El espacio guevarista de la resistencia
En estas últimas semanas nos hemos enterado de que un miembro de la policía boliviana ha asesinado a una mujer, es decir ha cometido un feminicidio flagrante y según parece en complicidad con otras dos personas.
Nos han acostumbrado a hablar de la violencia de género enfocada como un espectáculo circense y no como una forma de opresión que es el resultado de dos tipos de violencia: la estructural y la cultural.
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Los abogados sabemos que cuando se comete cualquier delito sexual, llámese pedofilia, estupro o lo que fuera, para investigar y luego juzgar a un presunto autor primero necesariamente, debe existir una víctima; luego, que preferentemente la víctima o alguien que presenció el acto sexual realice la denuncia, porque de otra forma es imposible que la autoridad conozca de la comisión del delito.
Por ser delito de acción pública, el Ministerio Público debe actuar de oficio y lo primero que debe hacer para obtener la prueba, es ordenar el examen forense físico y psicológico de la víctima. Recién cuando este examen sale positivo y señala los daños leves o graves y fundamentalmente confirma la existencia del acto sexual, recién emergen los indicios reales de la existencia del delito. Desde ese momento, corresponde la persecución penal, imputación, medidas cautelares, hasta llegar al juicio y la sentencia. La sentencia ejecutoriada basada en autoridad de cosa juzgada será la única que, después del debido proceso, podrá establecer la existencia del delito, la autoría, la culpabilidad si es que hubiera existido y la pena correspondiente.
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En los últimos días, ha arreciado una campaña oficial de desprestigio al Movimiento al Socialismo, a sus candidatos y a sus dirigentes. Lo que se busca es desviar la atención de la ciudadanía acerca de los verdaderos problemas que afligen al país. Una crisis pandémica carente de soluciones, con un gobierno de facto que no da pie en bola salvo para hacer negociados con la vida y la salud del pueblo; una crisis económica que día a día condena a los más pobres a sufrir hambre y miseria, mientras la gran banca y los sectores empresariales pudientes reciben ingentes recursos en nombre de la reactivación económica; despidos masivos de trabajadores y funcionarios; una educación clausurada por mezquinos cálculos electorales para desmovilizar a maestros y estudiantes; persecución y cárcel contra quienes reclaman por sus derechos, judicializando la protesta social; entre otros, son los problemas para los que el pueblo pide urgente atención.
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Los símbolos patrios no fueron únicos ni completamente representativos en la República de Bolivia. Inicialmente, la bandera nacional fue creada un 17 de agosto de 1825. La historia reseña que la Asamblea Legislativa de ese entonces estableció que la bandera nacional «será bicolor, verde y punzó; el campo principal será punzó, y a uno y otro costado irán colocadas dos fajas verdes del ancho de un pie; sobre el campo punzó se colocarán óvalos verdes, formados de ramas de olivo y laurel, uno en el medio y cuatro en los costados, dentro de cada uno de estos óvalos se colocará una estrella de color de oro». El vocablo “punzó”, ya en desuso, describe al rojo muy vivo que caracteriza la franja superior de nuestra actual bandera.
Posteriormente, a menos de un año de su estreno como emblema nacional, el 25 de julio de 1826, se decidió cambiarla por otra, cuyos colores originales se conservarían “poniéndose en lugar de las cinco estrellas de oro, una faja amarilla superior, y las armas de la República al centro, dentro de dos ramas de olivo y laurel”. No se conoce con exactitud los motivos de dicho cambio.
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No se equivoque, no hablaremos de la obra de Víctor Hugo, sino de las miserias humanas que emergen cuando se trata de “pescar en río revuelto” así tenemos un ex candidato de color rosado que ha logrado cautivar a incautos (y otros no tanto), para realizar su campaña electoral para las elecciones subnacionales.
“Cabildo virtual” se llama su plataforma de campaña electoral, entusiastamente acompañado de los exponentes de un pensamiento neoliberal y que también “atrapó” a varios “izquierdistas” que le siguieron el juego.
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Una consulta realizada a un centenar de personalidades previamente calificadas como influyentes por la organización alemana Fundación Friedrich Ebert (FES) confirma la percepción de los movimientos sociales y organizaciones populares, acerca de las intenciones de prorrogar el gobierno de facto de la autoproclamada Jeaninne Añez.
Casi el 70%, es decir, una abrumadora mayoría de los consultados, no cree que la presidenta interina esté verdaderamente comprometida con las elecciones cuya fecha ha sido postergada por tercera vez, para el 18 de octubre próximo. No resulta difícil indagar los por qué de esa percepción, no sólo por los antecedentes del gobierno que nació de un golpe de Estado, convalidado luego por una cáfila de gobernantes alineados con la política exterior de Estados Unidos y posesionado por los militares golpistas que se vendieron al mejor postor en las jornadas de noviembre del año pasado.
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«Me siento contenta, pues siento que los niños van a recuperar los derechos que se les estaba vulnerando del acceso a la educación, ahora se ha determinado este plazo de 10 días para que se tomen las acciones con los niños, eso esperamos». La frase pertenece a la diputada Lidia Patty y fue expresada luego de que se conociera una resolución favorable de una instancia judicial para abrogar la resolución gubernamental que daba por clausurado el año escolar.
El 31 de julio de este año, el gobierno de facto decidió cerrar toda actividad escolar, alegando endebles razones técnicas pero, en el fondo, reconociendo que con esa medida, se neutralizaba a un sector organizado y crítico. Eran momentos conflictivos; una marcha multitudinaria había precedido en la ciudad de El Alto a un cabildo de diversos movimientos sociales convocados para defender la tercera fecha pactada para la realización de las elecciones. Su nueva postergación fue considerada una burla que oculta el afán prorroguista de la autoproclamada presidenta y candidata Jeaninne Añez. Para evitar que la protesta se extendiera hasta el magisterio y a los estudiantes de secundaria, el gobierno de facto optó por la clausura del año escolar. Exactamente igual que durante las épocas de las dictaduras militares, cuando se apelaba al expediente del cierre para mermar los contingentes populares adversos. Mezquina razón que perjudicaba y perjudica a cientos de miles de estudiantes, condenados a la holganza obligatoria por mero cálculo represivo.
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Con una deferencia que no se manifestó al momento de recibir a los representantes de los movimientos sociales, el presidente del Tribunal Nacional Electoral ha sostenido una larga reunión con la plana mayor del cada vez más tristemente célebre Comité Cívico Pro Santa Cruz. ¿El motivo? Atender sus democráticas razones para postergar de manera indefinida las elecciones nacionales; es decir, promover el prorroguismo del actual régimen, desde una posición “apolítica” pero “cívica”.
El argumento esgrimido por los dirigentes de esta entidad que asume la representación del pueblo cruceño, es que el órgano electoral “no daría las garantías sanitarias suficientes para que el 18 de octubre la gente asista a votar sin el riesgo de un contagio masivo por COVID-19”. Pueril pretexto con el que pretenden arrogarse también la potestad, competencias y atribuciones de otras entidades del Estado Plurinacional, que deberían pronunciarse al respecto. Algo, por supuesto, que resulta extremadamente sencillo, sobre todo por la experiencia que ya se ha dado en otros países como Francia o República Dominicana, por citar dos casos recientes.
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