuncia del primer mandatario. Entonces, ¿no debería Camacho seguir en la cárcel por acciones sediciosas?

Recordemos también que Jorge «Tuto» Quiroga fue el operador internacional para buscar respaldo a las acciones golpistas de 2019, directamente con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Hoy se llena la boca con el «respeto a la democracia», pero fue el estratega para impulsar acciones contra la democracia. Ahora dice que se vive “un exterminio” por parte de los bloqueadores, que utilizan los bloqueos para “exterminar” a los bolivianos.

Ni qué decir del Comité Pro Santa Cruz. Desde que inició la gestión del MAS en 2006, lideró acciones violentas impulsadas por esa vertiente radical nacida en Santa Cruz y por su ala dura: la Unión Juvenil Cruceñista. Están ligadas a las logias cruceñas, a los empresarios y a las políticas de ultraderecha creadas por el exprecandidato cívico y hoy senador Branko Marinković, con el respaldo de la misma Embajada estadounidense.

Las «acciones violentas» que hoy los medios repiten a rajatabla tuvieron en otros departamentos a sus grupos paramilitares. No solo cometieron acciones violentas, sino sobre todo ataques racistas: en Cochabamba, los motoqueros de la denominada «Resistencia Ckochala», con bates y bien armados, retuvieron a mujeres campesinas de pollera, las tomaron como rehenes y las llevaron a un lugar desconocido de la ciudad.

Otros hechos verificados por esos grupos paramilitares fueron los ataques violentos a las oficinas de la Fiscalía General del Estado en Sucre. Dichas instalaciones fueron allanadas por una turba bien pertrechada con chalecos, cuyo modus operandi coordina su trabajo a través de las redes sociales.

Estos nuevos paramilitares, muy citadinos, con la ayuda de sus medios, la Iglesia Católica y otros, se reclaman abanderados de la democracia. Pero estas agrupaciones vienen desde el tiempo de la conspiración abierta de los años 2007 y 2008, cuando desde las tomas institucionales —con prefectos y cívicos— trataron de partir el país.

A todo ello se añade la violencia racista. En La Paz, por ejemplo, se vieron en algunas plazuelas pintadas con mensajes que señalaban: «Bolivia libre de indios». Los genes coloniales se expresan libremente en un país con mayoría de pueblos originarios, pese a que existen leyes que penalizan estas conductas.

La Iglesia Católica fue otro actor hipócrita. Aliada a ese movimiento cívico, «echó agua bendita» al nuevo gobierno de facto de Jeanine Áñez. Hoy, guarda un silencio cómplice frente a las acciones violentas que comete el gobierno de Rodrigo Paz Pereira.

Después de haber fracasado en sus intenciones separatistas, el movimiento cívico, los empresarios, los medios de comunicación y la propia Iglesia jerárquica olvidan que años atrás se cometieron acciones que —como hoy— pretenden dejar en el olvido hechos racistas y violentos que violaron la Constitución, naturalizaron la ilegalidad y usurparon la voluntad popular.

Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina y el Caribe