El pasado 8 de abril, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia promulgó la Ley 157/2026, la cual autoriza al INRA la conversión “voluntaria” de pequeñas propiedades agrarias a medianas o empresariales. Ante esta situación, desde la independencia política, diferentes colectivos e individualidades nos pronunciamos denunciando el carácter central de la norma:

• Primero: El gobierno ha posibilitado la conversión de pequeñas propiedades a medianas en favor de las élites oligarcas agroindustriales y banqueros del sistema financiero, quitándole la protección a la tierra al convertirla en un activo financiero susceptible a la ejecución hipotecaria y al remate. Una clara muestra es el departamento de Santa Cruz; en él, actualmente existen 6,000 predios titulados como pequeñas propiedades ganaderas que abarcan una superficie aproximada de 2,5 millones de hectáreas, oscilando su extensión entre 50 hectáreas (si es agrícola) y 500 hectáreas (si es ganadera). Aplicando la Ley 157, se posibilita la reconcentración y consolidación del latifundio, profundizando el tráfico de tierras. En este marco, considerando además las condiciones de profunda desigualdad estructural y abandono estatal, dicha “voluntariedad” se convierte en un mecanismo sistemático de despojo y transferencia de tierras hacia sectores con mayor poder económico.
• Segundo: Posibilita el incremento de ganancias de los grandes empresarios privados, nacionales e internacionales, ligados al agronegocio. Por ejemplo, a aquellos vinculados al cultivo y comercialización de la soya (concentrado en más del 70% en el departamento de Santa Cruz), los cuales han tenido un crecimiento de casi 4000% en 30 años (1992-2022); es decir, de 57 millones a 2.240 millones de dólares. Este dinero no se queda en Bolivia, sino que es enviado a paraísos fiscales y cuentas offshore en Panamá, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas, entre otros. También beneficia a empresas transnacionales como Archer Daniels Midland–Sociedad Aceitera Boliviana (ADM-SAO), Cargill, Industrias de Aceite Fino y Gravetal. Asimismo, no se debe omitir el vínculo con el sionismo, como en los casos de MAINTER S.R.L. y AGROINCO S.R.L., ligados a Landicorp S.A. (conglomerado de la familia Landívar), autorizadas para la importación de insecticidas y herbicidas de origen israelí.
• Tercero: El trámite dura solo 10 días para la conversión de la tierra en un activo financiero, despojándola de su atributo como sistema que sostiene la vida para reducirla a un activo embargable. La ley también suspende la verificación de la Función Económica Social (FES) de la tierra por 10 años, lo cual promoverá chaqueos incontrolables, deforestación, monocultivos e incorporación de agrotóxicos. Esto desembocará en una crisis territorial y socioambiental que forzará la migración, afectando de manera particular a mujeres, niños, niñas y ancianos.
• Cuarto: Lo anteriormente descrito afectará la seguridad alimentaria y la salud de las comunidades indígenas, campesinas y de la población boliviana en su conjunto. Al no existir diversificación productiva por la proliferación del monocultivo de oleaginosas, los precios de los productos básicos se elevarán y se terminarán importando a costos mucho más altos. Es necesario subrayar que el 60% de la alimentación del país es garantizada por familias campesinas e indígenas de oriente y occidente, las cuales no han sido consultadas respecto a esta reforma; para el actual gobierno parecen ser inexistentes, pese a garantizar la soberanía
  alimentaria del país.
• Quinto: La Ley N° 157 vulnera el derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Artículo 30 de la Constitución, lo que la hace abiertamente inconstitucional. Asimismo, contraviene el Artículo 393, que establece que la tierra debe cumplir una función social, y el Artículo 394, que prohíbe el latifundio. Esta norma, por el contrario, promueve la concentración de tierras en manos de conglomerados agroindustriales.
• Sexto: De igual forma, se atenta contra el derecho a la alimentación (Artículo 16) y la protección del medio ambiente. La Ley 157 no solo responde a intereses de la agroindustria, sino que se constituye en un instrumento para la vulneración directa de los derechos de la población boliviana y del orden constitucional vigente.

En este sentido, aprobamos el presente pronunciamiento:

1. Nos solidarizamos con la lucha de los pueblos indígenas y campesinos, de tierras bajas y tierras altas, en contra de la implementación de la Ley N° 157, por ser atentatoria contra los sistemas de vida, la salud, el territorio y el medio ambiente.
2. Desde los sectores urbanos, planteamos la urgencia de medidas para la defensa de la alimentación: que se resuelva el hambre, se garantice la diversificación de la canasta familiar, se promocione la agricultura familiar indígena y se prohíba el uso de agroquímicos, así como el agio y la especulación.
3. Rechazamos toda forma de latifundio que promueva la concentración de la riqueza en favor de las élites y el capital financiero, a costa de la explotación de los bienes comunes naturales.
4. Denunciamos este retroceso y vulneración a las conquistas históricas de la defensa de la tierra-territorio impulsado por el gobierno en favor de la lógica capitalista.
5. Nos plegamos a las convocatorias y movilizaciones contra la Ley 157 convocadas por las organizaciones matrices (COB, CSUTCB, CIDOB y otras), impulsando la unidad entre trabajadores del campo y la ciudad.

¡Por el derecho a la autodeterminación, la alimentación y la defensa de la tierra-territorio!
¡Jallalla los pueblos en resistencia!