Una de las armas que ha venido empleando con renovado éxito el imperialismo norteamericano y los gobiernos dóciles y serviles de los que se vale en Latinoamérica, ha sido la judicialización de la política, consistente en validar legalmente una serie de atropellos y violaciones a los derechos humanos de las personas. Uno de los últimos casos conocidos, es la acusación por presunta usurpación de funciones, a la actual Defensora del Pueblo, bajo el alegato de que su mandato habría fenecido hace algunos meses.

Curioso, pero cierto, la dictadura de la autoproclamada Jeaninne Añez, que supuestamente debería haberse dedicado únicamente a la convocatoria de nuevas elecciones, se prorroga indefinidamente, una y otra vez, bajo el pretexto de combatir la pandemia y velar por la salud de la ciudadanía. Los resultados desmienten con la tozudez de los hechos, tal pretensión. Suman y siguen los desaciertos en todos los ámbitos del acontecer nacional, pero fundamentalmente en el plano económico y en los manotazos improvisados que se dan en la lucha contra el COVID 19.

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