Los cincuenta días de conflicto que atravesó Bolivia no fueron únicamente una crisis social ni un episodio de ingobernabilidad. Fueron la demostración de una forma de gobernar. Mientras la población permanecía atrapada entre bloqueos, escasez de combustibles, amenazas y negociaciones interminables, el gobierno de Rodrigo Paz avanzó silenciosamente en la transformación del modelo económico. La verdadera batalla no se libraba en las carreteras, sino en los decretos, los convenios internacionales y las reformas que comienzan a reorientar el Estado Plurinacional hacia un nuevo ciclo de remiendos neoliberales.

Toda estrategia política necesita controlar el tiempo y la atención de la sociedad. En Bolivia, el conflicto se convirtió en el principal escenario de esa disputa. Durante casi dos meses, el debate público giró alrededor de bloqueos, enfrentamientos, abastecimiento de diésel, filas interminables en los surtidores y permanentes anuncios gubernamentales que prometían soluciones inmediatas. La agenda nacional quedó completamente absorbida por la emergencia.

Sin embargo, mientras el país discutía la coyuntura, otra agenda continuaba avanzando con notable eficacia. Los acuerdos internacionales siguieron firmándose, nuevos marcos legales fueron aprobados y las decisiones económicas de mayor alcance mantuvieron un rumbo constante. La crisis interna no alteró esa dirección. Por el contrario, pareció crear las condiciones para que las transformaciones estratégicas pasaran prácticamente inadvertidas.

Ese contraste permite formular una hipótesis política que merece ser debatida: el gobierno administra dos agendas simultáneas. Una dirigida al interior, basada en la administración permanente del conflicto; otra orientada al exterior, enfocada en reconfigurar la inserción de Bolivia en la economía internacional y redefinir el papel del Estado en la actividad económica.

La agenda interna funciona mediante la administración de la incertidumbre. Los acuerdos con distintos sectores sociales se multiplican, pero sus resultados concretos son limitados. El caso del autotransporte es ilustrativo. Después de varias mesas de negociación y numerosos documentos firmados, la escasez de diésel continúa afectando gravemente la actividad económica. En Cochabamba, las largas filas en los surtidores siguen siendo parte del paisaje cotidiano.

Cuando los convenios dejan de ser mecanismos de solución y se convierten únicamente en instrumentos para desactivar temporalmente la protesta, el diálogo pierde credibilidad y el conflicto deja de ser excepcional para transformarse en un componente permanente de la gobernabilidad.

Mientras tanto, la agenda económica avanza con una coherencia que contrasta con el manejo de la crisis interna. La creciente apertura hacia nuevos acuerdos internacionales, la flexibilización de determinados marcos regulatorios y las señales enviadas a los grandes actores económicos responden a una misma orientación: reducir el papel estratégico del Estado y ampliar los espacios de actuación del capital privado.

No se trata únicamente de una discusión técnica sobre inversiones o crecimiento económico. Lo que está en juego es el modelo de desarrollo consagrado por la Constitución Política del Estado. El Estado Plurinacional fue concebido para conducir sectores estratégicos de la economía, proteger los recursos naturales y garantizar que la riqueza nacional estuviera orientada al bienestar colectivo. Cuando ese principio comienza a desplazarse por una lógica donde el mercado se convierte nuevamente en el principal ordenador de la economía, no estamos frente a ajustes administrativos, sino frente a un cambio de proyecto político.

Los sectores empresariales parecen haber comprendido rápidamente esa nueva correlación de fuerzas. Tras el levantamiento de las medidas de presión, diversas organizaciones económicas comenzaron a exigir compensaciones por las pérdidas sufridas durante el conflicto. Solicitan créditos, incentivos, flexibilización normativa y nuevos beneficios estatales. La crisis, una vez más, aparece como oportunidad para quienes poseen mayor capacidad de presión sobre el Estado.

El riesgo es evidente: mientras las mayorías soportan los costos de la inflación, la incertidumbre y el deterioro del poder adquisitivo, determinados grupos económicos buscan convertir la coyuntura en un mecanismo para ampliar privilegios y consolidar posiciones de ventaja.

En este escenario también preocupa el debilitamiento de la respuesta organizada del movimiento popular. La pasividad de algunas dirigencias frente a denuncias de persecución, procesos judiciales y detenciones de dirigentes sociales genera legítimas interrogantes sobre la capacidad de las organizaciones para ejercer una defensa efectiva de sus bases. Si los acuerdos alcanzados terminan garantizando tranquilidad para las dirigencias, pero no protección para los sectores movilizados, el resultado será una fractura progresiva de la confianza y de la unidad popular.

Esa fragmentación no constituye un problema menor. La historia boliviana demuestra que las grandes transformaciones sociales solo fueron posibles cuando campesinos, trabajadores, pueblos indígenas, sectores urbanos populares y clases medias comprometidas actuaron como un bloque histórico capaz de disputar el rumbo del país. Debilitar esa articulación significa facilitar el avance de proyectos que buscan restaurar un modelo económico donde el mercado sustituya nuevamente al Estado como principal organizador de la vida nacional.

Por eso, la principal enseñanza de estos cincuenta días no se encuentra únicamente en los bloqueos, en las negociaciones frustradas o en la persistente escasez de combustibles. La verdadera lección consiste en comprender que la coyuntura puede ocultar procesos mucho más profundos. Mientras el país discutía la emergencia, continuaba avanzando una redefinición silenciosa de la economía y de las relaciones entre el Estado y el capital.

Frente a ello, el movimiento popular necesita recuperar la iniciativa política. No basta con reaccionar ante cada conflicto. Es imprescindible volver a construir una agenda propia, fortalecer la formación política, consolidar la unidad entre organizaciones sociales y defender los principios constitucionales que consagran la soberanía sobre los recursos estratégicos y el papel rector del Estado en la economía.

La disputa que hoy enfrenta Bolivia no se resolverá únicamente en las calles ni en las mesas de negociación. También se decidirá en la capacidad del pueblo para identificar el verdadero sentido de las transformaciones en curso y organizar una respuesta colectiva. Porque cuando la atención de la sociedad queda atrapada en el conflicto permanente, las decisiones que redefinen el futuro del país suelen adoptarse lejos de los reflectores. La tarea de las organizaciones populares consiste precisamente en romper esa cortina de humo, hacer visibles las reformas estructurales y movilizar la conciencia colectiva para defender un proyecto nacional basado en la soberanía, la justicia social y el protagonismo del pueblo.

Antonio Abal O.

Fuente Primaria: Revista informativa La Historia es Nuestra, 1 de julio 2026 – ADICH Radio