El principal error del análisis político actual consiste en aceptar la narrativa del gobierno de que Bolivia ha ingresado a un «nuevo ciclo». La realidad es más compleja. El país atraviesa un interregno: el bloque popular perdió la iniciativa política, pero la derecha tampoco ha conquistado una nueva hegemonía. Lo que hoy está en disputa no es únicamente quién administra el Estado, sino el futuro del Estado Plurinacional, el control de los recursos estratégicos y el lugar que ocuparán los sectores indígenas y populares en la Bolivia que se intenta construir.

Las recientes movilizaciones obligan a realizar un balance más profundo que el simple recuento de victorias o derrotas. El conflicto demostró que el movimiento popular atraviesa una etapa de repliegue y resistencia. Reconocer esa realidad no significa resignación, sino asumir con realismo el momento histórico para construir una estrategia capaz de responder a los desafíos del presente.

Después de 2019, y tras casi dos décadas de profundas transformaciones sociales, el sujeto popular dejó de ser homogéneo. Bolivia cambió. Surgieron nuevas clases medias de origen popular, jóvenes profesionales, pequeños emprendedores, nuevas agendas de las mujeres y otras identidades sociales que ya no se expresan únicamente a través de las formas tradicionales de representación sindical, campesina o comunitaria. Pretender reconstruir la hegemonía del ciclo anterior sin comprender esas transformaciones es desconocer la nueva realidad del país.

Pero sería igualmente equivocado aceptar que la derecha ya logró consolidar un nuevo bloque histórico. Si hoy puede gobernar, no es porque haya construido consenso social, sino porque el movimiento popular perdió temporalmente su capacidad de articular al conjunto de la nación. La diferencia es sustancial.

Por eso resulta más preciso hablar de un momento de contrahegemonía. El sujeto indígena, obrero y campesino no desapareció ni perdió su centralidad histórica. Lo que perdió fue, por ahora, la capacidad de convertirse en el articulador de un proyecto nacional compartido por amplios sectores de la sociedad. Ese es el verdadero desafío político del momento.

Las movilizaciones recientes también dejaron enseñanzas importantes. Es cierto que algunos de sus objetivos fueron mayores que las capacidades políticas realmente existentes. Sin embargo, también demostraron que el gobierno no puede aplicar libremente su programa económico. La retirada de iniciativas como la Ley de Tierras, las modificaciones a varios decretos y el permanente retroceso oficial frente a la presión social revelan que el ajuste neoliberal avanza sin legitimidad suficiente y debe corregirse cada vez que encuentra resistencia organizada.

Eso significa que el papel histórico inmediato del movimiento popular no es restaurar mecánicamente la hegemonía perdida, sino limitar las capacidades del gobierno para profundizar un ajuste estructural que pretende debilitar las conquistas alcanzadas por el Estado Plurinacional.

Sin embargo, el conflicto también dejó al descubierto una nueva estrategia del oficialismo. Incapaz de construir consenso, intenta reemplazarlo por la coerción. La protesta comienza a ser presentada como un problema de seguridad, aparecen discursos sobre «narcoterrorismo», se judicializa la movilización y se persigue a dirigentes sociales. No se trata simplemente de un endurecimiento del gobierno, sino de una forma de neoliberalismo autoritario que busca gobernar mediante el miedo antes que mediante la adhesión.

Ese es uno de los rasgos más preocupantes del nuevo escenario político. La gobernabilidad ya no pretende construirse integrando a la sociedad, sino excluyendo, disciplinando y criminalizando a quienes cuestionan el ajuste. Es una hegemonía negativa: no se sostiene por consenso, sino por la producción permanente de enemigos internos y por la promesa de orden dirigida a determinados sectores urbanos.

Frente a este panorama, la izquierda también debe revisar sus respuestas. El dilema no es moderar el discurso para conquistar el centro político ni radicalizar consignas que ya no interpelan a toda la sociedad. El desafío consiste en volver a construir política desde abajo, escuchando las nuevas contradicciones que atraviesan Bolivia.

A las históricas disputas entre pueblo y oligarquía se suman hoy otras tensiones: el poder del agronegocio y del cooperativismo minero, la crisis ambiental, las desigualdades regionales, las nuevas demandas juveniles, el empleo profesional, la economía popular, los pequeños emprendimientos y las agendas de las mujeres. Ignorar esas contradicciones significa renunciar a construir una nueva mayoría social.

La próxima hegemonía no nacerá de la nostalgia ni de la imposición. Surgirá de la capacidad para interpretar esas nuevas demandas y convertirlas en un proyecto nacional capaz de integrar, nuevamente, a los sectores populares en toda su diversidad.

La disputa, por tanto, sigue abierta. La derecha todavía no conquistó la hegemonía. El movimiento popular tampoco ha logrado reconstruir la suya. En ese interregno se juega el futuro de Bolivia. Y será la capacidad de organizar, interpretar y articular las nuevas realidades sociales la que defina quién conducirá el próximo ciclo histórico.

• Nota de la Redacción: Este artículo recoge y desarrolla los principales planteamientos expuestos por Luciana Jáuregui durante su intervención en el programa radial Nuestra Palabra, emitido el 4 de julio de 2026. Se trata de una elaboración periodística de Venceremos y no de una transcripción textual.