Etiqueta: Medios de Comunicación

La estrategia de desinformar, de manipular la información siempre ha sido un arma de los medios privados de comunicación en Bolivia, aliados de la oposición política para desviar los temas que la agenda política coloca en la coyuntura desde la llegada de Evo Morales al poder.

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Un debate que debiera ser ficticio empieza a ser posesionado por los grandes medios de comunicación, cuya orientación común es ya de sobra conocida. Los siempre atractivos términos de “reconciliación”, “acuerdo nacional”, “pacificación” y otros por el estilo, han salido a relucir en declaraciones de no pocos políticos pasados de moda y variados titulares de prensa. Aparentemente inofensivos, en realidad, son argumentos edulcorados contra la necesidad de poner fin a la impunidad y castigar de manera ejemplar a quienes han incurrido en delitos, actos de corrupción y crímenes de lesa humanidad.

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Hemos guardado un prudente silencio esperando que las ideas luminosas del “Vivir Bien” se apliquen con el nuevo gobierno, en una sociedad castigada por la crisis mundial de una civilización cada vez más decadente. Lamentablemente nuestra expectativa tuvo un duro revés con la impunidad que gozan los autores del golpe de Estado y sus operadores inmediatos.

Estamos en ese momento cuando el mundo se pone “patas arriba” como señaló Galeano, y parece que estamos en el reino de la infamia, cuando vemos a un candidato de grueso bigote ser aprobado en su intento de llegar a la Alcaldía que fue presa de la violencia por su complicidad con las ideas separatistas, o cuando una dictadora aconseja a un gobierno salido de las urnas.

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La metafísica popular, en la kafkiana realidad boliviana, va más allá de las canciones del “Papirri”, es una práctica cotidiana en una sociedad intercultural que piensa en aymara, quechua o guaraní y que habla en castellano. Esta metafísica popular ha llegado al campo político y de la peor manera.

Eva Copa, es atacada por un grupo de izquierda denominada “la Resistencia”, varios líderes y liderezas de los movimientos sociales no pueden ser ministros “porque no son técnicos”, los presos políticos continúan en las cárceles, alguno con riesgo de perder la vida, mientras los golpistas disfrutan, fuera del país, de los dineros mal habidos.

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No es novedad que los llamados medios privados y algunos emporios de comunicación hayan sido parte de golpes de estado en Bolivia. Eso se registra en los anales de la historia, incluso con los gobiernos de facto de Hugo Banzer y García Meza en los setentas y ochentas del siglo anterior.

Pero en lo que respecta a estos últimos años, desde que llegó a la presidencia en 2005 Evo Morales, con su triunfo de más del 52% de los votos, los medios de comunicación privados apoyados por la embajada norteamericana, partidos de la ultraderecha, junto a logias del oriente, articularon una dura y feroz resistencia a su gobierno.

Recordemos episodios más reconocidos en ese tiempo, desde que se instala la Asamblea Constituyente en Sucre, seguido de los famosos hechos de “La Calancha”, la implementación de los estatutos autonómicos en regiones del oriente y el sur del país en los que, por influencia de esos medios, no permitieron que el presidente Morales pisara esas regiones.

La lógica de los medios siempre fue establecer el cerco desde varios flancos de ataque: las revistas informativas, sus noticiarios tuvieron siempre a sus propios “analistas”, sus “voceros” y “caseritos”, que marcaron en su narrativa y línea discursiva que, el gobierno quiere “llevarnos a ser otra Cuba u otro gobierno como Venezuela…”

Muchos de los periodistas, hoy analistas de medios, fueron directores. El caso de Andrés Gómez en ERBOL, o Raúl Peñaranda en Página Siete y la misma Amalia Pando que desde su “Cabildeo” en el canal estatal en el año 2007, transitó varios medios privados mostrando su postura radical contra el gobierno de Evo Morales.

Esos medios apoyaron fervientemente al gobierno de facto con una cobertura dirigida políticamente y con la evidente intención de neutralizar cualquier crítica a la forma de gobernar de éste y su llegada al poder. La estrategia mediática se iniciaba ante cualquier movilización de los comités cívicos, sus cabildos o reuniones; los medios estaban bien alineados, a hora puntual y con todos sus dispositivos para dar amplia cobertura.

Lo mismo hicieron sus periodistas en las revistas mañaneras o de la noche, dando amplia cobertura para “sus autoridades”, que en sus declaraciones, justificaban las acciones golpistas, con el pretexto de “salvar la democracia”.

En los medios impresos, Página Siete y sus columnistas protagonizaron una sistemática campaña para despejar cualquier sospecha de que el gobierno de Áñez hubiera nacido de un golpe de Estado o una confabulación de la élite.

La radio Panamericana es ejemplo del apoyo mediático al gobierno de facto, cuando de forma descarada el periodista Juan José Hidalgo entrevistaba a Arturo Murillo, poniendo en su boca palabras que, a lo que el exministro afirmaba: “pero claro Juan José” y el periodista justificaba a su vez, con su típica frasecita: “como usted bien decía”, a las acciones represivas que ejecutada ese gobierno.

En otras entrevistas que Hidalgo de Panamericana hace a operadores de la derecha, ex asambleístas opositores sobre el tema de la llegada de la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), el periodista lleva agua a su molino, poniendo en entredicho lo que hará esa Comisión, “por qué no investiga otros hechos, que se dieron entre octubre y noviembre”, desviando el propósito central de la llegada de esa delegación.

El 16 de noviembre de 2019, en Sacaba, mas propiamente en Huayllani, una columna de cocaleros que intentaba llegar a la ciudad de Cochabamba fue detenida por fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército. Murieron 10 campesinos y decenas fueron heridos.

Sabemos por los medios que ningún elemento uniformado murió o fue lastimado por disparos. Sin embargo: Página Siete tituló: ‘Fuego cruzado entre cocaleros y FFAA deja al menos seis muertos’. En la noticia se afirmaba, sin suministrar pruebas, que los manifestantes tenían “armas de fuego y otros objetos letales”.

El 19 de noviembre, las fuerzas conjuntas rompieron temporalmente el bloqueo de la planta de acopio de gas y gasolina de Senkata, situada en El Alto, a fin de llevar camiones cisterna con gasolina a la ciudad de La Paz. Luego de hacerlo, dejaron la planta custodiada por militares con armas de fuego.

Cuando surge la posibilidad de mostrar evidencias de lo que fueron esos hechos, las cadenas Telesur y RT, venezolana y rusa, fueron suspendidas de los servicios de cable del país, así como las radios comunitarias son clausuradas porque según el gobierno de facto, estaban alineadas al gobierno de Morales.

Ha pasado un año y lo llamativo es que continua el cerco mediático en varios medios privados de televisión, radio y medios impresos.

Es triste y censurable el accionar de los “periodistas” de esos medios, que bajo el amparo de sus empresarios, actúan por abajo dejando a un lado su formación ética, los principios del periodismo y el respeto a la misma Constitución Política del Estado.

Si la CIDH tiene el propósito de investigar a fondo lo sucedido en los meses de octubre y noviembre en las masacres de Senkata y Sacaba, pero tendrá que indagar también el rol de esos medios de comunicación privados, al tapar las acciones de los golpistas y, por sobre todo, en ponerse al servicio de quienes ocultaron la información y no revelan la verdad de lo ocurrido.

*Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina y el Caribe

Bajo los pretextos de fraude electoral y sedición, la dictadura de la autoproclamada Jeaninne Añez se dio a la tarea de perseguir, encarcelar y encausar judicialmente a numerosos ciudadanos, de cuya culpabilidad se presumió al amparo de una fraguada campaña mediática. Todavía está en el recuerdo de la opinión pública, las detenciones arbitrarias, como la del muchacho casi adolescente, al que se lo señaló como un delincuente digital nada más que por decir y hacer circular la verdad en las redes sociales. Los medios masivos de comunicación no dijeron esta boca es mía con relación a esta flagrante violación de libertad.

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Un par de imbéciles ha puesto de manifiesto el tratamiento discriminador de comunicadores y medios de comunicación que, micrófono, cámara y/o computadora como arma, se creen con el derecho de agredir e insultar impunemente [imbécil: 1. adj. Tonto o falto de inteligencia. U. t. c. s. U. t. c. insulto. Diccionario de la Real Academia de la Lengua]. Todo, claro está, en nombre de la libertad de expresión; eufemismo que esconde, en realidad, la libertad de empresa comunicadora, dispuesta a vender sus espacios y su voz al mejor postor que, por lo general, es el que mejor puede pagarle, sin interesar de dónde vienen las treinta monedas.

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El compromiso ciudadano de ejercer la democracia como decisión personal pero con sentido de responsabilidad colectiva, ha sido presionado desde diversos frentes. Primero por el terrorismo de Estado que ha mantenido el discurso que dio origen al golpe de Estado en noviembre del año pasado y que puso neurótica a la población de varias ciudades.

Otro frente de presión vino desde el sur del país, un abogado, candidato fallido del MNR de apellido Lema, se dedicó a presionar a sus seguidores para direccionar su voto con argumentos muy infantiles, que dan cuenta de su fracasada incursión en la política nacional.

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