Etiqueta: Gestión ineficiente de gobierno

Medidas represivas antipopulares

Después del asalto al gobierno, junto a militares y policías, la presidenta de facto Jeanine Añez, abandonó a la población boliviana ante la crítica situación de pandemia de Covid-19 durante la gestión 2020. El golpe perpetrado dejó además como saldo las masacres de Huayllani y Senkata, actualmente investigadas y denunciadas por la CIDH1.

El ineficiente manejo de la pandemia en Bolivia, fue inescrupulosamente empleado con fines políticos para sostenerse en el poder luego del golpe. Ante esta situación crítica de salud, se esperaba una contingencia seria y sostenida; sin embargo, el golpismo cambió varias veces de ministros de manera imprevista e irresponsable, generando como consecuencia una severa inestabilidad institucional dentro del Ministerio de Salud.

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En Bolivia se vive con sorprendentes noticias diarias provenientes del gobierno de facto, que muestran la improvisación, la ausencia de profesionalismo sectorial y el manejo politizado de la administración de un Estado. Asimismo, se vive en tensión permanente, bajo amenaza y acciones de represión a dirigentes de organizaciones populares y sociales y también a personas voluntarias que resuelven ser solidarias con otros frente a la difícil situación económica que atraviesa la mayoría de la población boliviana.

En nuestro país no sólo está penalizada la solidaridad, sino también la mitigación de los males que aquejan a la salud de la mayoría de los bolivianos. Con el uso de manidos pretextos en sentido de que la falta de infraestructura, de insumos, etc., se debía a la herencia de la gestión de Evo Morales, se intentó encubrir la falta de planes de contención epidemiológica y se supuso que, con una cuarentena militarizada, habrían de resolver todo. Lastimosamente, después de cuatro meses de declarada la emergencia sanitaria, aún no llegan los 500 respiradores prometidos, los reactivos para el diagnóstico del COVID19 han tenido que ser adquiridos por gobernaciones y municipios, incluyendo la compra de medicamentos, equipos de laboratorios, entre otros.

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Estamos expectantes cada día de un cuadro de lo más catastrófico en la gestión del gobierno de facto, más aun cuando a la improvisación se añaden los cambios de ministros y que en menos de una semana se retiren dos; no solo por contagios de la pandemia sino por la ineficiencia de sus mismas autoridades.

Lo curioso de ello y que me llamó hasta la risa, es que hasta el ácido vocero de los oficialistas, el periodista de Panamericana, saltó de su asiento al enterarse el pasado miércoles, el cambio del ministro de Economía, José Luis Parada por Oscar Ortiz.

Pero más llamó a la desazón de todos que un ministro que se ocupa dizque de la seguridad y de la soberanía como es el de Defensa, el exmilitar Fernando López, asuma el cargo de otro ministerio como es de Salud.

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NUESTRA PALABRA No 17

Las organizaciones sociales urbanas y rurales de Cochabamba y del país, expresamos nuestra protesta por las medidas del gobierno de facto que orienta todo su accionar a destruir los avances logrados por el Estado Plurinacional de Bolivia.

Su ineptitud frente a la gestión de gobierno, al control de la pandemia y su carácter violento y autoritario se enmarca en un proceso de regresión y desmontaje del Modelo Social Comunitario y Productivo a través de:

1. Políticas de endeudamiento externo que nos vuelven nuevamente dependientes y deudores de organismos internacionales. 2. Disminución severa de la economía con un crecimiento de apenas 1.1%. y caída del Índice Global de Actividad Económica del 5.6%. 3. Achicamiento de la Administración del Estado, con la reducción de Ministerios y recorte presupuestario, y 4. Respaldo normativo de facto con el Decreto 4272 que propone por encima de la CPE, un plan de retorno al neoliberalismo bajo el nombre engañoso de “Programa Nacional de Renovación y Reactivación del Empleo”.

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La dictadura de la autoproclamada Jeaninne Añez merecería un capítulo de la serie “Aunque Ud. no lo crea”, por las desatinadas decisiones que toma en todos los ámbitos administrativos del Estado. Su último decreto –el 4272, dizque orientado a la reactivación económica y a la generación de empleo– es un conjunto de normas que recuerdan al tristemente célebre DS 21060, mediante el cual el gobierno de Víctor Paz Estenssoro inauguró la negra noche neoliberal que asoló al país por más de diez años.

Las disposiciones de ese decreto apuntan nuevamente a achicar al Estado, relegándolo al papel de simple espectador de las decisiones que emanan del dejar hacer dejar pasar, tan caro para las mentes y bolsillos neoliberales. De muestra basta un botón, afirma el aserto popular. Ha lanzado una verdadera conminatoria a las empresas estatales a demostrar su rentabilidad, sin apoyo alguno. El artículo 84 del D.S. 4272 determina, pese a la crisis de la pandemia, cero inversión para las empresas públicas. ¿Podrán competir con las empresas privadas que sí serán beneficiadas con recursos del Estado? En caso contrario, serán… ¿cerradas? ¿rematadas al peor postor? Ambas cosas: serán entregadas de una u otra manera al empresariado ávido de hacerse con la cosa pública a precio de gallina muerta, como lo hicieron a partir de 1985. Los mismos personajes que luego procedieron al remate del Estado, como Samuel Doria Medina, actúan ahora a la sombra de una dictadura, con esa finalidad.

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La autoproclamada presidenta Jeanine Añez ha promulgado, finalmente, la ley que convoca a elecciones nacionales para el 6 de septiembre de este año. Ha pretendido mostrar esta medida como una concesión suya y no como el derecho que tiene el pueblo de Bolivia a elegir democráticamente a sus gobernantes. Precisamente, los pronunciamientos categóricos de diversos sectores y movimientos sociales, además de los partidos socios de Añez en el golpe de noviembre, han presionado al gobierno de facto para que cumpla su único mandato: la convocatoria a elecciones generales.

Añez también ha aprovechado la oportunidad para deslindar responsabilidades respecto al impacto de la pandemia que azota al país, insinuando que su agravamiento tendría como responsables a quienes piden elecciones libres. Es una forma de poner una cortina de humo para evitar una fiscalización sobre los cuantiosos recursos obtenidos precisamente para combatir el Corona Virus; recursos tanto de créditos como de donaciones que, hasta la fecha, sólo han servido para enriquecer ilícitamente al círculo gobernante y a la familia presidencial. Utilizar la pandemia como recurso para justificar el uso de fondos para su campana es un burdo intento de negar la plena responsabilidad de este gobierno en la pésima gestión de la crisis sanitaria.

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Los sucesivos escándalos mayúsculos que adornan la gestión dictatorial presidida por Jeaninne Añez no se limitan a descarados negociados de sobreprecios y otros actos delincuenciales. Hay también acciones canallescas que lentamente terminan con la vida de pueblos y regiones, para favorecer el bolsillo de unos cuantos.

El monocultivo -es decir, el cultivo de un único producto agrícola con fines estrictamente empresariales- es una de las formas elegantes y silenciosas del capitalismo para condenar a lenta muerte las actividades de miles de pobladores rurales. Un claro y lamentable ejemplo en el continente es el sur de Chile, con sus grandes extensiones de bosques artificiales de pino, materia prima de su industria de papel. Orgullo de la clase empresarial indiferente a las necesidades de los habitantes del campo, este cultivo ha arrasado con todos los demás, en nombre del progreso y la rentabilidad.

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La región amazónica, cuya superficie abarca los departamentos de Beni y Pando, además del norte de La Paz, ha sido secularmente ignorada por las élites gobernantes de Bolivia. Si alguna vez fue motivo de interesada preocupación, fue durante el auge de la goma, cuya explotación permitió a Nicolás Suárez amasar una inmensa fortuna.

Recién a partir del Proceso de Cambio, inaugurado en enero de 2006, pudo iniciarse un serio intento por afirmar la presencia del Estado, promover la integración y avanzar en el desarrollo de esas feraces regiones. Hubo, por cierto, que enfrentar grandes resistencias de los «dueños del pueblo» . Baste recordar la masacre de Porvenir, que cobró la vida de decenas de campesinos que se manifestaban pacíficamente reclamando derechos. Hoy, el principal responsable de esa masacre, Leopoldo Fernández, ha quedado en libertad por obra y gracia de la dictadura de Jeanine Añez y sus compinches Carlos Mesa y Fernando Camacho.

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