El espacio guevarista de la resistencia
Las instituciones de la modernidad, vale decir las instituciones de la sociedad liberal y burguesa, históricamente han demostrado ser absolutamente funcionales a las coyunturas económicas y por consiguiente también politicas, vigentes en el mundo.
Bajo este concepto, democracia y dictadura en sus diferentes olas, son las dos caras de la misma moneda, absolutamente funcionales a los intereses estratégicos y geoestratégicos de las potencias mundiales.
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La política, las ideologías, el compromiso militante, han sido devaluadas, no es una casualidad o el fin de la historia, sino una estrategia política para concentrar el poder y retornar a los tiempos de la monarquía o la concentración total del poder. En esa medida la despolitización de las sociedades, es un fenómeno mundial.
La concentración del poder solo es posible cuando se aleja al ciudadano del Estado, ese fenómeno se intensificó en Bolivia a partir del año 1985, con el llamado ajuste estructural. La llamada “relocalización” aniquiló físicamente a la denominada “vanguardia proletaria” concentrada en los trabajadores mineros.
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La presidenta de facto pregunta a su socio del golpe: “dónde está don Carlos Mesa que no sale a reclamar por estos delitos de pedofilia como si no tuviera una familia que defender”. Patético reclamo expresión acabada de la carencia de propuestas políticas y su opción por las operaciones psicológicas que apuntan a lo emocional de algunos sectores de la población antes que a la racionalidad de la lucha política.
Tal es la ausencia de propuestas en la derecha que a lo que único que atina Carlos Mesa es ofrecer rebajar el salario Mínimo Nacional a los trabajadores, la explicación para esta carencia crónica es que el neoliberalismo está en default como dice Alfredo Serrano del CELAG y las respuestas que ensayan están a contramano de lo que el sentido común de la gente demanda que es mayor presencia del Estado en la economía y medidas sociales de apoyo a las mayorías.
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Si, hipotéticamente fueran presidente Jeanine Añez o Carlos Mesa, sería exactamente lo mismo. Ambos representan el retorno a los 38 años anteriores a 2006: 18 años de neoliberalismo dictatorial militar y 20 de dictadura oligárquica bajo la máscara de democracia representativa obligados a formar las «megacoaliciones» para superar o disimular la efímera votación que obtenía cada uno de los partidos neoliberales que, en el mejor de los casos, alcanzó al 27% de votos.
Añez y Mesa representan la reposición de las políticas de endeudamiento externo, no para inversiones en desarrollo y progreso, sino para gastos recurrentes como sueldos y aguinaldos, especialmente para evitar el descontento de las FFAA y la Policía y el saldo, para metérselo en el bolsillo.
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La contradicción fundamental en el capitalismo se da entre los dueños del capital y los trabajadores. En todo hecho productivo de mercancías, los primeros basan su conducta en la acumulación de la plusvalía generada por los trabajadores, los únicos que agregan un valor adicional al de las materias primas y de los medios de producción utilizados -que además les son ajenos-, desplegando su fuerza de trabajo a cambio del salario/sueldo que en términos cuantitativos es siempre menor al valor de dichas mercancías. El resto (el plus-valor) es apropiado por el capitalista.1
Fue la teoría neoclásica a fines del s. XIX, precursora del neoliberalismo, que concibió categorías que adopta la teoría económica vigente junto al sentido común alienado, justificando que la masa de plusvalía expoliada a los trabajadores e invertida por el capital en su forma productiva para producir determinado tipo de mercancías, que una vez efectivamente demandadas o vendidas, resulta en una suerte de salario para el capitalista a título de beneficio o utilidad, pero multiplicado por miles o millones respecto al salario de un obrero o al ingreso de una trabajadora por cuenta propia, o al sueldo de un maestro, etc., etc.2
(más…)Un resumen de los resultados de los 20 años de neoliberalismo en Bolivia
Una candidata de Comunidad Ciudadana en declaraciones públicas, pide que en estos momentos los partidos deban separar la salud de la política. Esta declaración puntualiza una narrativa implementada desde abril y que pretende aislar un contenido central de la política que es el poder.
Pretender separar la salud de la política es una postura idiota, debido a que las políticas de salud, obedecen a una determinada forma de distribución de los recursos, de identificar las prioridades en tanto población, territorio e intensidad de la prestación de servicios de salud. En síntesis la salud pública es directamente proporcional al pensamiento político de los gobernantes.
En estos momentos claramente tenemos un gobierno de orientación neoliberal, por tanto la salud está considerada como un negocio y no es necesario realizar esfuerzos para demostrar esta afirmación, basta enumerar los actos de corrupción en la compra de insumos para atender la crisis sanitaria.
El gobierno hace política con la salud todos los días, en las demostraciones de poder arbitrario como la intervención a una propiedad privada; en la libertad de precios que imponen las farmacias; en derrochar recursos económicos para repintar hospitales para que puedan ser utilizados, en anuncios que nunca se cumplen como la donación de 500 respiradores.
La clase media movilizada por el imperialismo y la oligarquía criolla para consumar el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, recibe como recompensa la cancelación de ciertos beneficios que el gobierno del MAS les otorgó. El Decreto Supremo 4272 dictado por el gobierno de facto de Jeanine Añez deja a la clase media sin posibilidades de conseguir un préstamo para vivienda social, que el Gobierno del MAS concedió con la Ley 393.
No se puede interpretar de otra manera el DS 4272 sobre los préstamos de vivienda. Esta norma arbitraria reduce a 150.000 Bs (21.551 dólares) el monto máximo para adquirir una vivienda y 70.000 Bs (10.057 dólares) para renovar o ampliar su vivienda. Con la Ley 393, el prestatario podía contar con hasta 1.081.000 Bs (155.316 dólares) para adquirir una vivienda y 940.000 Bs (135.058 dólares) para renovar o ampliar su vivienda.
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