Bajo los pretextos de fraude electoral y sedición, la dictadura de la autoproclamada Jeaninne Añez se dio a la tarea de perseguir, encarcelar y encausar judicialmente a numerosos ciudadanos, de cuya culpabilidad se presumió al amparo de una fraguada campaña mediática. Todavía está en el recuerdo de la opinión pública, las detenciones arbitrarias, como la del muchacho casi adolescente, al que se lo señaló como un delincuente digital nada más que por decir y hacer circular la verdad en las redes sociales. Los medios masivos de comunicación no dijeron esta boca es mía con relación a esta flagrante violación de libertad.

Un periodista argentino, Facundo Molares, fue asimismo injustamente detenido y acusado también de sedición y terrorismo. Hasta el día de hoy, numerosos militantes del MAS IPSP se encuentran encarcelados por acusaciones que luego, de manera vergonzosa, la mal llamada Justicia se ha encargado de procesar con un comedimiento que, por supuesto, se encuentra ausente cuando se trata de tocar el tema de los numerosos delitos cometidos por la dictadura. Ejemplos sobran: caso respiradores, jet cargado de droga en aeropuerto internacional, insumos para policías y militares con sobreprecio, y un largo etcétera que excede los límites de este espacio. Todos los delincuentes de esos casos gozan de buena salud jurídica.

Pero con absoluta certeza, el caso más dramático de injusticia es el cometido contra los miembros del anterior Órgano Electoral Plurinacional. Desde su presidenta, cesada ipso facto por los golpistas y reemplazada por Salvador Romero, hasta presidentes y vocales de las distintas cortes departamentales, fueron objeto de inmediato encarcelamiento. Luego, entre rejas, violando todos los preceptos constitucionales, la derecha reaccionaria se dio a la tarea de acusarlos sin pruebas, porque las que mostraron demostraron ser (valga la redundancia) simples pretextos carentes de todo sustento. A mayor prueba, los resultados de las últimas elecciones han comprobado fehacientemente que el tal fraude fue en realidad un fraude de la Misión de Observación Electoral de la OEA, por encargo del imperialismo yanqui a través de su lacayo incondicional Luis Almagro.

Con la repetición casi calcada de los resultados en aquellas mesas que fueron objeto de “observación” por parte de los expertos del fraude, ha quedado en el ridículo internacional el informe que dio pie al golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Evo Morales. Es como un caso policial en el que se hace la reconstrucción del crimen, pero no se cuenta ni con la víctima, ni con el victimador, ni con el móvil para su cometimiento. Nada de nada; no hubo tal fraude y, por tanto, todas las acusaciones vertidas en ese sentido caen por su base.

Pero no. Estamos a diez días del veredicto popular que ha dado el triunfo al binomio Luis Arce Catacora – David Choquehuanca. Se ha elegido ya un nuevo gobierno, pero la dictadura, por encargo de sus mandantes del Departamento de Estado, no descansa un solo momento. En el caso que nos ocupa, continúan hostigando judicialmente a diferentes servidores públicos que fungieron en el órgano electoral. El caso de Santa Cruz es grotesco: los cinco miembros de esa Corte son funcionarios directos o indirectos de la Gobernación; es decir, son verdes hasta el tuétano. ¿A qué dedican tiempo, dinero del Estado y energías? Desde antes de la elección, en la que se aplazaron por negligencia en el cumplimiento de sus funciones (casi al límite hicieron a la rápida la capacitación a los jurados), se han dedicado a ser parte del proceso de acusación sobre aquel presunto delito electoral. Hace unas horas, los “trabajadores” de esa Corte, todos ellos impuestos por la dictadura luego de una masacre blanca en la institución, hoy se arrogan la competencia y facultad de “denunciar” fraude electoral en elecciones en las que… ¡los árbitros fueron ellos!

Por un acto de justicia elemental, todos y cada uno de los perseguidos políticos, funcionarios y trabajadores genuinos de esas instancias electorales, deben no sólo ser inmediatamente puestos en libertad, sino que se debe exigir la también inmediata extinción de caso, el cese de la libertad condicional en muchos casos, la reposición de todos y cada uno de sus derechos vulnerados (laborales y otros) y la devolución de dineros en aquellos en los que hubo exacción policial y/o judicial para atenuar la persecución y cárcel.

Y por el honor de la democracia y del Estado de derecho, deberían ser restituidos inmediatamente en sus puestos, como reparación histórica contra los abusos de una dictadura que, tarde o temprano, pagará sus crímenes en el marco de cumplimiento de la ley y del debido proceso, sistemáticamente violados por los Arturo Murilo, López y otros que suman sus nombres y apellidos a esa miseria de la historia conformada por los San Román, Toto Quintanilla, Luis Arce Gómez y demás sicópatas.

El pueblo no sólo ha votado por elegir un nuevo gobierno; también lo ha hecho para exigir la reparación de la justicia. Ni olvido ni perdón para los criminales.