Etiqueta: Ministro de Gobierno

El retrato de los golpes de Estado en la historia boliviana tuvo como componentes principales de su autoría no siempre a sus presidentes, sino a los ministros del interior o de gobierno como el caso del actual, con el apoyo de especialistas sádicos que es importante recordarlos.

A mediados de los años 60, después de la caída del MNR, salieron a la luz distintas denuncias de violación a los Derechos Humanos. Los testimonios escritos revelan lo que fue esa época, por ejemplo: Mario Peñaranda Rivera publicó ‘Entre los hombres lobos de Bolivia’, Hernán Barriga Antelo escribió ‘Laureles de un tirano’, Hernán Landívar Flores relató su vivencia personal en ‘Infierno en Bolivia’ (1965) y Fernando Loayza Beltrán esclareció episodios nefastos en su libro ‘Campos de concentración en Bolivia’ (1966).

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NUESTRA PALABRA No 11

Las organizaciones sociales urbanas y sectores profesionales de todo el país, estamos cansados e indignados del irrespeto a los derechos humanos de parte del Gobierno transitorio, razón por la cual denunciamos a nivel nacional e internacional que en Bolivia con el golpe violento de Jeanine Añez se han cometido flagrantes atentados en contra de la vida, la integridad y la dignidad de las personas, a miles de bolivianos se les prohibió y limitó a movilizarse para manifestarse públicamente en defensa de un proceso de cambio y a todos quienes estuvieran en desacuerdo con las medidas dictatoriales y violentas de las ocasionales autoridades transitorias.

La acción conjunta de los policías y militares que sembraron luto en las familias bolivianas, obedeció a órdenes de matar como mensaje directo de la violencia estatal que se instauraba para acallar cruelmente al pueblo, que en su mayoría eran hermanos en situación de pobreza que salieron sin saber que ponían en riesgo su integridad por defender sus derechos. En noviembre negro de la historia reciente, se han cometido masacres en Senkata de El Alto de La Paz y en Huayllani de Sacaba Cochabamba, donde murieron 36 personas, quedaron como 833 personas heridas y cerca de 1504 arrestadas o aprehensiones ilegales.

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Desde el 10 de noviembre de 2019 se han descompuesto en el país las condiciones para la continuación de un régimen democrático. Jeaninne Añez a través de un golpe de Estado seguido de una forzada sucesión constitucional, en su condición de segunda vicepresidente interina del senado plurinacional, se ha autoproclamado presidenta interina para “llenar el vacío de poder”. Esta situación de gobierno transitorio la obligaba a pacificar al país y convocar a elecciones generales en el periodo de tres meses. Hasta hoy no hay pacificación, el Ministro de Gobierno amenaza con cárcel y ha iniciado una “cacería” de opositores.

El 26 de noviembre se designó al Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y el 3 de enero este organismo señaló como fecha de elecciones el 3 de mayo del 2020. El 21 de marzo, después de conocerse los primeros casos de coronavirus, el gobierno determinó cuarentena rígida para evitar contagios y el TSE postergó las elecciones señalando que la nueva fecha seria consensuada con los partidos políticos.

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Una vez más, la dictadura arremete en Bolivia contra la libertad de prensa y de pensamiento. La red Gigavision, medio de comunicación legalmente establecido en el país, ha hecho pública la denuncia de un sistemático y claro amedrentamiento por parte de organismos de seguridad del Estado que actúan por orden expresa del prepotente Arturo Murillo, ministro de Gobierno de la dictadura.

El presunto delito de este medio ha sido denunciar de manera responsable y valiente los graves delitos que cometen en nombre del Estado boliviano, quienes asaltaron el poder acatando instrucciones del gobierno norteamericano. A diferencia de los golpistas que acusan de corrupción al gobierno democrático de Evo Morales, todas las publicaciones de Gigavisión han estado respaldadas por las pruebas respectivas.

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En la década del 70, las dictaduras militares que asolaron América Latina con la bendición de los Estados Unidos, implantaron el terrorismo de Estado para anular a los movimientos populares e impedir a la ciudadanía, el ejercicio de sus derechos elementales. Se denomina terrorismo porque, provocando terror en la gente, la inducen a mantenerse callada, a no reclamar por las injusticias, a no expresar sus ideas ni a organizarse por mejores condiciones de vida.

Esta estrategia de dominación y exterminio fue ideada por los gobiernos de Estados Unidos en su lucha contra el comunismo. Entonces acusaban a toda oposición de ser parte de la conjura soviética contra lo que graciosamente llamaban «el mundo libre».

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Literalmente, el escándalo por la compra de los respiradores o ventiladores hecha por la dictadura de Jeaninne Añez, Carlos Mesa y Fernando Camacho, tira excrementos por todo lado e intenta –por la vía de los grandes medios– involucrar hasta al defenestrado MAS, como culpable del delincuencial y doloso negociado que se hace con la salud del pueblo.

El tema, políticamente manejado, encuentra a dos seudo contrincantes en posición de apronte, aunque repartiéndose sonrisas por si acaso esto termine por favorecer al candidato de los salvajes e indios. Carlos Mesa se frota las manos, cada vez que salen a luz los nombres de los ministros, viceministros, directores, cónsules y demás comedidos que, de seguro, algo mordieron con el sobreprecio desvergonzado. Finalmente, piensa, son hombres y mujeres de la otra candidata.

El tema es serio. No han sido unos cuantos centavos, ni el famoso “10% de comisión” de las compras estatales: se trata de un sobreprecio que va más allá de la prudencia; entre tres y cuatro veces el valor real de mercado, por cada aparato, además de caro, inservible. ¿Dónde está ese dinero? ¿Se evaporó? Tal vez una respuesta audaz del muy inteligente ministro Murillo es que esa platita está en los bolsillos del Evo en Buenos Aires, ya que su aparato de inteligencia ha detectado que “Fernando Valenzuela, responsable de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, fue relacionado con el MAS ya que llegó a esa cartera de Estado junto a Gabriela Montaño”; como reseña una comedida nota de prensa. En suma, todos salpicados, menos el ilustre e ilustrado candidato Carlos Mesa, pieza de recambio de la embajada norteamericana, seguramente preocupada porque su mujer de confianza le salió corneta.

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En el lenguaje popular se dice “marear la perdiz”, cuando no se trata el aspecto principal de un tema o no se responde puntualmente a una pregunta. Este manejo de la información se está aplicando, de manera permanente, desde el mismo Ministerio de Comunicación que se ha convertido en el primer desinformador de la población.

Este Ministerio pretende “marear la perdiz” con datos ya conocidos y no tiene capacidad ni voluntad para responder, por ejemplo, sobre el intento de suprimir la libertad de expresión y pensamiento o de explicarnos ¿por qué se cerraron las radios comunitarias, las radios de los pueblos indígenas, RPOs? cuando vemos hoy su importancia radical en el tema educativo.

“Marear la perdiz”, tiene un sustento teórico en la comunicación, especialmente política y se denomina agenda setting, que es una selección de la información a ser difundida y la manera en que se hará dicha difusión, por ejemplo, en el tema de la intensión de “ser gobierno” de la senadora Copa, el Ministro Murillo previamente ha hecho circular una falsa noticia y luego sobre esa falsa noticia, tomada como verdad, elabora su tesis conspirativa de la presidenta del senado.
Desde el gobierno se opera las 24 horas del día con esta técnica, ligada a otras, más amplias que tienen que ver con los públicos, pero no es intensión de esta nota ahondar en estos temas sino visibilizar su utilización cotidiana.

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Asumiendo que Evo Morales me solicitaría un borrador de contestación a la brillante nota del Ministro de Gobierno, lo haría en los siguientes términos:

Señor Ministro:
En respuesta a su nota, cuyo contenido se resume en mantener la idea de que somos promotores de las protestas en Bolivia y de proteger los cultivos de coca, me cabe señalar lo siguiente:

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