Etiqueta: Derechos Humanos

Durante los últimos días, formidables movilizaciones en suelo chileno reflejan la decisión de las grandes mayorías por echar abajo el andamiaje construido por la dictadura de Augusto Pinochet y consolidado por los diversos gobiernos neoliberales que han explotado al pueblo para beneficio del imperialismo yanqui. Producto de esas jornadas de lucha, se ha lamentado un nuevo asesinato de un humilde trabajador de la calle a manos de las fuerzas de carabineros.

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Escribo estas notas con el propósito de abrir una reflexión urgente y recuperar aceleradamente nuestra fuerza, compromiso y predisposición a una de las batallas más importantes entre los pueblos y las oligarquías, de los últimos 40 años de la historia nacional, similar a la que se produjo en la segunda vuelta de 2006 cuando nuestro compañero Rafael Correa derrotó al representante de las grandes élites económicas de nuestro país.

Hemos ganado con una enorme votación la primera vuelta y con un bloque parlamentario de 60-62 asambleístas, que de largo nos ratifican como la primera fuerza electoral. Aunque esta victoria es muy importante, no fue suficiente para vencer en el primer round, y vamos a una segunda vuelta, en la que tenemos las mejores condiciones para vencer, sólo depende de nosotros.

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La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado su labor para investigar a fondo los hechos de violencia ocurridos en Bolivia desde septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019 con el compromiso de acceso a la información y a los testimonios de víctimas, testigos y funcionarios de este y el anterior gobierno.

Nos parece altamente profesional que el Ministro de Justicia, Iván Lima, señale que el trabajo de la comisión de cinco expertos de la comisión ha de ser “independiente e imparcial” bajo los “criterios de orientación y conciliación” de forma de dar luces a lo ocurrido en las jornadas de violencia de 2019, entre ellos los desatados con muertes en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba.

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“Sólo cumplía órdenes” es la frase muy conocida de quienes ordenaron y dirigieron tropas para reprimir al pueblo, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, fueron testigos de este tipo de respuestas luego de las dictaduras de los años 70.

Las FFAA “no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares” señala el artículo 245 de la CPE, y en este cuerpo de la “ley mayor” del Estado se puede leer también que: “Quienes violen los derechos establecidos en esta Constitución serán objeto de proceso penal por atentar contra los derechos” (Art.139 inciso II), por eso extraña, la reacción del Alto Mando Militar que salió a declarar que fue “desconcertante” la detención del Comandante que dirigió la represión en Sacaba (Cochabamba – Bolivia) en la que murieron 20 personas. Esta declaración ha tenido su efecto y cientos de personas pertenecientes a los grupos paramilitares, junto a familiares y militantes del golpe de Estado, se agolparon en las puertas del Juzgado en la ciudad de Sacaba, declarando la inocencia del militar.

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Si hay un factor que impele a las mentes autoritarias y retrógradas a cometer todo tipo de abusos y violaciones a los derechos humanos, ése es la impunidad. Sabedores de que el tiempo todo lo borra, que las urgencias del día a día almacenan en el fondo de la memoria el recuerdo de las atrocidades cometidas, actúan con el convencimiento de que nadie ni nunca, pedirá rendición de cuentas.

Lo sabía muy bien la dictadura de la autoproclamada Jeaninne Añez, que no deja de ser ya un triste recuerdo de la historia patria. Entre sus primeros actos, destaca el retorno de personajes que se encontraban con procesos judiciales de los que habían huido, poniendo fronteras de por medio. A los pocos que quedaban, entre ellos el entonces prefecto de Pando que tiene sobre su conciencia el asesinato de decenas de campesinos, hecho comprobado incluso por misiones internacionales que vinieron exclusivamente a hacer una investigación imparcial, se les dio el beneficio del sobreseimiento. Es decir, aquí no pasó nada; todo fue un invento de los masistas para encarcelar a sus opositores. ¿Muertos? No, señor, ninguno. Y los sobrevivientes de El Porvenir quedan con el sabor amargo de que su lucha por justicia queda en nada; que los culpables vuelven a gozar de su dinero mal habido y de su poder, para continuar con la explotación de sus semejantes.

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En su Art.21, la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la ONU en 1948 indica expresamente: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente”. La Constitución Política del Estado boliviano consagra ese derecho en su Art.26.

Hace pocos días nuestro país llevó a cabo un proceso de elecciones generales que estuvo caracterizado por la altísima participación, disciplina y excelente disposición de la ciudadanía, que refrendó con ese ejercicio su voluntad mayoritaria de que el gobierno surja de las urnas. Sucesos lamentables, como la grosera militarización de la jornada, no opacaron ni disminuyeron la disposición del pueblo boliviano para optar por autoridades legítimas de gobierno mediante el voto.

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La gran victoria popular de este 18 de octubre ratifica la indeclinable voluntad del pueblo boliviano de continuar en la lucha por la Revolución Democrática y Cultural, avanzando a paso firme en la perspectiva socialista. La contundencia de los votos ha alejado por el momento las negras nubes de un fraude electoral con la complicidad de la OEA; pero hasta que los golpistas no entreguen la administración del Estado a los legítimos ganadores, el pueblo boliviano debe mantenerse alerta y movilizado, sin bajar para nada la guardia.

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La prensa nacional da cuenta de un bochornoso incidente policial en la ciudad de Sucre: un grupo paramilitar de la tristemente célebre Unión Juvenil Cruceñista fue detenido in fraganti, portando drogas y armas que, de acuerdo al reporte oficial, tendrían por objeto sembrar caos y anarquía en la capital del Estado Plurinacional de Bolivia, so pretexto de defender la democracia.

Sorprende el accionar represivo del gobierno de facto; probablemente porque la flagrancia era tal, no les quedó otra que actuar. Porque, desde los más altos niveles –y nos referimos puntualmente al ministro de Gobierno Arturo Murillo– la actitud y las instructivas no eran de simple hacerse de la vista gorda, sino de apoyo concreto a estos grupos violentos que fueron artífices de ataques a las pacíficas manifestaciones que se dieron y se dan a lo largo y ancho del país, y que buscan recuperar la democracia y que se respeten los derechos elementales de los ciudadanos.

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