Etiqueta: Covid-19

Actualizado al 24/02/2021 – Horas 10:30

Bolivianos y bolivianas de la ciudad y el campo, junto a organizaciones sin distinción de ninguna clase, convenimos en firmar esta declaración EN DEFENSA DE LA VIDA, motivados por la necesidad de denunciar un verdadero atentado criminal contra la salud.

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Para nadie es un secreto que los profesionales de la salud que dirigen los colegios médicos de las principales ciudades del eje troncal de Bolivia representan a uno de los sectores más reaccionarios del gremio médico y de la sociedad en su conjunto, y reaccionan con medidas extremas de presión cuando les tocan sus intereses personales o de ese grupo de poder en su conjunto, y no tardan en organizar marchas y paros para demostrar su inconformidad. De esta manera, logran manipular a la población a través de las redes sociales y los medios de difusión, para lograr el apoyo a sus demandas. Ponen en riesgo la vida de muchos ciudadanos que acuden a los hospitales y centros de salud en busca de la atención médica necesaria en los diferentes niveles, dependiendo de la gravedad de su padecimiento.

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Un sector de la dirigencia médica, encabezado por Luis Larrea García, como parte de su campaña electoral a la Alcaldía de La Paz, pretende nuevamente iniciar una huelga en el sector salud, pretextando oposición a una Ley aprobada por nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional para normar el funcionamiento del sector en momentos en los que el país atraviesa por una agudización de la pandemia del COVID 19. La medida de ese sector de derecha, que mantuvo silencio cómplice durante la dictadura de Jeaninne Añez, es un claro atentado criminal contra el pueblo que requiere de una atención especial en tiempos de pandemia.

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Las festivas concentraciones populares que dieron la bienvenida al nuevo gobierno presidido por Luis Arce y David Choquehuanca han trasladado su escenario a la ruta de retorno de Evo Morales. Las multitudinarias manifestaciones de regocijo a su paso, no sólo ratifican su calidad de líder indiscutible del MAS IPSP, sino que confirman la esperanza de cambio de bolivianas y bolivianos, severamente castigados por la crisis generalizada en la que ha dejado al país la dictadura.

Tras el anuncio de la conformación del nuevo gabinete, sordas protestas se han dejado oír, particularmente en los movimientos sociales –verdaderos artífices del aplastante triunfo electoral de este 18 de octubre pasado– para mostrar su desacuerdo con lo que se consideraba un principio consensuado: el no retorno de antiguas autoridades y la conformación de un gabinete con la fuerza política suficiente para diseñar una estrategia para encarar los grandes desafíos que se tiene por delante.

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Existen comportamientos inexplicables de parte del actual gobierno fuera del alcance de toda comprensión, comportamientos que empezaron casi desde el inicio de la pandemia, en marzo del presente año.

En abril fueron lanzados a la luz pública los primeros respiradores mecánicos hechos en Bolivia con el nombre de proyecto “Mambu”, de la empresa Quantum Bolivia y en convenio con la Universidad Católica Boliviana. Estos primeros respiradores fueron ofertados a las autoridades gubernamentales, sin embargo, no fueron tomados en cuenta a pesar de que contaban con especificaciones técnicas de alta calidad. Es de conocimiento público que el gobierno optó por la opción de importar los “respiradores de la corrupción”, y además de involucrarse en esta escandalosa compra con sobreprecio, las autoridades gubernamentales vetaron a Mambu la posibilidad de distribuir su producción en el mercado nacional. A pesar de que varios establecimientos hospitalarios se encuentran en lista de espera para adquirir estos respiradores, que además tienen un costo accesible, se está negando a la población contagiada de Covid-19 la posibilidad de contar con ventilación asistida.

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Las formidables movilizaciones populares que se han dado este martes 28 de julio en las principales ciudades del país, a convocatoria de la Central Obrera Boliviana, han puesto en evidencia –esta vez en las calles– el clamor popular por la realización, a la brevedad posible, de elecciones libres y democráticas para contar con un gobierno legítimo, fuerte y con amplia base social, capaz de encarar la crisis generalizada a la que nos ha conducido el gobierno de facto.

A despecho de las expectativas del gobierno, cuyo ministro de Gobierno apostó a que el temor a la represión y el impacto de una campaña mediática amedrentaría a la ciudadanía con el sambenito de los contagios por corona virus, el pueblo organizado en sus diferentes estamentos, decidió dar una lección a los golpistas. De nada valieron los “sensatos” llamados de cierta prensa y el desánimo de algunos militantes populares, que no confiaban en la capacidad del pueblo para auto convocarse.

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Nuestra Palabra N° 21

Las organizaciones sociales urbanas y rurales de Cochabamba y del país, manifestamos nuestro rechazo ante aprestos personales, políticos e institucionales de este Gobierno de Facto que tiene como propósito central postergar las Elecciones Generales fijadas para el 6 de septiembre del 2020, afectando nuestros derechos políticos democráticos.

Nuestras 20 publicaciones anteriores, nos permiten definir este Gobierno de Facto: Primero, es pactado e improvisado, que por falta de visión, liderazgo y organicidad, se depura y consolida una élite neoliberal gobernante que todavía cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Segundo, en estos ocho meses, ha ocupado su gestión cumpliendo los acuerdos favoreciendo las estructuras financieras y productivas privadas, potenciando a organizaciones y personas de tendencia antipopular, encubriendo acciones ilegales de instituciones, policías, fiscales, grupos y personas con apoyo directo del Ministerio de Gobierno, para garantizarse el control del poder, Tercero, proscribe el proceso de transformación del Estado Plurinacional, proscribe a la mayoría de la población de toda instancia de decisión política, proscribe el modelo económico social, el mecanismo de acumulación, redistribución y las empresas estatales, criminaliza la solidaridad, la pobreza, el hambre, la protesta, proscribe la libertad de asociación, de locomoción y de reunión, proscriben la política de solidaridad internacional antiimperialista como mecanismo de integración regional y mundial.

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Una candidata de Comunidad Ciudadana en declaraciones públicas, pide que en estos momentos los partidos deban separar la salud de la política. Esta declaración puntualiza una narrativa implementada desde abril y que pretende aislar un contenido central de la política que es el poder.
Pretender separar la salud de la política es una postura idiota, debido a que las políticas de salud, obedecen a una determinada forma de distribución de los recursos, de identificar las prioridades en tanto población, territorio e intensidad de la prestación de servicios de salud. En síntesis la salud pública es directamente proporcional al pensamiento político de los gobernantes.

En estos momentos claramente tenemos un gobierno de orientación neoliberal, por tanto la salud está considerada como un negocio y no es necesario realizar esfuerzos para demostrar esta afirmación, basta enumerar los actos de corrupción en la compra de insumos para atender la crisis sanitaria.
El gobierno hace política con la salud todos los días, en las demostraciones de poder arbitrario como la intervención a una propiedad privada; en la libertad de precios que imponen las farmacias; en derrochar recursos económicos para repintar hospitales para que puedan ser utilizados, en anuncios que nunca se cumplen como la donación de 500 respiradores.

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