El espacio guevarista de la resistencia
Colectivos, organizaciones sociales, partidos de izquierda, intelectuales y militantes coinciden cada vez más en una preocupación: necesitamos un programa político capaz de enfrentar la restauración neoliberal y ofrecer nuevamente un horizonte al movimiento popular. La preocupación es legítima. Pero quizás estamos buscando demasiado lejos algo que, en buena medida, ya construimos.
Ese programa está en la Constitución Política del Estado.
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El principal error del análisis político actual consiste en aceptar la narrativa del gobierno de que Bolivia ha ingresado a un «nuevo ciclo». La realidad es más compleja. El país atraviesa un interregno: el bloque popular perdió la iniciativa política, pero la derecha tampoco ha conquistado una nueva hegemonía. Lo que hoy está en disputa no es únicamente quién administra el Estado, sino el futuro del Estado Plurinacional, el control de los recursos estratégicos y el lugar que ocuparán los sectores indígenas y populares en la Bolivia que se intenta construir.
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La crisis del movimiento popular no radica en la ausencia de dirigentes ni en la debilidad de las organizaciones sociales. El verdadero problema es la pérdida de un horizonte estratégico capaz de articular la enorme diversidad del campo popular en un proyecto común de transformación. La discusión no es quién ocupa una dirigencia sindical o quién administra un partido político; la discusión es cómo volver a construir poder popular desde las raíces comunitarias del pueblo boliviano.
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El gobierno de Rodrigo Paz Pereira enfrenta una crisis de legitimidad terminal, producto de una gestión que ha traicionado sus promesas electorales para implementar un modelo neoliberal agresivo. Al priorizar los intereses de la oligarquía agroindustrial y bancaria mediante la eliminación de subvenciones, la liberalización de precios y una entrega vergonzosa de recursos estratégicos a intereses imperiales, el régimen ha sumido a la población en una espiral de inflación y precariedad. Esta deriva, agravada por la soberbia gubernamental, la represión sistemática y la judicialización de la protesta, ha detonado una rebelión democrática del campo popular, que no solo exige la renuncia del mandatario —calificado de mitómano e impostor—, sino que rechaza un modelo de gestión visto como un retroceso histórico hacia el autoritarismo y la subordinación colonial.
El Desenlace Inminente: Escenarios de Resolución
Nos encontramos en un momento decisivo de la crisis, donde la resolución parece cuestión de horas o días. Se vislumbran dos caminos principales:
La Raíz del Problema: Más allá de la Coyuntura
Más allá de las soluciones jurídicas o electorales, debemos reconocer que la crisis es estructural. Bolivia arrastra desde su fundación en 1825 un mal congénito: un Estado diseñado por y para familias privilegiadas, que utiliza el racismo y el regionalismo como herramientas de control para culpar al «pueblo» por la inviabilidad del sistema.
Ningún parche jurídico ni reforma penal resolverá la contradicción histórica de un país dependiente con modos de producción precapitalistas. La alternancia en el poder, tras la renuncia del actual presidente, solo permitirá establecer un nuevo equilibrio de fuerzas; la verdadera transformación exige comprender que el Estado boliviano, tal como ha sido concebido por las élites, se encuentra en un proceso de acentuación de su crisis que no terminará con un cambio de mando.
Invitación al Debate: ¿Qué camino tomamos?
Compañeros y compañeras, el análisis anterior nos demuestra que el desenlace de esta crisis no vendrá de la «buena voluntad» de quienes usurpan el poder, sino de nuestra capacidad de organización. Ante este panorama, planteamos las siguientes interrogantes para movilizar nuestra acción política:
✓ ¿Estamos preparados para transitar en la resistencia y plegarnos de pleno a los bloqueos y a la construcción de un programa de gobierno que trascienda la mera sustitución de nombres y aborde las causas estructurales del Estado? ✓ ¿Cómo podemos, desde los sectores populares, evitar que la polarización electoral en un plazo de noventa días sea utilizada por las fuerzas reaccionarias para fragmentar nuestra unidad? ✓ ¿Qué mecanismos de control social debemos implementar para garantizar que una eventual transición sea realmente democrática y no una maniobra más de las mismas élites de siempre?
Plantear como puntos irrenunciables, la siguiente relación propuesta por compañeros del MCB que se encuentran en los puntos de bloqueo.
La historia no espera a los indecisos. Invitamos a todos los sectores sociales, sindicatos y organizaciones a discutir estos escenarios y definir una posición unitaria.
¡El debate es la antesala de nuestra victoria!
Revuelta Malcriada (RM) presenta un análisis crítico de la Ley N.º 1720, promulgada en abril de 2026, señalándola como un punto de inflexión en la política agraria boliviana. Bajo el argumento de facilitar el acceso a crédito y promover la productividad, la norma permite que pequeñas propiedades sean convertidas en propiedades medianas a solicitud de sus titulares, postergando además por hasta diez años la verificación de la Función Económica Social (FES).
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Compartimos en este espacio una revisión detallada y actualizada de los principales hallazgos y reflexiones en torno a la Ley 243 y su implementación, resultado del Conversatorio organizado por el Frente de Mujeres Soberanía y Paz de Cochabamba, que refleja el estado de situación de las intervenciones defensoriales y los aportes de diversas voces comprometidas con la defensa de los derechos políticos de las mujeres. Este análisis busca visibilizar los desafíos, vacíos y oportunidades para fortalecer la lucha contra el acoso y la violencia política, desde una perspectiva de derechos humanos y acción afirmativa.
Esperamos que este material sea un aporte significativo para el debate y la construcción de políticas públicas más inclusivas y efectivas.
Ante el rechazo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a las 3 preguntas del referéndum propuesto por el presidente Arce Catacora, observamos la posibilidad de la medida cómo un nuevo intento del TCP para intentar “balancear” el panorama de continua pugna entre las facciones del MAS con excusas procedimentales (envío a la “autoridad” no adecuada). Pretender balancear una pugna ya decididamente no neutralizable, por la situación política de deterioro permanente de estos últimos tiempos de coyuntura nacional.
Manifestamos nuestra crítica severa, ante una enconada lucha politiquera sin sustento ideológico y de características pequeño burguesas en desmedro de los principios inicialmente propuestos por el Proceso de Cambio. Es evidente que en su inicio el Proceso se nutrió de un conjunto de elementos no sólo “progresistas” pero también de figuras y tendencias transformadoras del país acumuladas por la lucha popular anti imperialista, anti neoliberal de los tiempos de confrontación a la imposición dictatorial bajo la sombra de la doctrina de “seguridad nacional” llevada a cabo por las siempre predispuestas castas militares serviles y formadas en tal designio. En sus primeros 2 a 3 años, el Proceso de Cambio se caracterizó por la inclusión de diversas corrientes de “izquierda”, unas más que otras reclamándose voz de los sectores populares. Se intentó articular una suerte de modificación del gobierno y estado neoliberal con la finalidad de una transformación social del país. Sin embargo, los esfuerzos se fueron apagando en los hechos con el detenimiento y exclusión de ciertos componentes propuestos para la nueva Constitución en 2006. A pesar de modificar la construcción misma del país desde la históricamente reclamada plurinacionalidad, no fue posible avanzar en puntos referentes a la mismísima marcha a una sociedad más justa. Obviamente todos estos elementos rechazados a ultranza por los sectores conservadores y oligárquicos.
El resultado de este deterioro ha sido nuevamente un modelo de democracia cuya pretensión de “revolución democrática cultural” se ve limitada por la realidad de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo con serias contradicciones al pretendido cambio. De los primeros, judicial y legislativo no podemos esperar avances pues la colonialidad de los doctorcitos de la ley y su consabida prestancia al poder ejecutivo de turno raya en la esencia de lo obsoleto de su condición. Por su lado los legisladores demostraron su inoperatividad ante mínimas tareas a desempeñar, cómo ser la implementación efectiva de un proceso electoral judicial, con múltiples juegos de alianzas dónde los “ríos de sangre” del pasado parecen haberse desvanecido. Sobre el ejecutivo abundaremos evidenciando su continuidad en el sentido de estructuras gubernamentales de un estado neoliberal en las cuales sólo se pretendió modificar o cambiar las cabezas, es decir, los puestos de mando de ministerios y otras instituciones gubernamentales. Peor aún, se comprendió el ascenso del poder popular cómo la simple migración de líderes del movimiento sindical y social a puestos burocráticos de importancia. Esto sin modificación alguna del modus operandi de la maquinaria burocrática. Situación a su vez condicionadora del surgimiento de nuevos grupos obteniendo fortunas de su prebenda aunada a los beneficios continuos a la ya existente oligarquía agrícola, minera y banquera. Lamentamos la inexistencia de un proyecto de país que refleje la pretensión transformadora social urgente. Se trata de un elemento de perpetua ausencia hasta nuestros días.
Por otra parte, los resultados del Censo 2024 merecen análisis y no sorpresa. Enfatizamos este hecho al estar conscientes de la posición siempre negativa y desfavorable de las logias cruceñistas con pretensión siempre amendrentadora y separatista. Por una parte, exigen sus pretendidos aumentos de población con fines únicamente electoralistas y asignación de recursos estatales, sin ningún interés por nuestra patria. No son representantes de los collas que han migrado al oriente y lamentablemente no entienden a esa mayoría subyacente en su población. Muy importante explicar los fenómenos de migración en el país en condiciones de no tener información sobre la confiabilidad de los números reportados por la oficialidad en cuánto al censo. Reclamamos una visión integral del Estado Plurinacional asegurando un futuro a poblaciones de Sucre, Tarija, Potosí, Beni y Pando. Ya basta de limitarnos al “eje central”: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Bolivia es un todo comprendido entre todo nuestro territorio y debe responder a esas necesidades en lugar de la lógica del desarrollo citadino empititado por la noción de la existencia de una vida “urbana” y citadina lejos de la territorialidad de nuestros ayllus, marcas en la vida verdaderamente comunitaria. El abandono de nuestra cultura ancestral con elementos de la modernidad racional y científica nos llevará a la simple debacle politiquera, promovida por los aprovechadores del poder político. Urge la construcción del verdadero poder popular ante la prevalente confusión.
“Referéndum si, pero no así”, fue la frase motivadora para reflexionar acerca de la coyuntura política. La propuesta realizada por el presidente el 6 de agosto tiene opositores “naturales” es decir nada de lo que diga el gobierno es bueno y debemos rechazarlo. Nuestra opinión es que el referéndum, entendida como democracia directa es y será buena, pero el tema será el tipo de preguntas su objetivo coyuntural y estructural, por ejemplo, en el tema de la subvención a los hidrocarburos debemos tener la suficiente información que nos permita discernir que tipo de respuesta debemos dar, combinando, el interés individual como colectivo. Para esto requerimos información de la cantidad de diésel que se consume en el país, y cuanto de ese consumo corresponde a las grandes empresas mineras, agropecuarias, cooperativas auríferas, es decir a la empresa privada en general (incluimos las cooperativas auríferas porque en realidad son empresas privadas disfrazadas) con esa información podemos hacer un balance de la inversión directa que hace el Estado con el dinero de todos y todas para fortalecer a la empresa privada; si de lo que se trata es de tener una justa distribución del dinero estatal estos no tienen que ir a las arcas de los ya ricos para acrecentar sus ganancias. En esa medida el Estado ahorrará dinero para la inversión pública. Debemos apuntar además que la política de subvención de los hidrocarburos se realizó durante la dictadura de Hugo Banzer para favorecer a la agroindustria, que también permitió el uso de mano de obra gratuita, obligando a la juventud de entonces a trabajar en la zafra del algodón.
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