A cien días de gestión gubernamental, el panorama político y social en Bolivia se presenta como un escenario de profundas tensiones. El análisis del contexto actual, marcado por la postergación del decreto 5503 y la posterior aprobación del 5516, revela una estrategia oficial que, aunque cautelosa, avanza progresivamente hacia la consolidación de un modelo económico de corte neoliberal, al servicio de intereses transnacionales y en detrimento de los derechos y riquezas del pueblo boliviano.

El gobierno, en alianza con grupos oligárquicos —dueños de la agroindustria, la banca y el comercio exterior— y respaldado por la embajada estadounidense, ha comenzado a materializar su programa. La emisión de la Ley Antibloqueos y el anuncio de la eliminación del aporte sindical son los primeros pasos de una ofensiva contra el movimiento obrero organizado. Pero lo más grave, advierte el análisis, es lo que viene: la reforma de las leyes de Minería, Hidrocarburos y Tributaria, presentadas bajo el discurso de atraer inversiones, pero que en los hechos buscan facilitar el asentamiento de empresas extranjeras para la explotación sin control de recursos estratégicos como el litio y las tierras raras. Esta política, enmarcada en la consigna imperial “Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia”, implica abrir las puertas al saqueo, la fuga de divisas y el daño ambiental, en un contexto de disputa interimperialista por materias primas.

Frente a este avance, la resistencia popular no se ha hecho esperar. El “cuarto intermedio” que siguió a las movilizaciones de enero permitió al pueblo boliviano dimensionar el peligro que representaba el decreto 5503 y valorar el rol de la Central Obrera Boliviana (COB) y de los distintos sectores —mineros, fabriles, campesinos, maestros— que se opusieron heroicamente a su implementación. La historia de lucha del país, marcada por hitos como la huelga de hambre de 1977 o la guerra del gas de 2003, demuestra que las conquistas sociales y la defensa de los recursos naturales han sido posibles gracias a la movilización sostenida y la unidad del pueblo.

En esa tradición, el bloqueo y otras medidas de protesta no son un capricho, sino la respuesta legítima ante el silencio patronal, la cooptación de dirigentes, la manipulación legal y la represión. Por eso, la actual amenaza de “actualizar” la Ley General del Trabajo debe ser vigilada de cerca. Eliminar el aporte sindical, por ejemplo, no es una medida técnica, sino un intento de asfixiar económicamente a las organizaciones que sostienen la defensa de los derechos laborales. Mientras empresarios y gobierno cuentan con recursos del Estado y del capital transnacional, los trabajadores sostienen con su esfuerzo la lucha colectiva.

El núcleo del conflicto, sin embargo, reside en el control de las riquezas naturales. Así como en el pasado el estaño y la plata determinaron la intervención extranjera, hoy el litio y las tierras raras están en la mira. La experiencia con la nacionalización del gas, que permitió al país quedarse con el 82% de las utilidades, demuestra que es posible una política distinta. En minería, urge que el Estado participe en toda la cadena productiva —desde la extracción hasta la comercialización— y promueva la industrialización con tecnología propia, en lugar de permitir que las transnacionales concentren las ganancias y dejen al país apenas migajas.

A esto se suma la preocupante concentración del poder. En cien días, el Ejecutivo ha emitido más de medio centenar de decretos, mientras el Legislativo permanece estancado. Medidas como el decreto 5552, que estrangula las funciones de la Vicepresidencia, o la habilitación del presidente para gobernar desde el exterior con firma digital, revelan un estilo autoritario y centralista. Detrás de esto, se esconde la falta de unidad política real: la alianza gobernante, cohesionada en su antiindigenismo y en su sumisión a Washington, muestra profundas contradicciones internas cuando se trata de repartir cuotas de poder y beneficios personales.

La COB y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) deben mantenerse en alerta. La reunión convocada por Donald Trump en Miami, a la que asistirán presidentes vasallos de la región, será el escenario donde se definirán las nuevas políticas de dependencia. Solo la unidad del pueblo organizado podrá defender los recursos naturales, las libertades democráticas y los derechos conquistados. La historia reciente lo demuestra: cuando el pueblo se moviliza, el imperio retrocede.

Cochabamba, febrero de 2026
José Guillermo Dalence Salinas
Ex FSTMB

* Resumen del texto «A CIEN DÍAS DE GOBIERNO», publicado en FSTMB SIDIS – INFORMA