Criminalización colonial y racial

Los movimientos sociales (MS) son la construcción-transformación dialéctica de las organizaciones sociales, representan intereses colectivos, objetivos comunes, no reivindican una demanda gremial sino cambio social, cultural o político. Están articulados en estructuras de movilización con mecanismos deliberativos y decisionales, su identidad es colectiva y plural, sus repertorios de movilización combinan experiencia y temporalidad.

Los MS se construyen en el enfrentamiento contra estructuras del Estado, representando horizontes contrahegemónicos. Los sindicatos cocaleros agrupados en federaciones tienen su punto de inflexión en la resistencia a la aprobación de la Ley 1008, al Plan Trienal de Lucha contra el Narcotráfico que tipificó la hoja de coca como “sustancia peligrosa”, la masticación de la hoja como “uso indebido de drogas”, por la represión y masacre de productores de la hoja de coca en junio de 1988 en la Villa Tunari; es el tiempo de su propia transformación cualitativa como movimiento.

El Estado republicano colonial y neoliberal asume como suyo una tesis impuesta por el imperio, explícitamente identifica y construye un enemigo, que son los productores de la hoja de coca; la reacción de los cocaleros, constituidos en MS, es una respuesta orgánica, sindical, territorial, cultural y política, trascienden de la defensa a la producción a luchar por la hoja de coca como identidad cultural y soberanía nacional.

La visión y el horizonte sobre la hoja de coca son contrapuestos, el Estado empieza a caracterizar peyorativamente al productor y al dirigente como narcoproductores y narcodirigentes, y despliega toda una infraestructura política, militar, policial, racial y comunicacional violenta, represiva; el comandante que lidera todo el despliegue de esta maquinaria era la DEA.

La estrategia bicéfala planificada fue represión, asesinato, violación de los derechos humanos y criminalización al productor y al dirigente cocalero, la criminalización partía de códigos raciales- coloniales, lo que implicó la legitimación de la violencia estatal.

La organización sindical cocalera constituida en MS, liderando en conjunto con las organizaciones del Pacto de Unidad una propuesta contrahegemónica, en 2002, bajo las reglas de la democracia representativa, le disputa el poder a todo el sistema político; el embajador norteamericano Manuel Rocha sale al auxilio, en un acto público y en presencia del entonces presidente Tuto Quiroga llama a no votar por el MAS y Evo.

Este hecho en sí mismo demuestra la crisis estructural del sistema político criollo que necesita oxígeno externo para sobrevivir, el nuevo horizonte liderado por lo nacional-popular era la utopía posible.

La estrategia racial-colonial de la criminalización y descalificación volvió a ser retomada como línea permanente de invalidar un movimiento y un liderazgo anticolonial y antiimperialista. Recurren e instrumentalizan lo interno para implosionar, como hecho formal está la aparente constitución de corrientes, pero lo central, como eje estructural, es la destrucción del MS como sujeto político hegemónico.

La casualidad es la utilización de la palabra “renovación” para validar la palestra pública, que habilita mediáticamente la utilización recurrente de un personaje que ostenta la condición de “militante y parlamentario del instrumento político” para acusar, con toda la cobertura comunicativa del establishment antinacional- popular, de “narcofinanciamiento” al proyecto y liderazgo que tiene las posibilidades políticas-culturales de seguir liderando el horizonte del “vivir bien”.

La validez de un proyecto no está solo en la enunciación, sino en la capacidad de interpelación y adscripción democrática de los pueblos y las sociedades plurales que tenemos en las urbes.

Este proyecto de lo nacional-popular es la certeza, para vencerlo —las derechas— no parten de lo alternativo como propuesta, sino de la inhabilitación moral y política, el dispositivo central de todo el ataque parte de los mismos códigos del siglo pasado que son colonial y racial.

La “denuncia y la carta” son la excusa para que analistas políticos eternos, pastores religiosos, titulares de prensa, dirigentes cívicos, profesionales de círculos clasemedieros reiteren como plegaria las frases adornadas con mayor énfasis folklórico, pero concluyendo que estamos viviendo en un “narco Estado”, que tenemos un “narcopartido y narcodirigentes”.

Su deseo es reinstalar en el sentido común urbano lo antinacional-popular como dispositivo movilizador, para que sus grupos parapoliciales y neofascistas tengan la validez y bendición para desplegar sus actos de violencia que den sentido a su sinrazón política.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

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