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Medidas represivas antipopulares

Después del asalto al gobierno, junto a militares y policías, la presidenta de facto Jeanine Añez, abandonó a la población boliviana ante la crítica situación de pandemia de Covid-19 durante la gestión 2020. El golpe perpetrado dejó además como saldo las masacres de Huayllani y Senkata, actualmente investigadas y denunciadas por la CIDH1.

El ineficiente manejo de la pandemia en Bolivia, fue inescrupulosamente empleado con fines políticos para sostenerse en el poder luego del golpe. Ante esta situación crítica de salud, se esperaba una contingencia seria y sostenida; sin embargo, el golpismo cambió varias veces de ministros de manera imprevista e irresponsable, generando como consecuencia una severa inestabilidad institucional dentro del Ministerio de Salud.

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La mañana de este sábado 13 de marzo se ha alegrado con la buena nueva de la detención preventiva de la autoproclamada y ex-presidenta Jeaninne Añez, protagonista circunstancial de una aventura golpista inspirada y diseñada en Washington y ejecutada por los operadores políticos de diversos países con gobiernos de derecha. Como ya es sabido, el golpe de Estado encontró pretexto en la falsa apreciación de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que fue prontamente convertida primero en fraude por la oposición y luego, de fraude monumental, por Carlos Mesa.

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Actualizado al 24/02/2021 – Horas 10:30

Bolivianos y bolivianas de la ciudad y el campo, junto a organizaciones sin distinción de ninguna clase, convenimos en firmar esta declaración EN DEFENSA DE LA VIDA, motivados por la necesidad de denunciar un verdadero atentado criminal contra la salud.

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Para nadie es un secreto que los profesionales de la salud que dirigen los colegios médicos de las principales ciudades del eje troncal de Bolivia representan a uno de los sectores más reaccionarios del gremio médico y de la sociedad en su conjunto, y reaccionan con medidas extremas de presión cuando les tocan sus intereses personales o de ese grupo de poder en su conjunto, y no tardan en organizar marchas y paros para demostrar su inconformidad. De esta manera, logran manipular a la población a través de las redes sociales y los medios de difusión, para lograr el apoyo a sus demandas. Ponen en riesgo la vida de muchos ciudadanos que acuden a los hospitales y centros de salud en busca de la atención médica necesaria en los diferentes niveles, dependiendo de la gravedad de su padecimiento.

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Un sector de la dirigencia médica, encabezado por Luis Larrea García, como parte de su campaña electoral a la Alcaldía de La Paz, pretende nuevamente iniciar una huelga en el sector salud, pretextando oposición a una Ley aprobada por nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional para normar el funcionamiento del sector en momentos en los que el país atraviesa por una agudización de la pandemia del COVID 19. La medida de ese sector de derecha, que mantuvo silencio cómplice durante la dictadura de Jeaninne Añez, es un claro atentado criminal contra el pueblo que requiere de una atención especial en tiempos de pandemia.

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Las festivas concentraciones populares que dieron la bienvenida al nuevo gobierno presidido por Luis Arce y David Choquehuanca han trasladado su escenario a la ruta de retorno de Evo Morales. Las multitudinarias manifestaciones de regocijo a su paso, no sólo ratifican su calidad de líder indiscutible del MAS IPSP, sino que confirman la esperanza de cambio de bolivianas y bolivianos, severamente castigados por la crisis generalizada en la que ha dejado al país la dictadura.

Tras el anuncio de la conformación del nuevo gabinete, sordas protestas se han dejado oír, particularmente en los movimientos sociales –verdaderos artífices del aplastante triunfo electoral de este 18 de octubre pasado– para mostrar su desacuerdo con lo que se consideraba un principio consensuado: el no retorno de antiguas autoridades y la conformación de un gabinete con la fuerza política suficiente para diseñar una estrategia para encarar los grandes desafíos que se tiene por delante.

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Existen comportamientos inexplicables de parte del actual gobierno fuera del alcance de toda comprensión, comportamientos que empezaron casi desde el inicio de la pandemia, en marzo del presente año.

En abril fueron lanzados a la luz pública los primeros respiradores mecánicos hechos en Bolivia con el nombre de proyecto “Mambu”, de la empresa Quantum Bolivia y en convenio con la Universidad Católica Boliviana. Estos primeros respiradores fueron ofertados a las autoridades gubernamentales, sin embargo, no fueron tomados en cuenta a pesar de que contaban con especificaciones técnicas de alta calidad. Es de conocimiento público que el gobierno optó por la opción de importar los “respiradores de la corrupción”, y además de involucrarse en esta escandalosa compra con sobreprecio, las autoridades gubernamentales vetaron a Mambu la posibilidad de distribuir su producción en el mercado nacional. A pesar de que varios establecimientos hospitalarios se encuentran en lista de espera para adquirir estos respiradores, que además tienen un costo accesible, se está negando a la población contagiada de Covid-19 la posibilidad de contar con ventilación asistida.

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Las formidables movilizaciones populares que se han dado este martes 28 de julio en las principales ciudades del país, a convocatoria de la Central Obrera Boliviana, han puesto en evidencia –esta vez en las calles– el clamor popular por la realización, a la brevedad posible, de elecciones libres y democráticas para contar con un gobierno legítimo, fuerte y con amplia base social, capaz de encarar la crisis generalizada a la que nos ha conducido el gobierno de facto.

A despecho de las expectativas del gobierno, cuyo ministro de Gobierno apostó a que el temor a la represión y el impacto de una campaña mediática amedrentaría a la ciudadanía con el sambenito de los contagios por corona virus, el pueblo organizado en sus diferentes estamentos, decidió dar una lección a los golpistas. De nada valieron los “sensatos” llamados de cierta prensa y el desánimo de algunos militantes populares, que no confiaban en la capacidad del pueblo para auto convocarse.

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