Etiqueta: Prorroguismo

Una consulta realizada a un centenar de personalidades previamente calificadas como influyentes por la organización alemana Fundación Friedrich Ebert (FES) confirma la percepción de los movimientos sociales y organizaciones populares, acerca de las intenciones de prorrogar el gobierno de facto de la autoproclamada Jeaninne Añez.

Casi el 70%, es decir, una abrumadora mayoría de los consultados, no cree que la presidenta interina esté verdaderamente comprometida con las elecciones cuya fecha ha sido postergada por tercera vez, para el 18 de octubre próximo. No resulta difícil indagar los por qué de esa percepción, no sólo por los antecedentes del gobierno que nació de un golpe de Estado, convalidado luego por una cáfila de gobernantes alineados con la política exterior de Estados Unidos y posesionado por los militares golpistas que se vendieron al mejor postor en las jornadas de noviembre del año pasado.

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«Me siento contenta, pues siento que los niños van a recuperar los derechos que se les estaba vulnerando del acceso a la educación, ahora se ha determinado este plazo de 10 días para que se tomen las acciones con los niños, eso esperamos». La frase pertenece a la diputada Lidia Patty y fue expresada luego de que se conociera una resolución favorable de una instancia judicial para abrogar la resolución gubernamental que daba por clausurado el año escolar.

El 31 de julio de este año, el gobierno de facto decidió cerrar toda actividad escolar, alegando endebles razones técnicas pero, en el fondo, reconociendo que con esa medida, se neutralizaba a un sector organizado y crítico. Eran momentos conflictivos; una marcha multitudinaria había precedido en la ciudad de El Alto a un cabildo de diversos movimientos sociales convocados para defender la tercera fecha pactada para la realización de las elecciones. Su nueva postergación fue considerada una burla que oculta el afán prorroguista de la autoproclamada presidenta y candidata Jeaninne Añez. Para evitar que la protesta se extendiera hasta el magisterio y a los estudiantes de secundaria, el gobierno de facto optó por la clausura del año escolar. Exactamente igual que durante las épocas de las dictaduras militares, cuando se apelaba al expediente del cierre para mermar los contingentes populares adversos. Mezquina razón que perjudicaba y perjudica a cientos de miles de estudiantes, condenados a la holganza obligatoria por mero cálculo represivo.

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En días pasados tuvimos noticias que han tenido repercusión nacional, y en algún caso internacional, que nos han impactado; cada día nos sorprendemos con noticias que nos abruman, noticias que no sabemos si son ciertas o no y que, sin embargo, nos afectan casi siempre en forma negativa. En los últimos días el lenguaje empleado para juzgar, calificar, expresar el descontento y rechazo por las movilizaciones populares aún desde los gobernantes, se ha hecho altamente agresiva; se emplean términos como: asesinos, criminales, terroristas, canallas, salvajes, ignorantes, violentos, delincuentes, etc. ¿Acaso con el uso reiterado de esos calificativos se puede contribuir a pacificar o resolver los conflictos vigentes en el país? ¿Acaso en la responsabilidad del gobierno de facto, aun cuando ocasional y transitoriamente tiene el poder, no está “buscar el bien común”? La autoestima de nuestro pueblo tan maltratada, desde los tiempos de la colonia, sigue siendo machacada por la discriminación, la arbitrariedad, el desprecio de la élite nacional que, europeizada o yanquinizada, tiene el corazón y la cabeza en esas regiones, por lo que, enajenada espiritual e intelectualmente como está, pretende que Bolivia siga siendo el abastecedor de materia prima y el que tenga siempre la mano extendida para recibir las migajas y el desprecio de las potencias que se enriquecen con nuestra pobreza.

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En conferencia de prensa los empresarios de Cochabamba han pedido la renuncia de la gobernadora y del alcalde, ellos piden: “autoridades con carácter, con pantalones y bombachas bien puestas”, recordando las palabras de un dirigente del transporte que pedía las medidas de los pantalones del dictador García Meza.

Los empresarios quieren recuperar el espacio político que perdieron, una vez que el neoliberalismo dejó de ser la política oficial del Estado. Con el discurso de “salvar a Cochabamba” se ha puesto en marcha para desestabilizar el gobierno departamental y municipal, que son autoridades legales y legítimas.

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La autoproclamada presidenta Jeanine Añez ha promulgado, finalmente, la ley que convoca a elecciones nacionales para el 6 de septiembre de este año. Ha pretendido mostrar esta medida como una concesión suya y no como el derecho que tiene el pueblo de Bolivia a elegir democráticamente a sus gobernantes. Precisamente, los pronunciamientos categóricos de diversos sectores y movimientos sociales, además de los partidos socios de Añez en el golpe de noviembre, han presionado al gobierno de facto para que cumpla su único mandato: la convocatoria a elecciones generales.

Añez también ha aprovechado la oportunidad para deslindar responsabilidades respecto al impacto de la pandemia que azota al país, insinuando que su agravamiento tendría como responsables a quienes piden elecciones libres. Es una forma de poner una cortina de humo para evitar una fiscalización sobre los cuantiosos recursos obtenidos precisamente para combatir el Corona Virus; recursos tanto de créditos como de donaciones que, hasta la fecha, sólo han servido para enriquecer ilícitamente al círculo gobernante y a la familia presidencial. Utilizar la pandemia como recurso para justificar el uso de fondos para su campana es un burdo intento de negar la plena responsabilidad de este gobierno en la pésima gestión de la crisis sanitaria.

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El retrato de los golpes de Estado en la historia boliviana tuvo como componentes principales de su autoría no siempre a sus presidentes, sino a los ministros del interior o de gobierno como el caso del actual, con el apoyo de especialistas sádicos que es importante recordarlos.

A mediados de los años 60, después de la caída del MNR, salieron a la luz distintas denuncias de violación a los Derechos Humanos. Los testimonios escritos revelan lo que fue esa época, por ejemplo: Mario Peñaranda Rivera publicó ‘Entre los hombres lobos de Bolivia’, Hernán Barriga Antelo escribió ‘Laureles de un tirano’, Hernán Landívar Flores relató su vivencia personal en ‘Infierno en Bolivia’ (1965) y Fernando Loayza Beltrán esclareció episodios nefastos en su libro ‘Campos de concentración en Bolivia’ (1966).

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NUESTRA PALABRA No 12

Frente a la posición prorroguista y actitud permanente de boicotear las elecciones generales por el Gobierno de Jeanine Añez, las organizaciones sociales urbanas y sectores profesionales del país denunciamos ante la opinión pública a nivel nacional e internacional que una vez más la “Presidenta Transitoria”, se mofa del pueblo boliviano al rechazar la promulgación de la ley para viabilizar las elecciones generales previstas para este 06 de septiembre próximo. Es evidente que la negativa de promulgar la ley de elecciones obedece a una decisión político electoral para inviabilizar la elección de un gobierno legítimo.

La nueva fecha, es resultado del consenso entre la mayoría de los candidatos presidenciales y representantes de las diferentes organizaciones políticas, una reunión planteada a iniciativa del Tribunal Supremo Electoral, donde por cierto participaron representantes de la agrupación JUNTOS del que Añez es candidata.

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