En Bolivia se vive con sorprendentes noticias diarias provenientes del gobierno de facto, que muestran la improvisación, la ausencia de profesionalismo sectorial y el manejo politizado de la administración de un Estado. Asimismo, se vive en tensión permanente, bajo amenaza y acciones de represión a dirigentes de organizaciones populares y sociales y también a personas voluntarias que resuelven ser solidarias con otros frente a la difícil situación económica que atraviesa la mayoría de la población boliviana.

En nuestro país no sólo está penalizada la solidaridad, sino también la mitigación de los males que aquejan a la salud de la mayoría de los bolivianos. Con el uso de manidos pretextos en sentido de que la falta de infraestructura, de insumos, etc., se debía a la herencia de la gestión de Evo Morales, se intentó encubrir la falta de planes de contención epidemiológica y se supuso que, con una cuarentena militarizada, habrían de resolver todo. Lastimosamente, después de cuatro meses de declarada la emergencia sanitaria, aún no llegan los 500 respiradores prometidos, los reactivos para el diagnóstico del COVID19 han tenido que ser adquiridos por gobernaciones y municipios, incluyendo la compra de medicamentos, equipos de laboratorios, entre otros.

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