Etiqueta: Defensoría del Pueblo de Bolivia

La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado su labor para investigar a fondo los hechos de violencia ocurridos en Bolivia desde septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019 con el compromiso de acceso a la información y a los testimonios de víctimas, testigos y funcionarios de este y el anterior gobierno.

Nos parece altamente profesional que el Ministro de Justicia, Iván Lima, señale que el trabajo de la comisión de cinco expertos de la comisión ha de ser “independiente e imparcial” bajo los “criterios de orientación y conciliación” de forma de dar luces a lo ocurrido en las jornadas de violencia de 2019, entre ellos los desatados con muertes en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba.

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Una de las armas que ha venido empleando con renovado éxito el imperialismo norteamericano y los gobiernos dóciles y serviles de los que se vale en Latinoamérica, ha sido la judicialización de la política, consistente en validar legalmente una serie de atropellos y violaciones a los derechos humanos de las personas. Uno de los últimos casos conocidos, es la acusación por presunta usurpación de funciones, a la actual Defensora del Pueblo, bajo el alegato de que su mandato habría fenecido hace algunos meses.

Curioso, pero cierto, la dictadura de la autoproclamada Jeaninne Añez, que supuestamente debería haberse dedicado únicamente a la convocatoria de nuevas elecciones, se prorroga indefinidamente, una y otra vez, bajo el pretexto de combatir la pandemia y velar por la salud de la ciudadanía. Los resultados desmienten con la tozudez de los hechos, tal pretensión. Suman y siguen los desaciertos en todos los ámbitos del acontecer nacional, pero fundamentalmente en el plano económico y en los manotazos improvisados que se dan en la lucha contra el COVID 19.

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NUESTRA PALABRA No 15

Las organizaciones urbanas de sectores profesionales, sociales y territoriales de Cochabamba y el país, manifestamos nuestra preocupación por la violenta y pésima gestión del Gobierno de facto, al respecto denunciamos lo siguiente:

Desde los luctuosos sucesos de Senkata y Huayllani, donde se han perpetrado crímenes de lesa humanidad que han cobrado la vida de 37 bolivianos y han dejado más de 800 heridos y cerca de 1.400 encarcelados, el régimen de Jeanine Añez ejerce una brutal persecución política, y utiliza la emergencia sanitaria para penalizar la divergencia, la solidaridad y la libertad de expresión.

La estrategia del mal gobierno incluye el despliegue de montajes de diversa naturaleza, que luego sus mismos operadores tipifican como “sedición”, “terrorismo” o “atentado contra la salud”, aunque los únicos que atentan contra la salud son ellos con su probada incapacidad y corrupción. Un ejemplo de estas acciones es la intervención militar a la represa de Misicuni con el pretexto de un falso atentado, para de esta manera buscar un enfrentamiento con los comunarios y después acusarlos. Otra muestra son los extraños ataques a torres de telecomunicación que luego se endilgan sin pruebas a sectores sociales.

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NUESTRA PALABRA No 13

Las organizaciones sociales, urbanas y sectores profesionales de todo el país, estamos cansados e indignados del irrespeto a los derechos humanos de parte del gobierno transitorio, razón por la cual denunciamos a nivel nacional e internacional que en Bolivia después del golpe violento de Jeanine Añez, hace aproximadamente seis meses atrás, un grupo de ex autoridades del gobierno de Evo Morales, tuvieron que pedir asilo político en la residencia de la Embajada de México en Bolivia, obligados por las condiciones de hostigamiento, por parte de grupos para-policiales y para-militares y también por la persecución política y judicial que inmediatamente iniciaron los personeros del gobierno de facto, con amenazas, que hablaban de “ir de cacería” tras ellos, además del cerco mediático, que oculta y desinforma.

En estas condiciones y sin ningún proceso abierto en su contra, han quedado asilados en la embajada mexicana, a partir del 10 de noviembre (algunos, uno o dos días posteriormente), las siguientes personas: Wilma Alanoca Mamani, Juan Ramón Quintana Taborga, Javier Eduardo Zavaleta López, Víctor Hugo Vásquez, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Nicolás Laguna y José Hugo Moldiz Mercado.

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Foto: Internet

Tras un largo periodo de un aparente reflujo en las acciones de los miembros de la Asamblea Legislativa se entró de lleno con la censura a los ministros de la presidenta de facto Jeanine Añez, que tras destituir a su ministro de Defensa lo vuelve a poner en el cargo como un acto de burla a la Asamblea Legislativa y la propia Constitución.

Pero por encima de ello, los asambleístas con esa acción valerosa, están dispuestos a poner el pecho exigiendo ahora la interpelación a otros del ejecutivo. Para ello, ya se tiene programada la interpelación a ministerios como de Desarrollo Rural, de Comunicación, Obras Públicas, de Gobierno y Relaciones Exteriores entre otros.
Y más allá de las censuras que, con buen criterio político de los asambleístas, están decididos a desmontar las acciones antidemocráticas del gobierno golpista. Detrás de ese escenario de censuras en las últimas horas comenzó a cobrar fuerza en las redes sociales una campaña contra la presidenta de facto Jeanine Áñez, de quien tres legisladoras, dicen “yo la conozco”, para cuestionar su falta de palabra y denunciar su gestión de gobierno.

Las diputadas Fernanda San Martín, Micaela Nina y Lourdes Millares, de Unidad Demócrata (UD) de la que Áñez fue parte mientras fue senadora y que ahora sustenta su alianza electoral Juntos, grabaron un video en el que una a una cuenta cómo actúa la mandataria transitoria.

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