Durante semanas el gobierno ha repetido una idea hasta el cansancio: que los 53 días de movilización son los responsables de la crisis económica que atraviesa Bolivia. No es una explicación; es una operación política. Cuando un relato necesita repetirse todos los días para sostenerse, generalmente busca ocultar algo mucho más profundo.

Los bloqueos no vaciaron el bolsillo de los bolivianos. El salario ya venía perdiendo valor antes de que se iniciaran las primeras movilizaciones. La gasolina ya escaseaba, los precios de los alimentos ya subían y el dólar ya había dejado de ser una referencia estable para las familias. Lo que hicieron esos 53 días fue romper la apariencia de normalidad. Mostraron un país que llevaba meses acumulando tensiones económicas y sociales mientras el gobierno respondía con improvisaciones y propaganda.

Hoy el ajuste tiene una característica distinta a la de los años noventa. No llega anunciado en un paquete económico ni acompañado de un discurso de sacrificio nacional. Llega silenciosamente. El salario ya no alcanza, los productos cambian de precio casi cada semana. El transporte sube, los servicios aumentan y las familias reorganizan su economía reduciendo consumo, postergando compras o buscando un segundo ingreso. Ese es el verdadero ajuste: el que convierte la sobrevivencia en una forma de vida.

Basta caminar por cualquier ciudad para entenderlo. Más personas ofrecen trabajo por jornal, más garajes se convierten en pequeños negocios familiares, más comerciantes intentan vender cualquier cosa para completar el ingreso del mes. No hace falta consultar grandes indicadores económicos para descubrir que algo se rompió. La crisis ya cambió el paisaje cotidiano de Bolivia.

Mientras tanto, desde el poder vuelve a escucharse una vieja melodía. Nos dicen que las empresas públicas son ineficientes, que el Estado pesa demasiado y que el mercado resolverá lo que la planificación no pudo. Es el libreto que América Latina conoce de memoria. Primero se instala la idea de que lo público no sirve; después aparecen los salvadores privados dispuestos a quedarse con aquello que pertenece a todos. La energía eléctrica, los hidrocarburos, el litio, la minería y hasta el agua vuelven a entrar en esa zona de riesgo donde el patrimonio nacional deja de verse como un derecho colectivo y comienza a presentarse como una oportunidad de negocios.

No sorprende entonces que vuelvan a ganar espacio las recetas de los organismos financieros internacionales. Tampoco sorprende que empiecen a naturalizarse palabras que durante décadas fueron sinónimo de ajuste: flexibilización, apertura, disciplina fiscal, confianza de los mercados. Cambian los nombres, pero el contenido permanece intacto. La factura siempre termina pagándola el mismo sector: trabajadores, pequeños productores, jubilados y sectores populares.

Sin embargo, quizá el dato político más importante de esta coyuntura sea otro. El gobierno ha conseguido instalar la idea de que el responsable de la crisis es el propio pueblo organizado. Que el enemigo son quienes protestan, quienes bloquean, quienes reclaman. Es una inversión completa de la realidad. En lugar de discutir por qué el salario perdió poder adquisitivo o por qué la economía se volvió más frágil, el debate público gira alrededor de quién tiene la culpa de haber protestado.

Pero esa narrativa empieza a mostrar fisuras. El malestar social es inocultable. Está en las filas de las gasolineras, en los mercados, en los hospitales desabastecidos, en las universidades, en los barrios y en cada familia que descubre que llegar a fin de mes se convirtió en una tarea cada vez más difícil. Lo que todavía falta es transformar ese malestar en organización. Ningún proceso de ajuste se sostiene únicamente con medidas económicas; necesita también desmovilizar a la sociedad y convencerla de que no existe alternativa.

Los 53 días dejaron una enseñanza que ningún discurso oficial puede borrar: cuando el pueblo se organiza, el poder se ve obligado a responder. La tarea pendiente ahora no es explicar la crisis. La mayoría de los bolivianos ya la vive todos los días. La tarea es construir nuevamente un horizonte colectivo capaz de defender el salario, los recursos estratégicos y la soberanía nacional frente a un proyecto que pretende convencernos de que resignar derechos es el precio inevitable de la estabilidad.

Porque el problema nunca fue que el pueblo protestara. El verdadero problema comenzó cuando quisieron convencer al pueblo de que debía aceptar, en silencio, que trabajar cada vez alcance para vivir menos.

Nota de la Redacción: Este artículo recoge y desarrolla los principales planteamientos expuestos por los participantes del programa radial Nuestra Palabra, emitido el 16 de julio de 2026, donde participaron José Pimentel, Willy Cabezas y Jonas Rojas.