Revuelta Malcriada (RM) presenta un análisis crítico de la Ley N.º 1720, promulgada en abril de 2026, señalándola como un punto de inflexión en la política agraria boliviana. Bajo el argumento de facilitar el acceso a crédito y promover la productividad, la norma permite que pequeñas propiedades sean convertidas en propiedades medianas a solicitud de sus titulares, postergando además por hasta diez años la verificación de la Función Económica Social (FES).

Sin embargo, RM advierte que esta medida implica un cambio estructural profundo: la pequeña propiedad —históricamente protegida por su carácter indivisible, inembargable y orientado a la subsistencia familiar— pasa a integrarse en una lógica de mercado donde la tierra puede ser embargada, vendida o utilizada como garantía financiera. En este contexto, la supuesta “voluntariedad” de la conversión se vuelve relativa, ya que las condiciones de precariedad rural empujan a muchos productores a asumir riesgos que pueden derivar en la pérdida de sus tierras.

El análisis también alerta que la ley abre las puertas a la especulación y al acaparamiento, al permitir que tierras permanezcan sin cumplir su función social durante largos periodos. Esto favorece a sectores con mayor capacidad económica, que pueden utilizar la tierra como activo financiero antes que como medio de producción. Asimismo, se advierte sobre posibles impactos ambientales y sociales, como la expansión descontrolada de la frontera agrícola, la deforestación y el debilitamiento de las economías campesinas.

Para Revuelta Malcriada, la Ley 1720 no constituye una política de desarrollo rural, sino un mecanismo que, bajo el discurso de modernización, facilita la concentración de la tierra y reconfigura el acceso a este recurso en beneficio de actores con mayor poder económico.

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