Colectivos, organizaciones sociales, partidos de izquierda, intelectuales y militantes coinciden cada vez más en una preocupación: necesitamos un programa político capaz de enfrentar la restauración neoliberal y ofrecer nuevamente un horizonte al movimiento popular. La preocupación es legítima. Pero quizás estamos buscando demasiado lejos algo que, en buena medida, ya construimos.

Ese programa está en la Constitución Política del Estado.

No porque la CPE sea un texto acabado ni porque debamos convertirla en un documento intocable. Mucho menos porque se trate de regresar al pasado. La cuestión es otra: la Constitución de 2009 contiene un proyecto de país que nunca llegó a realizarse plenamente.

El Estado Plurinacional, la soberanía sobre los recursos naturales, la economía plural, la participación y el control social, las autonomías, los derechos colectivos, la democracia comunitaria, la industrialización, el fortalecimiento de la economía comunitaria y estatal, la redistribución de la riqueza y el vivir bien forman parte de un programa constitucional cuyo alcance supera ampliamente lo realizado durante los gobiernos del Proceso de Cambio.

Este punto exige una autocrítica.

Uno de los errores fue confundir progresivamente tres cosas distintas: el Proceso de Cambio, el MAS y el Estado Plurinacional. Como consecuencia, los aciertos y errores de un partido y de sus gobiernos terminaron trasladándose a la valoración del propio proyecto constitucional.

Pero el Estado Plurinacional no pertenece a un partido.

Su genealogía viene de mucho antes y recoge diferentes vertientes de la lucha popular boliviana: las resistencias indígenas contra el orden colonial, el movimiento obrero y minero, la Revolución Nacional de 1952, la insurgencia guerrillera encabezada por Ernesto Che Guevara en 1967, el katarismo, las luchas contra las dictaduras, el movimiento campesino, la Marcha por el Territorio y la Dignidad, la resistencia al neoliberalismo, la Guerra del Agua, la Guerra del Gas, la Agenda de Octubre y finalmente la Asamblea Constituyente.

La guerrilla del Che no puede quedar fuera de esa memoria, su presencia en Bolivia dejó una huella política y moral que atravesó generaciones de militantes y organizaciones revolucionarias. Introdujo con particular fuerza una concepción de la transformación social que no se limitaba a conquistar el poder, sino que planteaba la necesidad de transformar también a quienes luchaban por una nueva sociedad.

La Constitución de 2009 fue expresión jurídica de una parte importante de esa larga acumulación histórica. El MAS gobernó durante una etapa fundamental del proceso, pero no es propietario de esa historia.

Esta distinción resulta indispensable para la nueva etapa.

Defender la CPE no significa pedir que vuelva un gobierno anterior. Significa recuperar un proyecto histórico y preguntarnos cuánto de él realmente construimos.

Porque nacionalizar no era suficiente si permanecíamos dependiendo de la exportación de materias primas. Redistribuir el excedente no bastaba si no transformábamos profundamente la estructura productiva. Incorporar dirigentes sociales al aparato estatal tampoco equivalía necesariamente a construir poder popular. Reconocer constitucionalmente la participación y el control social no garantizaba su ejercicio efectivo.

Quizás allí estuvo una de nuestras mayores debilidades: una parte importante de la fuerza acumulada por la sociedad terminó trasladándose hacia el Estado.

Dirigentes se convirtieron en autoridades, cuadros políticos pasaron a la administración pública y organizaciones sociales establecieron relaciones cada vez más estrechas con el Gobierno. En demasiados casos, la relación entre organización social y Estado dejó de construirse alrededor de la transformación política y comenzó a organizarse mediante cargos, cuotas, proyectos, beneficios y espacios de poder.

El problema no fue que trabajadores, campesinos e indígenas ingresaran al Estado. Esa presencia constituía una conquista histórica. El problema apareció cuando ocupar el Estado comenzó a sustituir la tarea de transformar el Estado; cuando la representación social se convirtió en intermediación para obtener beneficios y cuando algunos dirigentes terminaron administrando pequeñas parcelas de poder en nombre de organizaciones cuya capacidad crítica y autonomía se debilitaban.

Sería un grave error reconstruir ahora el movimiento popular reproduciendo esas relaciones.

No necesitamos recuperar las antiguas canonjías -prebendas- ni reconstruir un sistema de lealtades basado en beneficios materiales. Necesitamos organizaciones capaces de defender un proyecto incluso cuando hacerlo no produzca cargos, contratos, privilegios ni reconocimiento desde el poder.

Aquí aparece una cuestión que la izquierda no puede seguir considerando secundaria: la dimensión moral de la política.

El Che comprendió que una revolución no podía sostenerse únicamente modificando relaciones económicas. Necesitaba producir también una nueva conciencia. De ahí su insistencia en los estímulos morales frente a una concepción de la conducta humana organizada exclusivamente alrededor de recompensas materiales.

No se trata de trasladar mecánicamente aquella experiencia a la Bolivia actual. Se trata de recuperar una pregunta que conserva toda su vigencia: ¿qué clase de seres humanos y qué clase de relaciones sociales estamos construyendo mientras pretendemos transformar la sociedad?

No puede existir poder popular si la política se convierte en mecanismo de ascenso personal. No puede construirse una sociedad solidaria mediante organizaciones gobernadas por el prebendalismo. No podemos combatir una economía fundada en el interés individual mientras nuestra propia práctica política termina organizada por la búsqueda de beneficios particulares.

Por eso la nueva hegemonía necesita también una moral.

Una ética del servicio y no del privilegio; de la responsabilidad colectiva y no de la cuota; de la consecuencia entre aquello que proclamamos y aquello que hacemos. La austeridad, la solidaridad, el trabajo voluntario, la rendición de cuentas y la defensa de lo público deben dejar de ser referencias ceremoniales para convertirse nuevamente en criterios concretos de conducta política.

La cuestión es particularmente importante porque hoy pagamos las consecuencias de haber debilitado esa dimensión.

Un cambio de gobierno puede modificar políticas públicas, desmontar instituciones, abrir los recursos naturales al capital transnacional o intentar cambiar el modelo económico cuando no existe una fuerza social suficientemente organizada, consciente y moralmente cohesionada para convertir determinados principios constitucionales en límites políticos infranqueables.

Por eso esta nueva etapa no puede plantearse simplemente como la recuperación del Gobierno. La tarea es mucho más profunda: reconstruir poder popular.

Y aquí la Constitución vuelve a mostrarnos un camino.

La CPE establece que la soberanía reside en el pueblo y reconoce no solamente la democracia representativa, sino también la democracia directa, participativa y comunitaria. Reconoce el control social, las distintas formas de propiedad, los derechos colectivos y la propiedad del pueblo boliviano sobre los recursos naturales.

Tomados en serio, estos principios contienen una concepción radicalmente democrática del poder.

También permiten superar falsas disyuntivas.

No tenemos que escoger entre neoliberalismo y burocratismo estatal. La economía plural constitucional permite pensar otra articulación entre empresa pública, economía comunitaria, cooperativas, pequeños productores y actividad privada subordinada al interés colectivo.

La contradicción fundamental no está entre Estado y empresa privada. Está en quién controla las decisiones fundamentales de la economía, quién se apropia del excedente y para qué se utiliza.

Lo mismo ocurre con nuestros recursos naturales.

El problema no consiste solamente en determinar jurídicamente quién posee el gas, el litio, los minerales o las tierras raras. Debemos preguntarnos quién los explota, quién los industrializa, quién controla la tecnología, quién obtiene las ganancias y qué queda finalmente para Bolivia.

Eso obliga también a superar el viejo modelo extractivista.

El horizonte debería ser otro: recurso natural, propiedad social, industrialización, conocimiento, tecnología, empleo, excedente y bienestar colectivo.

Ese programa está, en sus fundamentos, en la CPE.

Por eso tampoco necesitamos construir nuestra unidad alrededor de un nuevo caudillo.

Primero necesitamos acordar qué país queremos construir. Después tendremos que encontrar las formas organizativas y los liderazgos capaces de llevar adelante ese programa.

Invertir nuevamente ese orden sería repetir uno de nuestros errores.

Existe hoy un amplio campo popular fragmentado. Organizaciones indígenas y campesinas, trabajadores, sectores urbanos, colectivos, jóvenes, mujeres, profesionales, intelectuales, pequeños productores, cooperativistas, militantes de diferentes partidos y ciudadanos que incluso se alejaron del MAS pero que no renunciaron a la soberanía nacional ni a las conquistas sociales.

Entre nosotros existen diferencias reales.

Sobre Evo Morales. Sobre el MAS. Sobre los gobiernos anteriores. Sobre responsabilidades por la derrota. Sobre candidaturas. Sobre formas organizativas. Sobre estrategias electorales. Incluso sobre el significado que tuvo el propio Proceso de Cambio.

No resolveremos esas diferencias mediante declaraciones llamando a la unidad.

Y quizás tampoco necesitemos resolverlas todas para comenzar.

Existe un territorio común construido durante décadas de luchas populares y expresado en buena medida en la Constitución de 2009.

Defender los recursos naturales. Impedir su entrega a las transnacionales. Defender las empresas estratégicas. Recuperar soberanía económica. Industrializar Bolivia. Garantizar derechos sociales. Profundizar la democracia participativa. Hacer efectiva la plurinacionalidad. Fortalecer las economías comunitarias y productivas. Recuperar el control social y devolver a la sociedad organizada capacidad efectiva de decisión sobre el Estado.

Pero debemos agregar algo después de nuestra propia experiencia: hacerlo con una práctica política distinta. Sin convertir nuevamente al Estado en botín, sin intercambiar conciencia por beneficios, sin organizaciones subordinadas al gobierno de turno y sin dirigentes que confundan representación popular con privilegio personal.

Podemos empezar por ahí.

La unidad que necesitamos quizás no nazca de conseguir que todos pensemos igual ni de encontrar inmediatamente una nueva sigla que nos contenga.

Puede construirse de otra manera: superando todo aquello que nos divide y haciendo juntos todo aquello que nos une.

Y “hacer” significa estudiar juntos, debatir, organizar, formar, comunicar, proponer, controlar, resistir y movilizarnos alrededor de objetivos concretos. Significa también comenzar a practicar hoy los valores de la sociedad que pretendemos construir mañana.

Si comenzamos a hacer juntos aquello en lo que ya coincidimos, la unidad dejará de ser una consigna repetida en encuentros y ampliados para convertirse en una experiencia política.

Entonces quizá descubramos algo todavía más importante.

El programa político que buscamos no tiene que ser inventado desde cero. El pueblo boliviano tardó décadas en construirlo y logró convertir buena parte de él en Constitución.

Tampoco necesitamos restaurar las estructuras, los privilegios y las prácticas que terminaron debilitando ese proyecto.

Nuestra tarea histórica no consiste en regresar al pasado.

Consiste en recuperar lo mejor de nuestras luchas, aprender de nuestros errores y cumplir lo que todavía quedó pendiente.