«Me siento contenta, pues siento que los niños van a recuperar los derechos que se les estaba vulnerando del acceso a la educación, ahora se ha determinado este plazo de 10 días para que se tomen las acciones con los niños, eso esperamos». La frase pertenece a la diputada Lidia Patty y fue expresada luego de que se conociera una resolución favorable de una instancia judicial para abrogar la resolución gubernamental que daba por clausurado el año escolar.

El 31 de julio de este año, el gobierno de facto decidió cerrar toda actividad escolar, alegando endebles razones técnicas pero, en el fondo, reconociendo que con esa medida, se neutralizaba a un sector organizado y crítico. Eran momentos conflictivos; una marcha multitudinaria había precedido en la ciudad de El Alto a un cabildo de diversos movimientos sociales convocados para defender la tercera fecha pactada para la realización de las elecciones. Su nueva postergación fue considerada una burla que oculta el afán prorroguista de la autoproclamada presidenta y candidata Jeaninne Añez. Para evitar que la protesta se extendiera hasta el magisterio y a los estudiantes de secundaria, el gobierno de facto optó por la clausura del año escolar. Exactamente igual que durante las épocas de las dictaduras militares, cuando se apelaba al expediente del cierre para mermar los contingentes populares adversos. Mezquina razón que perjudicaba y perjudica a cientos de miles de estudiantes, condenados a la holganza obligatoria por mero cálculo represivo.

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