El golpe de Estado de noviembre del año pasado avanza en sus objetivos. Con el patrocinio de los mismos actores que orquestaron el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral y el Poder Ejecutivo han aprobado una “nueva” ley electoral que es resultado de un acuerdo político partidario, que no contempla las demandas del pueblo movilizado y auto convocado que no responde a siglas sino a sus necesidades de solución ante la pandemia, la crisis económica, la clausura del año escolar y otros problemas graves. Los autores de este nuevo atentado contra la democracia no han tomado en cuenta para nada la demanda de cientos de miles de compatriotas movilizados a lo largo y ancho del país, que exigen además del respeto a la fecha originalmente pactada entre todas las fuerzas políticas, la renuncia de la autoproclamada Jeaninne Añez. Se trata, en consecuencia, de un acuerdo en el marco de la institucionalidad estatal que proscribe al pueblo organizado.
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